Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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En el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de 18 nuevos defensores públicos. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el vicepresidente primero, Gustavo Santander Dans; el vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón; y el ministro, César Diesel, además del defensor general Javier Esquivel. Las designaciones fueron realizadas mediante los decretos N.º 2975, 2976 y 2977, aprobados en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente año.

El titular de la máxima instancia judicial Benítez Riera instó a ejercer sus funciones con compromiso y dedicación, destacando la relevancia de su labor para garantizar un sistema de justicia accesible y equitativo. “Que este camino les sirva para seguir creciendo intelectualmente, así como también espiritualmente”, expresó el ministro Benítez Riera.

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Los nuevos defensores públicos que juraron en la fecha son: María Patricia Villalba, quien prestará servicio en la Circunscripción Judicial de Boquerón; Milagro Cynthia Fabiana Duarte Ayala, defensora pública de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete, defensora pública para Caaguazú, Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson, defensor público de Caaguazú, y Sheila Beatriz Duarte Romero, procuradora de Pobres y Ausentes, defensora del Menor.

La lista sigue con Ruth María Antonella Báez Paiva, defensora pública en lo Penal de Asunción; Rafael Antonio Leiva Falcón, defensor público en lo Laboral de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón, defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital, y Silvana María Delgadillo Vester, defensora pública en lo Tutelar del Menor de la Capital.

Igualmente juraron Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez, defensora en lo Correccional del Menor, Circunscripción Judicial de la Capital; Ricardo José Candia Vera, defensor público del Fuero Penal de Asunción; José Luis Roa Ayala, defensor público para Luque, Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández, defensora pública para Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, y Fernando Luis Alberto Benítez Martínez, defensor público para Pedro Juan Caballero y otros.

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Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Antolín Vega Florentín, violador serial, recibió su tercera condena y son otros 12 años de prisión, por coacción sexual, violación y robo agravado. El fiscal Osvaldo Zaracho defendió la acusación en el juicio oral que culminó ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

El Tribunal de Sentencia, presidido por Flavia Lorena Recalde e integrado por Emilia Santos y Milciades Ovelar, dictó otros cuatro años como medida de seguridad, además del fallo de 12 años. La fiscalía había solicitado 20 años de condena y 5 años de seguridad. Las dos condenas anteriores fueron de 10 y 20 años, por otras causas.

La causa juzgada tiene que ver con el modo de operación del violador citado. Utilizaba un perfil falso en redes sociales para captar a mujeres con interés de trabajar y luego someterlas. Antolín se hacía pasar por una mujer que supuestamente ofrecía trabajo a las jóvenes.

De esa manera, engañaba a las víctimas y una vez que concertaban los encuentros, llegaba al sitio en moto para luego trasladarlas supuestamente al lugar de trabajo. Pero, desviaba el camino para robar y violar a sus víctimas.

En esta ocasión, otra vez utilizando un perfil falso en Facebook, Vega Florentín se puso en contacto con su nueva víctima haciéndose pasar por “Luana” y buscando contratar supuestamente a tres mozos para un evento social. Como la afectada buscaba trabajo, decidió acordar un encuentro con esta persona, sin saber lo que le esperaba.

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Luego, el 24 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 19:10, Antolín acudió al lugar pactado para el encuentro, en la terminal interurbana de Ciudad del Este, a bordo de una motocicleta marca Kenton, tipo enduro, color negro, con chapa 420 CBO.

Al llegar al sitio acordado, Antolín le dijo a la joven que venía de parte de “Luana” y le pidió que subiera a su motocicleta, para trasladarla supuestamente al lugar del evento. En el trayecto, Vega ingresó a la Fracción Carmelita del Este, del km 9 ½ Acaray, a 800 metros de la Ruta PY02. Allí detuvo la moto frente a un patio baldío, debajo de un árbol de mango.

Luego, sujetó a su víctima desde atrás con un cuchillo grande, utilizado para pesca, y le advirtió que se mantuviera en silencio y no hiciera nada, despojándola de su teléfono celular. Acto seguido la golpeó con el mango del cuchillo, le cortó la ropa interior, la pateó en la pierna izquierda y la tiró al suelo, obligándola a arrodillarse.

La presionó varias veces su espalda con el pie mientras le decía: “Una mujer como vos nunca le va a hacer caso a alguien como yo”, y “una mujer con tu cutis no va a hacer caso a gente como yo, pero cuando están en el suelo ya no son nada especial”. Le advirtió que no hiciera ningún ruido, porque si no, le cortaría la lengua con el arma que sostenía.

La sometió sexualmente a la joven y después le dijo que contaría hasta diez para que desapareciera del lugar, amenazándola con matarla si volvía a encontrarla. Ante esta situación, la víctima salió corriendo, pidió auxilio a un vecino antes de radicar su denuncia en la sede policial.

Posteriormente, en el marco de otros hechos similares, Antolín Vega Florentín fue detenido y juzgado en dos juicios orales previos, que resultaron en condenas de 10 y 20 años de prisión. Ahora recibió su tercera condena.

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