El 1 de setiembre Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color, estará sentada por segunda vez en el banquillo de los acusados en el marco del segundo juicio oral por difamación, calumnia e injuria promovido por la exviceministra de Tributación Marta González y el abogado Jacinto Santa María. Foto: Christian Meza.
En setiembre Natalia Zuccolillo estará sentada por segunda vez en el banquillo de los acusados
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En el marco de la segunda querella por calumnia y difamación promovida por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala y el abogado Jacinto Santa María contra la directora de Abc Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, por acusaciones falsas publicadas contra los mismos, el juez de Sentencia Juan Carlos Zárate fijó para el 1 de setiembre el inicio del segundo juicio oral para la directora del citado medio de comunicación.
El magistrado de sentencia Zárate hizo lugar al recurso de reposición presentado por la querella y adelantó el comienzo de la audiencia oral que estaba fijada para febrero del próximo año.
Las querellas fueron motivadas por nuevas publicaciones realizadas en el mes de marzo del 2021, en las que el diario Abc Color acusó repetidamente a ambos, con gran destaque en tapas del diario, de haber cometido actos de despojo de inmueble en perjuicio de un poblador de la Compañía Mbatoví del distrito de Paraguarí.
Esta acusación fue desvirtuada por los mismos mediante la presentación del título de propiedad, y de una sentencia judicial firme, que lleva el N° 305 del 22 de noviembre del 2019, dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraguarí, Nancy Cabrera, que avala la legitimidad de la actuación de ambos en defensa de sus derechos sobre la propiedad que adquirieron en el 2007.
Juicio oral
Este miércoles, a las 12:30, prosigue el primer juicio oral y público para Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y del periodista Juan Carlos Lezcano, quienes están siendo juzgados por difamación, calumnia e injuria, acción judicial que presentó la exviceministra de Tributación Marta González Ayala.
El juez del presente juicio es Wilfrido Peralta, quien tendrá que evaluar las pruebas que se presentarán en el presente caso y dictar una sentencia de primera instancia.
Veneratio: Fiscalía acusa y pide juicio oral para integrantes del Clan Rotela
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El Ministerio Público presentó acusación contra Armando Rotela y otros 8 integrantes de la agrupación criminal denominada como “Clan Rotela”, por el amotinamiento que fue organizado este grupo, quienes eran internos de la penitenciaría de Tacumbú en ese momento, mientras se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre del 2023.
Además de realizar la acusación, los agentes Fátima Girala y Marcial Machado, los que llevan a cabo esta investigación, solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, eleve la causa a juicio oral y público a estas nueve personas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley “de Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.
Los otros integrantes del Clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.
De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del primer anillo del clan Rotela, para resistirse a intervenciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molotov e incluso dinamita en gel. “La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.
Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organización criminal además de caracterizarse por su capacidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado, es señal de pertenencia, y el lema “vencer o morir”, forma parte del código interno que manejan para comunicarse.
“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas personas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.
Motín organizado por el clan causó zozobra, dentro y fuera de Tacumbú, afirma la Fiscalía. Foto: Jorge Jara
El hecho
Durante el desarrollo de Veneratio, operativo por el cual las fuerzas de seguridad ingresaron a la penitenciaría con el objetivo de tomar control total del recinto, los integrantes del Clan Rotela propiciaron el ataque hacia agentes policiales, desde el momento de su arribo al penal, utilizando como logística todo tipo de armas de fuego, armas blancas, explosivos, y el implemento de barricadas desde el acceso a la cárcel hasta el último pabellón.
Todo esto tenía el objetivo de producir disparos y heridas en defensa de los ideales del clan y así evitar que los líderes sean recapturados. Es así que el líder, (Armando Rotela), junto con sus demás miembros realizó la distribución de los roles en la noche madrugada del día del motín, ya que la información se había filtrado.
“La conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron. Además, no existen indicios que hagan presumir la existencia de algún tipo de trastorno”, sentencia el documento de la Fiscalía.
ABC News pagará a Trump USD 15 millones por difamación
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El medio estadounidense ABC News pagará 15 millones de dólares para resolver una demanda por difamación interpuesta por el presidente electo, Donald Trump, según documentos judiciales presentados ayer sábado. La demanda surgió por cuenta de unos comentarios en vivo del presentador George Stephanopoulos, quien dijo que Trump fue declarado “responsable de violación” durante una entrevista con la congresista Nancy Mace, que se emitió en marzo.
Los términos del acuerdo requieren que ABC News haga una donación de 15 millones de dólares a un fondo dedicado a “una fundación presidencial y a un museo” para Trump. ABC News y Stephanopoulos también deberán disculparse públicamente y la cadena pagará un millón de dólares adicional en honorarios de abogados.
El caso se resolvió un día después de que la jueza Lisette M. Reid solicitara a Trump y a Stephanopoulos su declaración. Trump fue hallado responsable de abuso sexual -una agresión diferente a la violación, según la ley de Nueva York- en un caso de 2023 presentado por la escritora E. Jean Carroll. El acuerdo marca la más reciente victoria legal de Trump desde que ganó las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El mes pasado, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó los cargos por su supuesto mal manejo de documentos clasificados al salir de la Casa Blanca.
El fiscal especial de Estados Unidos, Jack Smith, también detuvo un segundo caso federal relacionado con los intentos de Trump por modificar los resultados de las elecciones de 2020, aunque el republicano enfrenta cargos por extorsión sobre el mismo tema en un caso de Georgia. Además, tras la condena de mayo que pesa sobre Trump en el caso del pago para comprar el silencio de una exactriz porno, el juez Juan Merchan pospuso indefinidamente la sentencia.
EL juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el funcionario de la Dinac, Wilfrido Miguel Roa Esquivel, procesado por delitos relacionados al tráfico de cocaína. Foto: Archivo
Funcionario de la Dinac enfrentará juicio oral y público por narcotráfico
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El funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Wilfrido Miguel Roa Esquivel, procesado por delitos relacionados al tráfico de cocaína, y quien formaría parte de un esquema que se dedica al envío de cocaína vía Aeropuerto Silvio Pettirossi enfrentará un juicio oral y público. Así resolvió el juez Osmar Legal quien elevó el caso a una audiencia oral. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
El presente caso tiene relación con la introducción de una maleta con 19,4 kilogramos de cocaína en un contenedor de equipajes de aeropuerto.
La Fiscalía presentó una acusación contra un grupo de funcionarios y empleados vinculados al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por su presunta participación en un esquema de tráfico internacional de drogas. El caso se centra en la introducción de maletas contaminadas con cocaína en vuelos comerciales con destino a Europa, utilizando su acceso y conocimiento del funcionamiento del aeropuerto para tal fin.
De acuerdo con la Fiscalía, los acusados, entre ellos Wilfrido Miguel Roa Esquivel y otros funcionarios de la Dinac y de la empresa Longport, aprovecharon sus cargas y accesorios privilegiados para facilitar el envío de una maleta que contenía 19,4 kilogramos de cocaína. Esta sustancia fue descubierta en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas el 26 de febrero de 2023.
Según la acusación, estos funcionarios realizaron desvíos de contenedores previamente escaneados para introducir en ellos maletas contaminadas con cocaína. Este acto ocurrió en zonas restringidas del subsuelo del aeropuerto. Roa Esquivel utilizó su carnet de acceso para ingresar al área restringida, pese a no estar asignado a funciones ese día.
El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para seis personas detenidas por el operativo Dakovo, que desarticuló una red de personas ligadas al trafico de armas. Foto: Archivo
Operativo Dakovo: acusan a seis personas y piden juicio oral y público
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Los fiscales anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Luis Said, presentaron acusación contra seis personas investigadas en el marco del operativo “Dakovo”, que desbarató un esquema de presunto tráfico internacional de armas entre Paraguay y Brasil. El Ministerio Público peticionó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Los acusados por la Fiscalía son Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano y Victorino Gómez Paredes. En esta causa también está procesado Diego Hernán Dirisio, presidente de la firma International Auto Supply S.A.
Los datos del caso señalan que los investigadores iniciaron las pesquisas debido a sospechas de que la empresa paraguaya llamada International Auto Supply S.A., supuestamente estaría vinculada a la importación de una importante cantidad de armas de fuego y componentes de la empresa HS Produkt, de la República de Croacia, armas de fuego que luego fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil y que estarían siendo destinados al comercio ilegal.
Para el Ministerio Público está claro que el general retirado Orué Roa prestó servicios desde nuestro país a la organización criminal liderada por Dirisio, para el tráfico internacional de armas durante los años 2019 al 2021. Utilizó su influencia como director de DIMABEL para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando, desde requisitos de importación de armas, gestiones que presuntos compradores debían realizar ante el organismo y pedidos de informes que se requería a IAS, todo a cambio de regalos y de pagos, y promesas de pagos de beneficios.
Por su parte, Fines Ventura es miembro de la asociación criminal liderada por Dirisio, e intervino en nuestro país en tareas tendientes a concretar el tráfico de armas de fuego con destino a Brasil, entre los años 2019 y 2021. El mismo intervino en varias ocasiones para concretar ventas a personas afincadas en Brasil y Paraguay, gestionando para el efecto supuestas ventas de armas a paraguayos, que no eran los compradores reales.
Además, Fines Ventura realizó gestiones ante escribanos y directores y funcionarios de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), a fin de que los funcionarios respondan a sus pedidos y realizó pagos y promesas de beneficios, así como entrega de regalos a dichos funcionarios, todo ello a instancias de Dirisio.