Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

Te puede interesar: Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado

Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

Podes leer: Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación

Este jueves, desde el Ministerio de Salud respondieron al pedido de la madre de una niña con Atrofia Muscular Espinal (AME) y confirmaron que, tanto el medicamento como los insumos, serán provistos para su tratamiento. Familiares de la paciente se estaban manifestando frente a la institución y amenazaron con llevarse a la pequeña.

Esta mañana, Ana Duarte, junto con otros familiares, llegó hasta el ministerio para solicitar una vez más que puedan ofrecer el tratamiento que requiere su pequeña, para que pueda tener una mejor calidad de vida. La niña fue diagnosticada con AME a los tres meses y ahora tiene 3 años; hasta el momento, no han tenido respuesta para su medicación.

“Mi hija tiene tres años y está conectada a un respirador. Hace un año y ocho meses que salimos del hospital, está con el respirador en casa. Recurrimos a un amparo judicial y fue favorable para mi hija en el mes de junio y hasta ahora no tenemos respuesta”, detalló la mujer, en “Arriba Hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Te puede interesar: Detienen a una mujer acusada de matar a su tía a machetazos

Unos minutos después de la transmisión del programa, la mujer recibió la llamada del Ministerio de Salud y también del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Le confirmaron que un equipo está realizando las gestiones para que su hija acceda a la medicación y a los insumos que requiera para su tratamiento. La pareja gasta al menos G. 6 millones mensuales para su niña.

“Me llegó el insumo el mes pasado en el Hospital de Acosta Ñu y este mes ya no llegó. No se hizo el proceso o si no debía retirarlo cada mes. Siempre me dicen que está encaminado y no hay solución. Los gastos en insumos son todos los meses, no como ellos piensan, un mes sí y otro no”, confirmó.

Leé también: Piden reforzar seguridad tras atraco a banco en Naranjal

El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.

La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.

Leé también: Fiscalía acusó y pidió juicio oral para el pastor José Insfrán Galeano

De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Te puede interesar: Detienen a una persona por contar con orden de captura por estafa

El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

Leé también: Servicio civil: Sitrande dice que no hay objeciones y que los “reclamos se han corregido”

Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

Te puede interesar: “No queremos ser obstacularizadores”, dicen desde el Colegio de Escribanos sobre el RUN