Jessica Valenzuela y su padre Cándido Valenzuela son investigados por una presunta estafa a 85 personas a través de una cooperativa denominada Ñamopu’ã Ñande Rogarã, no registrada ante el Incoop, el órgano regulador de este tipo de instituciones. Ambos habrían lucrado con dinero recibido bajo engaño por aportes, cuotas sociales y supuestos terrenos con dúplex en construcción a bajo costo que nunca fueron entregados.
Primeramente, la mujer habría intentado registrar ante el Incoop, en calidad de supuesta presidenta, a la cooperativa en cuestión, pero le fue denegado en esa ocasión y en un nuevo intento en el 2017, situación que no evitó que la entidad opere con el emblema de cooperativa, cobrando aportes, solidaridad y recibiendo montos de dinero de 85 personas.
En el caso de Cándido Valenzuela Mora, entre los años 2016 y 2018, se presentó como presidente de la cooperativa, así como de la Federación Nacional de Organizaciones de Hábitat Fenaoth.
Esta persona presuntamente organizó reuniones cobrando la suma de G. 10.000 por persona para la asistencia y manifestando además que si se asociaban iban a acceder a una porción de terreno que valía supuestamente G. 3.700.000, ubicado en Isla Bogado, Luque, a otras personas inclusive les expresaba que recibirían el terreno sin costo.
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Como si fuera poco, mostraba la zona y un inicio de construcción del dúplex apareados, alegando que la adquisición del mismo sería a bajo costo, específicamente el 5% del valor de la construcción, y que el Ministerio de Urbanismo y Hábitat (MUVH) se haría cargo del resto.
En consecuencia, muchas personas se habrían asociado a la entidad ubicada sobre las calles Sebastián Larrosa casi 26 de Marzo del barrio 24 de Junio de San Lorenzo, donde abonaban por el pago de la construcción en concepto de inicio de obra. Incluso se les llegó a solicitar la suma de G. 15.000.000 bajo el compromiso de que los dúplex plenamente construidos serían entregados a los socios en el año 2017.
Transcurrido el tiempo, el valor de los inmuebles aumentó a G. 80.000.000; sin embargo, las personas nunca fueron beneficiadas. Las facturas eran emitidas por empresas a nombre de padre e hija.
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En total 32 personas fueron perjudicadas con la ayuda de la mujer, ya sea como aportantes o por haber recibido facturas de la construcción a nombre suyo. Ahora la fiscal Viviana Duarte convoca a las víctimas a fin de que se acerquen al Ministerio Público ante la Unidad Penal N° 8 de San Lorenzo, entre las 7:00 y 13:00 antes del 3 de mayo.