La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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En el marco del operativo liderado por la Policía Federal del Brasil denominado “Pó de Serra”, que contó con la colaboración estrecha de los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se llevaron adelante varios allanamientos e incursiones en el territorio nacional que condujeron a la detención de líderes paraguayos involucrados en el esquema internacional de tráfico de drogas.

Gracias a esta colaboración interinstitucional, en el periodo de un año se realizaron 11 incautaciones de drogas que totalizaron alrededor de una tonelada de cocaína para exportación, que iba de Paraguay a Brasil. Parte de esta droga se vendía en ambos países, y otra parte tenía como destino Europa, saliendo a través de puertos marítimos en la región sur de Brasil.

Luego de un trabajo de seguimiento y reconocimiento de los integrantes de esta organización, los cuales serían varios en ambos países, dos fueron ubicados y detenidos en Paraguay, se trata de la pareja compuesta por Derlis Francisco Rivas Benítez y Liz Floria Alverico Alfonso, quienes serían los líderes del esquema en territorio nacional. Los mismos fueron capturados este jueves pasado mientras se hospedaban en un hotel de la localidad de La Paloma, en Canindeyú.

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El objetivo principal de las autoridades brasileñas es descapitalizar a la organización criminal, por lo que se determinó el embargo de los varios inmuebles en Brasil, además del congelamiento de cuentas vinculadas a 31 personas investigadas por un valor superior a 69 millones de dólares, eso sin contar el importante golpe que significaron las incautaciones realizadas durante el procedimiento.

En el territorio paraguayo se llegó a incautar un total de 17 cajas de 20 cartuchos, 52 cartuchos de 9 milímetros, 58 cartuchos de 2.23 milímetros, 17 cartuchos de calibre 12, 2 escopetas calibre 12 con 4 cargadores; dos para cada escopeta, dos máquinas contadoras de billetes y 2 cargadores de 9 milímetros.

Mientras que de los procedimientos en el territorio brasileño se logró incautar 44 vehículos, entre ellos camionetas y automóviles, 2 embarcaciones, 14 armas de diferentes calibres, 684 municiones, también de diferentes calibres, dinero en efectivo en diferentes monedas, drogas y joyas.

En la investigación se descubrió que los conductores reclutados por el grupo criminal transportaban la droga desde Pedro Juan Caballero, bajando hasta la región de Katueté e ingresando por la carretera brasileña que atraviesa las ciudades de Amambay, Tacuru y Sete Quedas, así como en Mato Grosso del Sur.

Dentro de Paraguay, los delincuentes decidían si regresaban a Brasil en la región de Guaíra o en Foz do Iguazú, en Paraná. El destino de la droga incluía varias ciudades brasileñas, entre ellas: Umuarama, Maringá y Curitiba, además de ciudades ubicadas en Santa Catarina como Balneário Camboriú, Itajaí y Joinville. Para transportar la droga, el grupo utilizaba hombres y mujeres, simulando parejas, con el objetivo de disimular el verdadero motivo del viaje en caso de controles policiales en el camino.

“Mayoritariamente, la estructura se encontraba en Brasil, pero había también objetivos que trabajaban aquí en Paraguay y es así que recibimos el pedido de colaboración de la Policía Federal del Brasil y la Senad identificó a los dos objetivos que eran buscados por las autoridades del vecino país. Es importantísimo para nosotros que la Policía Federal de Brasil confíe en la Senad y nos siga pidiendo este tipo de trabajos”, destacó el ministro de la Senad Jalil Rachid, calificando de exitoso el trabajo en conjunto.

Remarcó que la colaboración entre países es clave para hacerle frente a las estructuras criminales organizadas, en especial cuando se habla del narcotráfico, ya que en este tipo de contexto las mismas siempre se encuentran innovando en estrategias para evadir la ley y es necesario utilizar toda la capacidad no solo de fuerza sino de inteligencia y tecnología para anular sus núcleos de acción.

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El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.

La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.

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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.

Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.

Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.

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El fiscal de distrito en Los Ángeles dijo recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados de por vida por el asesinato de sus padres en 1989, dictamen que los haría elegibles para libertad bajo palabra. El fiscal George Gascon afirmó que pediría a un juez que dictamine que los dos hombres, cuyo caso ha vuelto a recibir atención por una serie y un documental emitidos en Netflix, deberían ver reducida su sentencia de forma que fueran elegibles para libertad condicional en los próximos meses.

“Luego de una muy cuidadosa revisión de todos los argumentos... Creo que bajo la ley, una nueva sentencia es apropiada y voy a recomendar esto a una corte mañana”, dijo Gascon a reporteros. Los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras el juicio que fue televisado y que ocupó los titulares de medios en todo el mundo.

En la época, los fiscales argumentaron que ambos hombres conspiraron para acabar con la vida de sus padres ricos en un intento por acelerar una herencia por 14 millones de dólares. Sin embargo, la defensa se basó en que los hermanos habrían sido víctimas de abuso sexual y físico continuo por parte de su padre, y del silencio cómplice de su madre, por lo que estallaron después de años de sufrimiento.

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El fiscal reconoció que el auge de la serie sobre el caso llevó a la fiscalía a ver el proceso con nuevos ojos. “Creo que muchas veces, por razones culturales, no les creemos a las víctimas de agresión sexual, ya sean mujeres u hombres”, afirmó el fiscal. El asesinato en 1989 de José y Mary Louise Menéndez en su elegante casa de Beverly Hills fue objeto de un auténtico frenesí mediático en Estados Unidos.

El juicio de Lyle y Erik se retransmitía diariamente por televisión, una novedad para la época, e incluso se considera la antesala mediática del “juicio del siglo”, que comenzó meses después contra el futbolista estadounidense O.J. Simpson. Los hermanos, que en ese entonces tenían 18 y 21 años, no fueron condenados en primera instancia porque el jurado se estancó sin la unanimidad necesaria para pronunciar su veredicto.

En 1996, un segundo juicio en el que el juez se negó a examinar numerosos elementos relacionados con agresión sexual concluyó con su condena a cadena perpetua irreductible por asesinato premeditado. El padre de la familia era José Menendez, inmigrante cubano impulsado por el sueño americano, que amasó una fortuna y fue vicepresidente de la empresa de alquiler de autos Hertz y luego director de operaciones del sello discográfico RCA.

Los dos hijos, que inicialmente no fueron considerados sospechosos, desviaron la atención de los investigadores y acusaron del crimen a la mafia, pero una denuncia reveló la confesión del asesinato, grabada durante las sesiones con un psicoterapeuta. La serie de ficción “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, producida por Netflix, reavivó el interés por este caso, al punto de que el gigante del streaming también le dedicó al caso un nuevo documental.

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Ambas producciones han sido ampliamente comentadas y replicadas por en TikTok e Instagram, y provocaron una amplia movilización digital a favor de los dos hermanos, que ya completan 35 años en prisión. El nuevo examen al caso reveló nuevos elementos, como una carta en la que Erik le cuenta a una prima sobre las agresiones sexuales de su padre, o el testimonio de un artista en el que dice haber sido drogado y violado por José Menéndez en los años 80.

El fiscal Gascon dijo que su recomendación solo sería para una nueva sentencia por asesinato en un grado menor, un cargo que podría acarrear una pena desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. “La decisión final la tomará el juez”, aclaró. “Sin embargo, debido a su edad, bajo la ley, al tener menos de 26 años al momento de los crímenes, ellos serían elegibles para libertad condicional de forma inmediata”, explicó.

Fuente: AFP.