La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayoría integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y el voto en disidencia de Alberto Martínez Simón declaró inconstitucional tres artículos de la Ley 6355 que modifica la Ley 5033 que obliga a los accionistas, gerentes y directores de firmas privadas contratistas del Estado a presentar declaraciones juradas.
De acuerdo al fallo judicial, el voto de los ministros Fretes y Diesel expresa que se viola el principio de legalidad, el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental, y otros argumentos más. Por su parte el ministro Martínez Simón votó por rechazar la acción porque prevalece el derecho de acceso a la información.
De esta manera la sala constitucional de la máxima instancia judicial se expide sobre el fondo de la cuestión dejando así un precedente importante sobre el debate que se generó en su momento. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la firma Bioerix y otros contra varios artículos modificados sobre la declaración jurada de bienes y rentas.
Es importante mencionar que en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia existen más de 70 acciones promovidas por empresas privadas que son proveedores del Estado. Igualmente en las diferentes acciones recurridas a la máxima instancia judicial las mismas cuentan con medidas cautelares que suspenden los efectos de la ley mencionada más arriba. Desde el 2021 varias empresas que son contratantes con el Estado recurrieron a la máxima instancia judicial buscando dejar sin efecto la aplicación de la referida norma legal.
Ahora los citados altos magistrados deberán analizar el planteamiento de fondo sobre las acciones de las demás empresas que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia.