Este miércoles, los agentes fiscales anticorrupción Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz presentaron acusación contra dos policías por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y por alteración de datos relevantes para la prueba. Los representantes del Ministerio Público solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral.

Se trata del suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, ambos son sindicados como responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición.

El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado en el que murieron dos personas durante un festival que se desarrollaba en la ciudad de San Bernardino en enero de este año.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero del 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio Nº 4, de fecha 27 de diciembre del 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías Nº 9 de Asunción, Abg. Elio Rubén Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

Seguidamente, en fecha 4 de enero del 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional (PN), a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la PN lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a la causa, el dato de “detención con fines de extradición”, y, en el campo correspondiente a estado, el dato de “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero del 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la PN, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “Nº 4 de fecha 27 de diciembre del 2018″ a “Nº 1.206 de fecha 12 de diciembre del 2019″; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

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Luego, en fecha 20 de mayo del 2020, nuevamente “ayalaf” ingresó a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente; además, en el campo de sentencia consignó “AI 1185″.

En tanto que en fecha 28 de agosto del 2020, el mismo suboficial superior ingresó por última vez a la misma ficha, modificando y volviendo a los datos originales; es decir, “nota Nº 4 de fecha 27 de diciembre del 2018; juez Elio Rubén Ovelar Frutos; estado detención preventiva-captura”.

Mientras que en fecha 23 de abril del 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota Nº 212 de fecha 20 de abril del 2021″; la causa a: “Incumplimiento del deber legal alimentario”; la sentencia “AI 644″; la situ “E” (significa extinción de la acción); las observaciones “homologar acuerdo conciliatorio-extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006″; y el estado “antecedentes”.

Igualmente, en la misma fecha, 23 de abril del 2021, este mismo operador “vargasr” modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a “N” (que significa nulidad).

Finalmente, ya al día siguiente del atentado, en fecha 31 de enero del 2022, el suboficial inspector con el usuario “vargasr” ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota Nº 4 de fecha 27 de diciembre del 2018; causa Nº 546-2018; juez Elio Rubén Ovelar; causa incumplimiento del deber legal alimentario (mantuvo carga anterior); estado detención preventiva con fines de extradición”.

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En dicha fecha, el operador “vargasr” ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de “incumplimiento del deber legal alimentario” a “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

De esta manera, el suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la PN al día siguiente del hecho de homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en San Bernardino, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.