Las personas imputadas en el caso son Ana Stael Alfonso, médica forense del Poder Judicial; Celia Romina Alfonso, gineco-obstetra; y Sixto Ramón Cabrera, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, expedición de certificado médico falso y cohecho pasivo agravado.

Además de estos, también fueron procesados los abogados Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos, por producción de documentos no auténticos en calidad de uso y también por soborno agravado.

Esto se da luego de que agentes del Ministerio Público allanaron este mediodía un estudio jurídico en el marco de la causa que afronta Walter José Galindo, presunto líder narco, sindicado de traficar 40 kilos de cocaína semanales en el departamento Central. El procedimiento fue encabezado por la fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, y el fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado-

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Los imputados están sindicados por supuestamente fraguar los informes médicos de Walter José Galindo, presunto líder narco, para dilatar el proceso judicial y obtener medidas alternativas en el proceso. Estos informes fueron expuestos en las audiencias desarrolladas.

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Documentos no auténticos

De acuerdo al relato, Celia Romina Alfonso emitió un certificado médico con fecha 4 de abril del 2021, en el que habría dejado constancia de los supuestos padecimientos del procesado Walter José Galindo, cuyo membrete pertenecía al Hospital Nacional de Itauguá. Esto lo había hecho a cambio de dinero.

No obstante, se comprobó que Walter José Galindo no fue en ningún momento al mencionado hospital y también que Celia Romina Alfonso no estaba habilitada para expedir el certificado médico debido a que pertenecía a la especialidad de gineco-obstetricia.

Asimismo, Sixto Ramón Cabrera, funcionario del Departamento Judicial de la Policía Nacional, también habría recibido dinero por redactar y suscribir un informe en el que dejó constancia que en fecha 19 de mayo del 2021, Galindo supuestamente presentaba problemas de salud y habría sido derivado al Hospital de Barrio Obrero en fecha 23 de mayo del 2021. Dicho informe habría utilizado la defensa del mismo para fundamentar la solicitud de revisión de medidas cautelares.

Mientras que Ana Stael, en carácter de médico forense del Poder Judicial, habría recibido dinero para elaborar dos informes. Uno, en fecha 27 de mayo del 2021, dejando constancia que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluar al procesado.

Entre sus indicaciones señaló que su reclusión no era apta para el paciente por sus supuestas comorbilidades. El documento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de Lambaré, a través del cual lograron obtener medidas sustitutivas en el marco de la causa 1062/21. Posteriormente, habría elaborado otro informe exponiendo nuevamente las supuestas afecciones del Walter Galindo, en fecha 24 de junio del 2021, constituyéndose hasta su domicilio para examinarlo.

Por último, Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos habrían abonado sumas de dinero a los señores Ana Stael Alfonso, Celia Romina Alfonso y Sixto Ramón Cabrera, para la elaboración de los certificados médicos de las fechas mencionadas y utilizados en las audiencias de revisión de medidas.

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