Caso guardaparques asesinados: pedirán que procesado siga en prisión preventiva
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Este viernes se debe realizar la audiencia de revisión de medidas para Daniel González Britos, imputado por el asesinato de los guardaparques Artemio Villalba (51) y Rumildo Toledo (36), ocurrido el 18 agosto del 2018 en la Reserva Natural Tapytá, administrada por la Fundación Moisés Bertoni.
En su momento el Tribunal de Apelación de la circunscripción Judicial de Caazapá revocó la prisión domiciliaria del imputado. Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado Daniel Paiva González adelantó que pedirá que se ratifique la prisión preventiva para el imputado por la gravedad del caso ocurrido.
En el 2021, Hugo González Sosa fue condenado a 24 años de cárcel tras ser declarado culpable por homicidio doloso como principal responsable del asesinato a los trabajadores. Mientras que Robert, Braulio y Arnaldo Alcaraz González fueron condenados a dos años con suspensión a prueba de la condena, debido a que no se comprobó la participación directa en el crimen. Estas personas fueron condenadas por producción de riesgos comunes y transgresión a la ley de armas, por haber portado armas sin contar con los permisos respectivos.
El asesinato de los guardaparques ocurrió en agosto del 2018, cuando Artemio y Rumildo realizaban su tarea de patrullaje en la Reserva Natural Tapytá. La triste noticia conmocionó a toda la sociedad debido al rol noble y fundamental que cumplen los trabajadores en la protección de los recursos naturales, tarea que se volvió muy peligrosa en los últimos tiempos debido al crecimiento de la caza furtiva y plantaciones ilegales, entre otros.
El exsuboficial Florentín fue condenado a 24 años de cárcel por el homicidio de Rodrigo Quintana
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Este viernes, el Tribunal de Sentencia condenó al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva a 24 años de prisión por el homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana, hecho que ocurrió en 31 marzo del 2017 en sede del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA). El agente policial es el único procesado y condenado por el asesinato del dirigente liberal.
El tribunal estuvo presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes tras analizar todas las evidencias y escuchar a los testigos decidió que suboficial debía ser condenado por matar al joven dirigente. “Florentín disparó el arma, los proyectiles impactaron en la espalda de Rodrigo Quintana”, manifestó la jueza Garcete.
Afirmó que los nueve proyectiles que fueron disparados por el acusado, luego de que forzó y entró en sede del partido, atravesaron varios órganos de la víctima, quien terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, Quintana cayó al suelo y seguidamente fue pisado por Florentín, quien lo miró detenidamente, pero no lo auxilió y prosiguió su camino hacia el patio.
“El impacto de estos nueve proyectiles de plomo atravesaron varios órganos incluidos sus pulmones y le ocasionaron una hemorragia que derivó en una muerte agónica por una asfixia por la acumulación de sangre, lo que en medicina se considera neumotórax”, detalló la jueza, durante la lectura final de la sentencia.
Ricardo Estigarribia, abogado del sentenciado, afirmó que con esta condena queda claro que no existen garantías para los agentes policiales y militares, y que no se puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. “No se analizó la totalidad del contexto de lo que ocurrió”, puntualizó a los medios de comunicación.
El tribunal de apelación ratificó la prisión preventiva de Marcelo Cabaña, hermano de Reinaldo Javier Cabaña, acusados por el caso berilo. Foto: Archivo
La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva de Marcelo Cabaña, hermano de Reinaldo “Cucho” Cabaña, procesado por el operativo Berilo donde está igualmente acusado Cucho y otras personas más. La abogada Giselle Gutiérrez, defensora del acusado Marcelo Cabaña, indicó que el mismo padece de tuberculosis pulmonar y lo ideal sería que se realice el tratamiento en su domicilio.
Por su parte, la fiscala Ingrid Cubilla sostuvo en su escrito que conforme a la calificación provisoria de los hechos atribuidos al acusado, la pena mínima no se encuentra superada y los hechos graves que le son atribuidos al acusado: tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes, cuyo marco penal que prevé una sanción de entre 5 y 15 años de pena privativa de libertad.
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron a cabo más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
Mario Abdo Benítez, sus exministros y hombres de confianza están acusados por asociación criminal y otros y se ha pedido que el caso se eleve a un juicio oral y público. FOTO: ARCHIVO
Tras 1 año y 9 días el expediente caso Seprelad bajó al juzgado a cargo de Cynthia Lovera
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Luego de 1 año y 9 días y tras presentarse una treintena de chicanas en cámara de apelación y Corte, el expediente judicial donde están acusados los exministros de Mario Abdo Benítez en el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad bajó al juzgado penal de garantía N° 3 a cargo de la jueza Cynthia Lovera.
La referida magistrada deberá estudiar más de doce incidentes que se presentaron el 14 de marzo del 2024, dos días después de haberse admitido el acta de imputación contra Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.
Los incidentes que deben analizar la jueza Lovera son el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024 que había admitido el acta de imputación. Asimismo se tiene pendiente de estudio el recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la providencia del 19 de marzo donde se admite el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad.
También la defensa de los acusados habían presentado el recurso de apelación general contra el A.I N°31 de fecha 24 de enero del 2024 donde se autorizó vía judicial la extracción de datos de la Seprelad.
Acusación
Los fiscales Cristian Benítez y Silvia González presentaron acusación por los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio contra los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez. El Ministerio Público presentó 206 elementos probatorios entre ellos pericias, testimonios y documentales, los cuales demuestran la responsabilidad de cada uno de los acusados.
Tras trece años de chicanas, Rafael Filizzola logró fallo a medida y fue blanqueado por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había ocasionado un perjuicio de G. 50.000 millones. Foto: Gentileza
Caso Filicópteros: fallo a medida para Filizzola, tras años de acciones dilatorias
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Luego de presentar una innumerable cantidad de chicanas por más de trece años con los demás procesados, el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola, obtuvo una resolución a medida, atendiendo a que la jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia con lo que el presente caso queda impune.
En su momento y con la ayuda de algunos ministros de la Corte que hoy ya no forman parte de la máxima instancia judicial, Filizzola logró anular la acusación original y otras resoluciones en torno al presente caso, por lo que el presente proceso nunca se pudo discutir en un juicio oral y público.
En el presente caso se presentó la acusación contra Filizzola y otros procesados en fecha 23 de mayo del 2014, por parte de los entonces fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera. Se fijó la fecha para la audiencia preliminar donde se decidió elevar el presente caso a un juicio oral y público.
Luego, la defensa de Filizzola y demás procesados recurrieron a la sala constitucional de la Corte buscando dejar sin efecto la resolución judicial que había elevado a juicio oral. Los integrantes de la Corte que favorecieron a Filizzola y demás procesados fueron Sindulfo Blanco, Miryam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró entonces la máxima instancia judicial.
Los españoles que estaban procesados con Filizzola fueron Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova. La acción de inconstitucionalidad fue planteada por el abogado Juan Ernesto Villamayor –a quien el presidente electo Mario Abdo Benítez designó como ministro del Interior–, a más de sus colegas Sergio Coscia, bajo patrocinio de Bettina Legal.