La extitular de Petróleos Paraguayos SA (Petropar) Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por lesión de confianza en el marco de la investigación por la compra irregular de agua tónica en plena pandemia del COVID-19, lograron una vez más posponer la audiencia preliminar gracias a una chicana más.

En la fecha estaba prevista la realización de la diligencia judicial ante el juez penal de Garantías Julián López, quien debía decidir si los acusados irán a juicio oral y público. El presente caso ya lleva dos años y hasta el momento no se pudo llevar a cabo la audiencia debido a las reiteradas chicanas presentadas por los acusados.

La estrategia utilizada esta vez por Samudio y Perdomo fue el cambio de abogado. Anteriormente la defensa en el caso era llevada adelante por el propio José Costa Perdomo, marido de Patricia Samudio; sin embargo hoy se presentó Marcial Paredes como nuevo abogado de los acusados pidiendo copia de los expedientes y demás documentos, frenando de esa manera la realización de la audiencia. Ahora se deberá fijar una nueva fecha para tratar de desarrollar la diligencia judicial.

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Cabe recordar que la Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petropar por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones, ocasionado tras el conocido caso de compra de agua tónica supuestamente en el marco de la “lucha” contra la pandemia.

Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.

Se estima que el daño patrimonial ocasionado al ente estatal durante la administración de Samudio supera los G. 360 millones por las sobrefacturaciones en supuestas licitaciones, que terminaron siendo compras directas bajo el argumento de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

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