La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, realizó este jueves la entrega de certificados del Programa de Formación en Mediación y Negociación del Ministerio Público. El acto tuvo lugar en el salón auditorio de la sede central, de acuerdo al informe de la propia institución.
Quiñónez felicitó a los participantes y los exhortó a seguir trabajando en la solución de salidas rápidas de justicia y comunicación con la sociedad. Acotó: “Agradezco el interés de formar parte de esta primera fase de una visión compartida. Estamos convencidos de que el Ministerio Público es un pilar fundamental para la sociedad y por ello es que estamos comprometidos a buscar herramientas que nos ayuden a dar mejores respuestas en tiempo y forma”.
Agregó que: “Una de estas herramientas a la que hoy nos abocamos es la mediación, en el Plan Nacional de Justicia Restaurativa del Ministerio Público, dentro de la política de gestión de esta administración. Con una atención más humana, soluciones estructurales con criterios de priorización hacia la ciudadanía y con una participación más activa”.
Por su parte, la coordinadora del Programa del Centro de Mediación Fiscal, Martha Rivas, resaltó la importancia de esta capacitación, puesto que el 75% de los casos que van a mediación llega a un acuerdo. “De esta manera, se descomprime el sistema penal, además de la economía procesal y economía de recursos”, dijo.
El Plan Nacional de Justicia Restaurativa fue implementado dentro de la Política de Acceso a la Justicia de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a través de la instalación del Centro de Mediación Fiscal, el Programa de Formación de Mediadores y el Programa de Formación Ciudadana para generar canales de comunicación con la sociedad.
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Exjueza civil Tania Irún enfrentará juicio oral por prevaricato
La exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, enfrentará un juicio oral y público por el delito de prevaricato por haber entregado de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín. Así lo resolvió el juez Osmar Legal, luego de realizarse la audiencia preliminar en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo realizar el juicio oral a Irún.
Legal, luego del estudio pertinente, rechazó el incidente de la defensa de Irún, quien pretendía obtener el sobreseimiento definitivo y admitió la acusación del Ministerio Público, elevando el presente caso a un juicio oral y público.
La exjueza está acusada por prevaricato y fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Acusación fiscal
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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Recuerdan importancia de adquirir extintores con sello de calidad del INTN
Para que esté garantizada la seguridad y efectividad de los extintores, estos deben estar certificados y regulados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), ya que son muchos los peligros que uno puede enfrentar al adquirirlos sin el sello de calidad, manifestó a La Nación/Nación Media, Felipe López Moreira, directivo de la Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial (Capasi).
“El extintor es el primer elemento que uno tiene a mano para extinguir el inicio de un fuego. Si vos comprás de manera informal de lugares que no cumplen con las exigencias del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el INTN, entonces estos aparatos no son fiables y pueden estar corroídos”, explicó López Moreira a LN.
Recordó que días atrás ocurrió un siniestro donde al querer utilizarse un extintor este explotó. Fue en una empresa donde trabajaban de manera informal, y por no haberse utilizado los elementos adecuados y garantizados, una persona casi falleció.
Dijo que estas herramientas no calificadas pueden ocasionar un daño al intentar utilizarlas porque tiene una presión de nitrógeno para pulsar el polvo, por lo que se debe tener cuidado con la manipulación. Sostuvo que ellos están trabajando para poder concientizar sobre esto.
“Nosotros, a través de la Capasi, hace más de 20 años que estamos peleando para concientizar sobre esto. Seguimos colaborando con normas internacionales para que nosotros, Paraguay, podamos adecuarnos y brindarles mayor seguridad a los que solicitan este servicio. Pero la falta de control hace que proliferen empresas de este tipo sin ofrecer garantías”, precisó.
Mencionó que las regulaciones para la venta de extintores están en manos del INTN y Ministerio de Industria. El instituto es el encargado de inspeccionar a quienes quieran vender los extintores, tienen que controlar que se tengan los insumos e instalaciones correspondientes, las medidas de seguridad, con un examen previo.
“Si pasás este examen y ahí te certifican por un año, cada año tiene que renovarse esto. Y ahí podés trabajar legalmente y exigir los vencimientos y las etiquetas que ven en el INTN para que vos puedas utilizar en tu equipo, que es la garantía del sello de calidad”, expresó.
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Ola de ataques contra Tesla es calificada como “terrorismo interno”
- Washington, Estados Unidos. AFP.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sostuvo que una reciente ola de ataques al fabricante de automóviles eléctricos Tesla, propiedad del aliado clave de Donald Trump, Elon Musk, califica como “terrorismo interno”, y prometió imponer penas severas a los responsables. “La serie de ataques violentos en la propiedad de Tesla es nada menos que terrorismo interno”, dijo Bondi en un comunicado el martes por la noche.
Bondi afirmó que el Departamento de Justicia “ya ha acusado a varios implicados con eso en mente, incluso en casos que involucran cargos con sentencias mínimas obligatorias de cinco años”. “Continuaremos las investigaciones que imponen severas penas a los implicados en estos ataques, incluidos los que operan tras bastidores para coordinar y financiar estos crímenes”, agregó.
Bondi hizo sus declaraciones luego del más reciente incidente, un incendio en un taller especializado de Tesla en Las Vegas que dañó cinco vehículos, según la policía de la ciudad. “Al llegar los agentes, localizaron varios vehículos envueltos en llamas y la palabra ‘Resistir’ pintada con aerosol en el edificio”, declaró la policía. Musk también compartió un video del incendio de Las Vegas en su plataforma de redes sociales X, calificándolo de “terrorismo interno”.
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“Tesla solo fabrica autos eléctricos y no ha hecho nada para merecer estos atroces ataques”, escribió. Musk, la persona más rica del mundo, invirtió más de 270 millones de dólares en donaciones para la campaña presidencial de Trump el año pasado. El multimillonario fue nombrado por el mandatario republicano para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar drásticamente el gasto público.
Desde entonces, se ha embarcado en el desmantelamiento de varias agencias gubernamentales, a las que acusa de fraude y gestión descontrolada, dejando sin trabajo a miles de funcionarios. En las últimas semanas, varios vehículos, concesionarios y estaciones de carga de Tesla fueron vandalizados en Estados Unidos y Europa.
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Una estación de carga de Tesla en el estado estadounidense de Massachusetts fue incendiada intencionalmente a principios de marzo, según informaron las autoridades, mientras que en Colorado la policía declaró el mes pasado haber arrestado a una mujer por vandalizar un concesionario con artefactos incendiarios. Trump expresó su apoyo a Musk la semana pasada, al afirmar que los responsables serían capturados y “pasarían por un infierno”.
El valor bursátil de Telsa se ha desplomado desde diciembre. Y algunos propietarios en Estados Unidos incluso han colocado pegatinas en sus autos diciendo que los compraron “antes de saber que Elon estaba loco”. Esta semana, el Salón del Automóvil de Vancouver, Canadá, retiró a Tesla de su programación. Según su director, Eric Nicholl, se trata de razones “puramente de seguridad” y no políticas.
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Fiscalía podrá presentar acto conclusivo pese a la recusación de la defensa, sostiene Preda
El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.
El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.
Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.
Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.
Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.
“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.
Código Procesal Penal
Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.
“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.
Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.
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