El próximo 29 de abril está previsto llevar a cabo la audiencia preliminar para el exintendente de Concepción Alejandro Ramón Urbieta, y Pedro Alberto Vera Escurra, director de Administración y Finanzas del municipio, ambos acusados por lesión de confianza. En la referida diligencia judicial se decidirá si el exjefe comunal enfrentará o no un juicio oral y público.
Igualmente, en el presente caso están acusados Rigoberto Vicencini Benítez, propietario de la empresa Conserpar; y Arsenio Domínguez, quien fuera fiscalizador de obras. Todos los procesados deberán acudir con sus abogados en la fecha mencionada para la diligencia judicial.
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De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto de la adjudicación es de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010, según el propio exintendente.
A raíz de los hechos irregulares se realizó una pericia técnica que logró demostrar que los trabajos realizados solo llegan a G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689. Por este motivo se inició la investigación por parte de la Fiscalía y derivó a la acusación pertinente. Tras la próxima diligencia judicial la causa podría finalmente encaminar a una condena o una absolución, si se define llevarla a juicio.
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Convocan a una nueva audiencia entre directivos y cirujanos pediátricos del IPS
Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y los cirujanos pediátricos volverán a reunirse este viernes en el marco de una audiencia prevista en el Palacio de Justicia, en un intento por buscar un acuerdo entre las partes. El gerente de Salud, Gustavo González, afirmó que pese a la mesa negociadora no se ha podido aún zanjar la crisis desatada por el reclamo de la reducción de la carga horaria laboral a doce horas semanales.
“Hasta ahora no hay una solución, pero siempre está la mesa negociadora donde nos estamos reuniendo y parece que cada vez estamos más cerca, pero hasta hoy no tenemos una solución definitiva”, señaló a la 1020 AM. Aclaró que la convocatoria en el Poder Judicial es por el amparo presentado por el instituto y hoy podría surgir novedades sobre el punto.
El médico aseguró que la medida judicial permitió garantizar la atención en el servicio de cirugía pediátrica. “Están los médicos que no presentaron renuncia. Tenemos vacíos unos días que por el amparo está cubierto por los médicos de tal manera a no dejar sin atención a los niños”, manifestó.
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Solo cinco médicos están operando en el Hospital Central
González dijo que en el Hospital Central cinco cirujanos pediátricos están dando cobertura a los asegurados. En tanto el servicio de Cirugía Pediátrica en la regional de Ciudad del Este ya se normalizó. “Ellos se reincorporaron totalmente, hasta ahora no hay problemas desde ese punto de vista”, aseguró.
El profesional admitió que se resiente la realización de cirugías pediátricas debido a la escasa cantidad de médicos. “Hay días de cirugías programadas que se están haciendo y las urgencias están totalmente cubiertas”, garantizó.
Por otro lado, el doctor González reconoció que en medio de este conflicto, un cirujano de adultos efectivamente operó a un niño aunque afirmó que “tiene otras connotaciones más médicas que gremiales”, al reafirmar que el paciente recibió los cuidados requeridos, pese a los cuestionamientos hechos por la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica.
En la audiencia prevista para las 9:00 de la mañana a instancias de la Justicia hoy se definirá si continúa vigente el amparo judicial o ya se levanta.
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Itapúa: jueza decidirá si varios acusados enfrentarán juicio oral por invasión de inmueble
Este jueves a las 09:30 se debe realizar la audiencia preliminar para varios acusados por invasión de inmueble y otros delitos donde la víctima es Luc María Vanryckeghem quien es dueño de 17 inmuebles ubicados en la zona del distrito de Edelira, concretamente en la localidad de Pirapey, departamento de Itapúa, que totalizan una superficie de 348 hectáreas.
La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de María Auxiliadora, Itapúa, Carina Ruiz Díaz, quien deberá resolver una vez terminada la audiencia si los acusados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía durante la etapa investigativa recolectó suficientes elementos de prueba contra cada acusado por lo que se ratificará en que el caso se eleve a un juicio oral. Están acusados Alcides Aquino López, Alicia Aquino López, Aurelio Aquino Cena, Pedro Chilavert y Rosalina López.
Otro caso y preliminar
Para el 12 de septiembre se tendrá que realizar la audiencia preliminar de otro proceso penal que se sigue contra 24 personas acusadas por invasión de inmueble, coacción grave y resistencia donde la víctima es Luc María Vanryckeghem, propietario de casi 400 hectáreas ubicadas en el departamento de Itapúa.
El Ministerio Público acusó y solicitó que el proceso penal se discuta en un juicio oral y público. La acusación fiscal señala que “los acusados junto con su familia ingresaron en los citados inmuebles y se instalaron en diversos sectores de las fincas donde procedieron a construir sus viviendas, plantar en las fincas e incluso procedieron a arrendar; conformaron comisiones vecinales, donde obtuvieron aportes del Municipio local”.
Asimismo menciona el escrito de la Fiscalía que “los acusados ingresaron en los inmuebles valiéndose de la clandestinidad y la violencia, en razón de que la dueña vive en un lugar alejado del lote invadido, pues los lotes se encuentran en Pirapey y su propietaria en Triunfo Km 80; en tanto que las violencias fueron utilizadas para mantenerse en los inmuebles valiéndose de la cantidad personas, el uso de niños y la portación de garrotes y otros elementos”, refiere la acusación fiscal.
Están acusados y con pedido de juicio oral y público, Adolfo Quiroz, Apolinar Ybarra Vázquez, Calixta Correa de Benítez, César Elizardo Rivas González, Claudia Elena González Vera, Cristhian Gustavo Martínez Henrriz, Elvio Milciades Cohene, Gilberto David Martínez Agüero.
La lista de acusados sigue con Gustavo Francisco Cáceres Arzamendia, Ismael Martínez Agüero, Josefina Centeno, Julián Pereira Chávez, Liliana Sánchez Romero, Luis Ignacio Ayala López, Marcelino Cardozo Quiroz, Margarita González Riveros, María Concepción Rivero Algarín, Reinaldo Garcete Fleitas, Richar Antonio Ortigoza González, Sergio Medina Cabrera, Silverio Benítez Delvalle y Silvio Arce Chilavert, Liliana Sánchez Romero.
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Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
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Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
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Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
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“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.