La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá destrabar el proceso penal que soporta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, imputada por el delito de prevaricato por presuntamente violar la Ley de Seguridad Fronteriza al entregar 310 mil hectáreas ubicadas en zonas de Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían de maletín.
El expediente subió a la máxima instancia judicial debido a la indecisión para resolver las chicanas presentadas por la procesada de los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, este último sería amigo del padre de la imputada. Ahora está en manos de los altos magistrados resolver el conflicto de competencia que se generó entre los miembros de la Tercera y la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal.
Una vez que se destrabe dicho proceso penal el expediente judicial tendrá que ser estudiado por un Tribunal de Apelación y cuando se resuelvan las chicanas el proceso deberá volver al Juzgado Penal de Garantías para que pueda fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares que aun sigue pendiente.
Antecedentes
De acuerdo a la publicación de La Nación, el acta de imputación refiere que la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments otorgándole 310 mil hectáreas a favor de dichas firmas cuyos accionistas no se conocen.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la entonces magistrada no habría corroborado los datos precisos de las identidades, nacionalidades de los representantes legales, así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas extranjeras demandantes en incumplimiento a lo establecido en la Ley especial N° 2.532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay).