Juez dispuso inmovilizar yate del exministro de la SEN Joaquín Roa, investigado por enriquecimiento ilícito
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inmovilización del yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, investigado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en el marco del operativo A Ultranza Py. La embarcación quedará a cargo de la Senabico.
El fiscal del caso, Juan Ledesma, solicitó al juzgado el secuestro del yate, pero dicho pedido fue rechazado debido a que el Ministerio Público ya tiene incautada la embarcación por lo que la figura correcta es la de inmovilización del yate, lo que implica que ya no se podrá tocar la embarcación.
El representante del Ministerio Público está realizando varias diligencias investigativas que podrían llegar a la conclusión de presentar la imputación contra Roa. En caso de que sea imputado, el juez será Humberto Otazú.
En su momento el exsecretario de la SEN Joaquín Roa había señalado que la embarcación fue adquirida del Grupo Tapyracuai en el 2018 por US$ 400.000. Manifestó en aquel entonces que es amante de la embarcación y refirió que hizo préstamos y hasta entregó una camioneta para tener el yate.
En el marco del operativo antidrogas A Ultranza Py donde fue detenido Alberto “Beto” Koube y se encontraron lujosos yates, el exministro de la SEN figura como uno de los dueños de la embarcación. El yate de Roa está valuado en unos US$ 500.000 y fue importado por el grupo Tapyracuai un día después de la asunción del gobierno actual; es decir, el 16 de agosto del 2018, aunque con un valor declarado un poco menor al estimativo que se maneja en el mercado. El valor de ingreso que consignaron es de US$ 378.000.
El juez Rolando Duarte dispuso que Miguel Darío Sánchez, imputado por violencia familiar, y a su vez principal sospechoso de la muerte de Jessica Duarte Scappini, sea trasladado de Emboscada al penal de Tacumbú. Foto: Gentileza
Ordenan traslado a Tacumbú de sospechoso del feminicidio de Jessica Duarte
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El juez Rolando Duarte dispuso el traslado de la cárcel de Emboscada a la de Tacumbú de Miguel Darío Sánchez, imputado por violencia familiar, y a su vez es el principal sospechoso de la muerte de Jessica Duarte Scappini. La resolución del citado magistrado se dio luego de la diligencia judicial en la que la defensa del imputado alegó recibir amenaza en la cárcel de Emboscada.
El magistrado señaló que la defensa del procesado pidió el traslado del imputado debido a que el mismo habría recibido amenaza por distintos medios.
Duarte sostuvo que “esta judicatura debe precautelar la seguridad del incoado a los efectos de poder asegurar su sometimiento a las resultas del proceso penal iniciado en su contra, siendo entendible lo solicitado por la defensa en el sentido de que se ordene su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, siempre y cuando la autoridad penitenciaria no resuelva su traslado por razones de hacinamiento y/o seguridad”, señala la resolución del juez Duarte.
Días atrás la jueza de turno Alicia Pedrozo decretó la prisión preventiva de Miguel Darío Sánchez Romero, imputado inicialmente por violencia familiar y ahora como el principal sospechoso de la muerte de Duarte Scappini.
La magistrada sostuvo en su resolución que se cumplen los presupuestos para dicha medida, desde la gravedad del hecho punible, en ese sentido, “se halla demostrado con los documentos preliminares agregados en autos, los cuales describen sobre la forma en que ocurrieron los hechos y donde se identifica al supuesto autor, así como también, describe el hecho punible de Violencia Familiar, el cual es considerado grave”.
La justicia argentina ordenó la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de otras personas más por secuestrar y torturar a ciudadanos de ese país. Foto: AFP
Histórico: justicia argentina ordenó detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros
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La Cámara Federal porteña dispuso la detención con fines de indagatoria por graves violaciones a los derechos humanos del actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo. Los citados habrían sido responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.
La resolución se dictó contra más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre los que están integrantes de las Fuerza Armadas, de la guardia Nacional Bolivariana y agentes de Inteligencias al servicio del gobierno de Maduro.
Los magistrados que dictaron la orden de detención son Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, acompañando el reclamo de una serie de víctimas.
De acuerdo a los medios argentinos, los jueces hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron, según su resolución que existe en Venezuela, de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
Los magistrados actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.
Ordenan arresto domiciliario de Luis Montanaro, imputado por comercializar vídeos eróticos
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La jueza penal de garantía Alicia Pedrozo dispuso el arresto domiciliario de Luis Augusto Montanaro, imputado por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen por comercializar material explícito vía plataformas. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia.
El imputado con esta resolución abandonó el Departamento Especializado en Cibercrimen de la Policía Nacional para pasar a guardar reclusión domiciliaria en el Edificio Dominica, ubicado sobre Molas López de Asunción.
La magistrada dispuso varias reglas de conducta, como la prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de acudir a la audiencia preliminar y una fianza real de G. 990 millones.
De acuerdo a la investigación, en fecha 10 de julio de 2024, Montanaro Bedoya habría compartido sin consentimiento a través de distintas plataformas de mensajería numerosas imágenes y vídeos de carácter sexual, presuntamente de su expareja.
Este hecho motivó que se realice la denuncia que descubrió el ilícito. La defensa del imputado puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la resolución de la magistrada de Garantías.
El extitular de la SEN Joaquín Roa enfrentará un juicio oral y público por lavado de dinero y otros delitos. Así resolvió el juez Rodrigo Estigarribia. Foto: Archivo
Extitular de la SEN Joaquín Roa enfrentará juicio oral y público
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y otros delitos. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Ahora se deberá realizar el sorteo para poder saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que van a tener a su cargo juzgar a Roa y a Alberto Koube.
La defensa del acusado presentó varios incidentes que fueron rechazados por el magistrado Estigarribia. Igualmente los abogados de los dos acusados pueden apelar los incidentes que fueron rechazados por el citado juez.
De acuerdo al acta de acusación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.