Operativo Berilho: confirman competencia de jueza Alicia Pedrozo
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La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo seguirá siendo la magistrada del proceso penal que soporta Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Así resolvió el tribunal de apelación, que ratificó la competencia de la referida jueza, quien deberá enviar el expediente judicial a la Fiscalía General del Estado para que presente el requerimiento conclusivo contra los acusados.
Los camaristas Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez rechazaron la recusación planteada por el abogado Enrique Villagra, quien ejerce la defensa de uno de los acusados en este caso. Los integrantes del tribunal de alzada sostienen que la recusación no cumple con los presupuestos establecidos en la normativa de nuestro país, por lo que corresponde rechazarla.
El abogado defensor de uno de los acusados tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la confirmación de la jueza. En caso de ser así, serán los ministros de dicha sala quienes deberán destrabar el presente caso.
Según publicación de la Nación, semanas atrás la Cámara de Apelación confirmó la prisión preventiva en la cárcel de Emboscada de Cucho Cabaña, quien pretendía abandonar la penitenciaría y guardar prisión domiciliaria. Igualmente, en este caso están acusadas varias personas, entre ellas un exasistente fiscal, agentes policiales, un diputado y otros procesados.
El Operativo Berilho se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de US$ 800.000.
El senador Natalicio Chase calificó a la propuesta como mediática y podría colocar en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país. Foto: Archivo
Horas de trabajo debe adaptarse a la realidad local, dice senador y rechaza propuesta de reducción
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“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.
“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.
El proyecto que establece las 40 horas laborales semanales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.
“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.
Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.
El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.
Fiscalía acusó y pidió juicio oral para el pastor José Insfrán Galeano
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El fiscal Deny Pak presentó acusación contra el pastor José Alberto Insfrán Galeano, investigado en el marco de la causa A Ultranza Py, y pidió que el proceso penal se eleve a juicio oral y público. El escrito se presentó ante la jueza del crimen organizado Rosarito Montanía, quien tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el caso pasa a la siguiente instancia.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para poder abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro de los puntos que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
Autoridades paraguayas acudieron a foro mundial para proteger a la niñez
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Una delegación paraguaya participó de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez que tuvo lugar en Bogotá (Colombia). La comitiva estaba integrada por Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia; Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia; el defensor general Javier Esquivel; Ángel Ortellado, viceministro de Salud; Raquel Lovera, representante del ministerio de Salud, y Rosana Vega, representante de Unicef en Paraguay,
La conferencia reunió a más de 100 gobiernos que asumen el compromiso para erradicar la violencia contra los niños, incluyendo la prohibición de castigos físicos, que afecta regularmente a tres de cada cinco niños en su hogar. El evento fue organizado por los gobiernos de Colombia y Suecia en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.
Entre los compromisos asumidos se abordó la mejora del servicio para víctimas de violencia, con que algunos países aceptaron optimizar la asistencia para los niños. Asimismo, erradicar el acoso escolar. También algunos países se comprometieron a invertir en la prestación de apoyo esencial a la crianza, una de las intervenciones más eficaces para reducir el riesgo de violencia en el hogar.
La conferencia se desarrolló en dos jornadas, los días 7 y 8 de noviembre, organizada en paneles que enfocaron diversos abordajes de la protección de los niños en todo el mundo. El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con defensores especializados para la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Persiste en el Senado tendencia para el rechazo de la pensión para personas con discapacidad
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En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.
La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.
No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.
“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.
Chase explicó a la vez quela citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.
Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.