La Asociación de Rematadores del Paraguay, cuyo presidente es Atilio Estigarribia, presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia contra los jueces de Concepción Ana de Jesús Martínez de Cabañas y Mateo Amarilla Noceda por supuesto mal desempeño de funciones en el expediente caratulado “Julián Cáceres Villalba contra La Industrial y Comercial San José SA y responsable del Hotel Francés sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos labores e indemnización de daños y perjuicios.
Ahora el superintendente general de Justicia tendrá que estudiar la denuncia formulada contra los dos jueces y, en caso de comprobarse irregularidad, deberá comunicar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que podrían derivar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
De acuerdo al escrito de la denuncia, los dos citados jueces cometieron errores procesales en la suspensión de un remate que se llevó a cabo en Concepción, donde se podría cometer el hecho punible de prevaricato de parte de los dos magistrados.
Asimismo, se tiene que en el juicio civil se tiene como parte demandada a la empresa La Industrial y Comercial San José SA y/o responsable El Hotel Francés. Si bien su representante legal abogado Missel Alcibiades Díaz solicitó la suspensión de la subasta, la condición para dicha suspensión debía cumplirse con todos los artículos que dice la ley, que corresponde al depósito de la media comisión, pero que se debe tomar en cuenta un monto provisional con respecto a los gastos de publicación, ya que el martillero público designado, de nombre Diego Armando Insaurralde, posee la factura pertinente emitida por el medio de comunicación donde salió publicada la subasta donde el monto que se debe abonar para la suspensión del remate es de G. 19 millones y no la irrisoria suma de G. 9 millones.
Del mismo modo señala la denuncia que en las condiciones mencionadas, el rematador público designado Diego Insaurralde no estaba en condiciones de suspender la subasta. Igualmente, señalan que los dos jueces fueron avisados que al depositar dicho monto, en este caso G. 9 millones, no podía ser tomado para suspender el remate judicial, por lo que se procedió con los trámites normales para la realización de la subasta.
Por su parte, el titular del citado gremio, Atilio Estigarribia, puntualizó que el juez Mateo Amarilla resolvió suspender la subasta sin cumplir con los requisitos para la suspensión. También esperan que el superintendente de la Circunscripción de Concepción, el ministro Eugenio Jiménez, tome cartas en el presente caso y ordene una auditoría para controlar la actuación de los dos jueces civiles.