El imputado Ángel Zaracho aseguró que arrimará elementos de prueba que demostrará su inocencia en el proceso penal de extorsionar al Gobierno para evitar cierre de rutas en todo el país. Foto: Gentileza.
El piquetero Ángel Zaracho dice que demostrará su inocencia y “no todo lo que parece es”
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Uno de los líderes de los camioneros imputado por extorsión y con pedido de prisión preventiva, Ángel Zaracho, aseguró que esta situación le sorprende y que no todo lo que parece es. Sus declaraciones fueron al salir de la sede del Ministerio Público, donde se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta.
Zaracho indicó: “Nosotros pedimos el debido proceso y nuestra declaración se va a dar en el ámbito del desarrollo de la investigación y vamos a demostrar nuestra inocencia”. Agregó: “Nos abstuvimos de declarar y nos sorprende toda esta situación y no todo lo que parece es”.
Asimismo, fue consultado si lo sucedido con sus compañeros fue una jugada del actual gobierno, Zaracho respondió: “Yo no puedo decir nada de eso, pero sí voy a demostrar mi inocencia”.
Por su parte el abogado David Pana, defensor de Zaracho y otros imputados, explicó: “Mis defendidos se abstuvieron de declarar porque en su momento vamos a demostrar la inocencia de mis representados”. Acotó: “Existen elementos que vamos a arrimar durante la investigación. Todos los detenidos van a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y pido que se respete el debido proceso”.
El Ministerio Público formuló imputación contra cinco líderes camioneros que exigieron el pago de US$ 1 millón al Gobierno para evitar el cierre de rutas durante la Semana Santa. A través de una entrega vigilada y con autorización judicial se entregó la suma de US$ 50 mil, momento en que fueron detenidos Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina.
El Ministerio Público apeló la leve condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A. Foto: Aldo Ynsfrán
Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
Ratifican prisión de Elián López, quien arrojó una copa de vidrio a una joven que perdió el ojo
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El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.
Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.
La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.
Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.
Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.
El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.
La Policía Nacional logró la detención de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, imputado por el hecho punible de estafa. El mismo contaba con orden de captura firmada por la jueza penal de Garantía de Lambaré, Gladys María Fariña.
El imputado no se presentó al llamado de la Justicia y por ende la referida magistrada declaró la rebeldía y ordenó la captura de Duarte Martinetti, quien tendrá que acudir hasta un juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si será remitido a la cárcel de Tacumbú o será beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión.
La fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de US$ 65.000, pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda.
Igualmente, el imputado ofreció otro rodado a la víctima, pero igualmente fue grande la sorpresa cuando tampoco se pudo transferir el vehículo porque tenía orden de embargo de la concesionaría. Según la fiscalía se tiene un perjuicio de US$ 91.000.
El Ministerio Público pidió seis meses para poder presentar el requerimiento conclusivo, es decir poder presentar la acusación correspondiente contra el imputado.