El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso al sobreseimiento provisional del exintendente de Concepción Alejandro Urbieta y otros procesados por lesión de confianza con respecto a un contrato de G. 8.000 millones a favor de la empresa Conserpar, para la realización de empedrados y otras obras.

La fiscal Stela Mary Cano fue quien solicitó la desvinculación temporal de los procesados en vista a que existen aún varias diligencias que se deben realizar para posteriormente formular la acusación contra los procesados o, en su defecto, dar el sobreseimiento definitivo de los mismos.

Ahora la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, deberá decidir si ratifica el requerimiento de la agente fiscal Stela Mary Cano, quien pidió la desvinculación parcial del proceso del exjefe comunal y de otros acusados. Los demás procesados son Rigoberto Vicencini Benítez, propietario de la empresa Conserpar; y Arsenio Domínguez, quien fuera fiscalizador de obras.

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En caso de que la Fiscalía General se ratifique en el sobreseimiento provisional, el juez Delmas no tendrá otra opción más que hacer lugar al citado requerimiento. Si eso sucede, la Fiscalía tendrá un año de plazo para recolectar más elementos de pruebas que puedan presentarse en el requerimiento conclusivo.

La acusación del Ministerio Público señala que existió una adjudicación de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010.

Debido al presente caso se llevó a cabo una pericia donde se logró probar que los trabajos ejecutados solo equivalieron a la suma de G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.

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