La Cámara de Apelación de Central conformada por los jueces Óscar Rodríguez Kennedy, Nidia Fernández y Guillermo Zillich con voto en mayoría decretó la prescripción de la causa y se resolvió el sobreseimiento definitivo del sacerdote Silvestre Olmedo, quien fue condenado a un año de cárcel con suspensión a prueba en juicio tras ser encontrado culpable por un caso de acoso sexual cuando el religioso fue sacerdote en Limpio.
Ahora el Ministerio Público tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia tratando de dejar sin efecto la resolución de segunda instancia. En su momento el Tribunal de Sentencia de Luque, integrado por los jueces Juan Carlos Rocholl, Julio López y Gladys Bernal, resolvió condenar al religioso a un año de pena privativa de libertad con suspensión a prueba en el marco del proceso penal por acoso sexual que sufrió la joven Alexa Torres.
De acuerdo al fallo dictado en primera instancia, quedó demostrado que el sacerdote Silvestre Olmedo ha cometido actos sexuales, toqueteos, que además había una posición de autoridad como sacerdote en relación a una mujer que iba a prestar servicios a la iglesia de Limpio como voluntaria. La joven Alexa era voluntaria en la parroquia San José de Limpio y en el 2018 denunció al sacerdote por acoso sexual.
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Autoridades de justicia y fuerzas públicas buscan implementar acciones en políticas criminales
Este martes se desarrolló una reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el ministro del Interior, Enrique Riera, en el marco de la implementación de las acciones de políticas criminales. El objetivo es buscar destrabar y acelerar los procesos judiciales y un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la justicia.
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, explicó que con esta reunión se reactivó la cumbre de poderes, con el objetivo de definir los procesos, de manera a que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez y los resultados puedan ser positivos.
“Retomamos la cumbre de poderes que fuera realizada a inicio de la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña, a los efectos de poder definir primeramente las líneas de política criminal del Estado paraguayo y establecer las estrategias y las acciones a los efectos de poder cumplir con los objetivos que hemos definido”, indicó tras la reunión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte explicó que se solicitó esta reunión a fin de hablar de los temas que ocupan a estas instituciones. “La Policía es auxiliar de la justicia, en tanto la justicia pueda funcionar coordinadamente, tanto el sector que de alguna manera representa a la sociedad, sostiene y acusa, como los que juzgan”, apuntó. Detalló que la idea es, en el corto plazo, incorporar una mesa interinstitucional en el marco de la seguridad y la justicia, con compromisos puntuales que serán incluidos en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo.
“También la idea es, en el corto plazo, incorporar e intentar, amparado con ese documento original, que nazcan otros compromisos más puntuales que sería como una mesa interinstitucional por la seguridad y la justicia, en la cual estaría la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior”, expresó.
La ministra dijo que este tipo de reuniones se irán dando periódicamente, también con reuniones rotativas para continuar con este trabajo coordinado e identificar los problemas estructurales de la justicia. A su vez, el fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que “la respuesta rápida es que hay intención en el sistema de justicia penal, esencialmente, en las reacciones rápidas en la necesidad de contar con mayor eficacia en la perspectiva de tener mayor operatividad”.
Además de ir formulando entre las instituciones acuerdos y convenios para dar respuesta rápida a la ciudadanía. “La acción concreta es la necesidad de ir formulando acuerdos, convenios marcos, a instalar para que precisamente esa actividad coordinada sea percibida por la comunidad y también por los medios de prensa, que son los vectores y también los informantes de todo lo que sucede”, sentenció.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
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“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Hallan un túnel en la cárcel de Ciudad del Este
En la penitenciaria Regional de Ciudad del Este, situada sobre la Avda. Rogelio Benítez del Barrio Boquerón, se encontró un túnel que presuntamente podría ser utilizado para la fuga de los reclusos que están privados de su libertad en la mencionada cárcel.
Ya han tomado intervención las autoridades penitenciarias de Alto Paraná que a su vez van a poner a conocimiento del Ministerio Público que tendrá que investigar el presente hecho.
Durante la intervención se encontró e incautaron de varias herramientas que eran utilizadas para cavar el túnel. Todos los elementos incautados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para su estudio correspondiente. En caso de que se pueda identificar a los autores de este hecho, los mismos podrían ser pasibles de una imputación siempre y cuando se tengan elementos de prueba.
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En el año 2022, El Ministerio de Justicia informó que tras un trabajo de inteligencia penitenciaria en colaboración con la Policía Nacional, se detectó un túnel en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
El túnel fue hallado en una celda del pabellón en el que se encuentran recluidos internos pertenecientes a la facción criminal Primer Comando Capital (PCC). En su momento, fueron identificadas 16 personas privadas de libertad como las responsables de la excavación.
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