Un escandaloso vínculo entre Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, y el banco de la familia Zuccolillo salió a la luz a través de una investigacion de “La Caja Negra” emitida por Unicanal. Según el Ministerio Público, el narcotraficante brasileño lavó dinero a través de prestanombres y sobre esa línea investigativa se destapa el escándalo que involucra a la entidad bancaria que sería cómplice de un tremendo esquema de lavado.

Gilberto Suárez, quien para el Ministerio Público es el prestanombres del narcotraficante Da Rocha, figura como propietario de la firma Biocombustible Brasilero (Biobras) y es el supuesto dueño de Cielo Azul, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, en el departamento de Concepción.

En el 2015, Suárez solicitó al Banco Atlas la suma de 6,5 millones de dólares. El arreglo se llevó a cabo en noviembre, cuando Suárez suscribió un contrato con la entidad bancaria para acceder a una línea de crédito con garantía hipotecaria y ofreció las fincas de su estancia.

A raíz del incumplimiento del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y se dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.

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En el marco de la investigación, el Ministerio Público expone que los presuntos testaferros del narco accedieron a elevados préstamos hipotecarios sin contar con el perfil transaccional y el historial crediticio para el efecto. Los bancos locales, entre ellos Atlas, no cumplieron los preceptos básicos, ya que estos clientes en realidad eran tractoristas, agricultores y peones que mantenían una dependencia laboral en las estancias vinculadas al caso

Gonzalo García, asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), habló en el programa “Apunto” del canal GEN/Nación Media, donde se refirió a Suárez y aclaró que el mismo no podría ser el dueño de un establecimiento como Cielo Azul y mucho menos tener la capacidad de comprar una estancia.

“Tenemos entendido que es tractorista y no tenía el perfil para ser dueño de una estancia, de dónde sacaría el dinero para ser dueño de una propiedad”, cuestionó García. Agregó que desde Senabico tomaron conocimiento de la demanda con una sentencia de remate, se presentaron al juicio civil y solicitaron la suspensión de ese remate, aclaró que actualmente se está atravesando un largo proceso judicial sobre el inmueble en cuestión.

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“Comenzamos un largo proceso judicial con la gente de ese banco en diferentes instancias, planteamos una acción en la Corte, una inconstitucionalidad contra un acuerdo y sentencia de la Cámara de Apelaciones y también está el expediente nuevamente por otra impugnación presentada por la gente de Atlas, ellos están ejerciendo su derecho de acreedor”, explicó el funcionario.

“Sin embargo, nosotros sostenemos que la propiedad no puede ser objeto de ejecución porque tiene una prohibición que impide la disposición del bien hasta tanto no se resuelva el hecho penal vinculado a ese bien, los derechos de terceros deben esperar”, prosiguió. “Nosotros, cuando detectamos estas demandas y todo este procedimiento irregular, le comunicamos a la agente fiscal del área del narcotráfico, Lorena Ledesma, quien posteriormente remitió un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos”.

“Vamos a agotar todas las instancias, todos los mecanismos legales que tengamos disponibles para lograr que se respeten las medidas cautelares porque en el caso de que el Poder Judicial dé vía libre a que la recuperación de activos caiga en saco roto por terceros que podrían estar vinculados con el hecho principal, daría vía libre para que en el futuro se presenten falsos acreedores y los investigados puedan recuperar su patrimonio. Se rompe el sistema”, expresó.

El asesor jurídico habló también sobre el alcance y las responsabilidades penales que podrían darse. “El Código Penal establece las formas de responsabilidades de las personas físicas, nosotros aún no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí las personas físicas son las que deben responder por los actos que hacen en representación de las personas jurídicas. En este caso, el directorio del Banco Atlas, es decir, todos los que formaron parte del proceso en el hecho que se pretende atribuir”, explicó.

“A título personal, en este caso lo que creo, si hay elementos, podría darse alguna vinculación en carácter de complicidad, por ese lado se vería porque desconozco si tenga que ver con la actividad principal. La complicidad es ayudar a otras personas a cometer un hecho, no es cometer el hecho en sí”, sentenció.

Otro de los puntos mencionados por el asesor jurídico de la Senabico tiene que ver con los bienes de Cabeça Branca que actualmente están en poder de dicha institución. Mencionó que es la causa de mayor valor económico que llevan adelante.

“Son 8 estancias, pero son de mucho valor, una de las estancias, de la que tenemos la tasación al día, tiene un valor de 43 millones de dólares, la estancia Cielo Azul es de menor valor y estaría valorada en aproximadamente 20 millones dólares, la causa de Luis da Rocha es una de las de mayor valor económico en bienes porque son muchas extensiones de tierra en lugares muy importantes”, resaltó.