El Ministerio Público hizo una aclaración sobre publicaciones periodísticas referentes al Operativo A Ultranza Py con relación a una nota remitida por el Comando Tripartito donde se señala que el documento recibido en la Unidad de Crimen Organizado llegó el 4 de mayo del 2021 y solo se hacía referencia sobre la necesidad de abrir una causa de investigación con relación a una estructura criminal conformada por un clan familiar, mencionando algunos nombres que pudieran estar vinculados, por lo que se realiza inmediatamente la apertura de la causa penal.
Según el informe de la Fiscalía, la nota da cuenta del inicio de la investigación, la cual lleva su tiempo y debe ser aportada con elementos objetivos. Los elementos que iban aportando solo reproducían actividades cotidianas, encuentros y determinaban las relaciones entre los investigados. No sobre conductas penales o que permitieran incautar alguna carga de droga u otro elemento penalmente relevante, refiere el Ministerio Público.
En el tiempo señalado hasta setiembre del 2021, el Comando Tripartito no arrimó, ni solicitó operativizar y tampoco solicitó otras diligencias investigativas como ser allanamientos. Por tanto, el avance de cualquier investigación está sujeto a dicha operatividad. La unidad penal dio curso a todos los pedidos de diligencias solicitados por inteligencia: ya sea a telefonías y los oficios correspondientes fueron remitidos a la telefonía cuya contestación fue compartida con ellos.
En diciembre, el fiscal Lorenzo Lezcano solicitó nuevamente un reporte sobre el avance de las investigaciones dejando constancia en la carpeta de todas las informaciones recibidas. Durante ese plazo, para esa fecha de tiempo en la causa llevada adelante no era clara la relación entre las partes mencionadas y no existía tampoco pendiente algún pedido de detención solicitado por el trabajo de inteligencia. Por tanto, la supuesta afirmación contra la unidad fiscal referida no condice con el tiempo y la forma en que transcurre la investigación y solo busca confundir a la ciudadanía, incluso a costa de poner en riesgo la vida de los fiscales intervinientes con la exposición de investigaciones sobre crimen organizado.
Del mismo modo, deja en claro que las labores fueron realizadas con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento de Sebastián Marset y su familia.