Ciudad del Este. Agencia Regional.

Avanza la investigación del supuesto hecho punible de homicidio culposo a raíz de la muerte de un niño en un embarazo a término, por la aparente tardanza en la atención en la unidad sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de Hernandarias, según denunció la familia.

La madre fue trasladada al Hospital Regional IPS de Ciudad del Este, donde se le hizo una cesárea y el feto ya fue encontrado muerto, según indicó a La Nación/Nación Media, la asistente fiscal Teresa Báez, de la unidad a cargo de Nathalia Montanía.

Hoy brindaron declaración una de las médicas y una obstetra, faltan otros médicos porque serán convocados todos los que tuvieron alguna responsabilidad en el turno en que la madre fue atendida en el hospital de Hernandarias, según la doctora Báez. La doctora Shirley María Rojas, directora de la institución, también deberá declarar.

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El caso se inició cuando Fermina García (39) fue a la unidad sanitaria de Hernandarias a consultar y quedó internada a las 00:25 del 21 de agosto pasado, porque tenía complicaciones y debía dar a luz. Ante la falta de anestesiólogo debía ser llevada al Hospital IPS de Ciudad del Este.

No obstante, no había ambulancia y eso hizo tardar el traslado, hasta que finalmente apareció una y se la derivó. La mujer fue sometida a cesárea, pero el niño ya estaba muerto, con 37 semanas. Fue a las 10:40 del miércoles 21 de agosto. Es lo que manifestó la asistente fiscal Teresa Báez, sobre el caso en proceso.

“En el IPS de Ciudad del Este es donde se le practicó la cesárea, por lo cual, la investigación es al personal del primer lugar donde fue atendida la paciente y donde se constató que el niño vivía todavía antes de la derivación”, dijo la abogada Báez.

La fiscal Nathalia Montanía había allanado el viernes 23 de agosto la unidad sanitaria de Hernandarias para incautar todos los documentos relacionados a la paciente mencionada.

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Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Manuel Aguirre y Rosana Maldonado absolvió de culpa y pena a la médica Laura Sena, acusada por homicidio culposo por el fallecimiento del niño Renato Rojas Talavera. Los magistrados que votaron por la absolución son Ortiz y Maldonado mientras que Aguirre votó por una condena.

El juez Ortiz, presidente del colegiado, señaló que “el presente caso es una causa muy poco común y de mucha complejidad porque acá las pericias son las pruebas madres, porque para que nosotros podamos hacer una construcción jurídica, dependemos del insumo de los médicos, no podemos hacer nada jurídicamente si no nos dan los médicos las herramientas y nosotros no tenemos la formación médica para poder elaborar o discutir cuestiones que tuvieron implicancia en el hecho”. indicó.

Agregó que “el resultado de la junta médica en lo que respecta al informe de los médicos manifestaron que Renato era un paciente crónico con enfermedades previas, complejas, con recurrencia de infecciones respiratorias frecuentes, por lo que no se garantiza ni asegura que de haberlas realizado dichas acciones omitidas, el paciente haya respondido de forma diferente al paro cardiaco respiratorio, por lo que no se puede determinar una relación de causalidad”, señaló el magistrado.

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El juez Ortiz dijo que el resultado de la junta médica establece un estatus de cuanto menos una duda insuperable y que si en el hipotético caso de que quiera fundamentar su voto de que la doctora incumplió con sus obligaciones tendría que discutirle a ocho, para no decir a los diez médicos más prestigiosos, siendo un simple abogado”, manifestó.

Todo se inició en fecha 20 de agosto del 2019, cuando Macarena Talavera Angulo, madre de Renato, y Mirna Beatriz López (niñera del pequeño) lo llevaron al sanatorio de Asunción para su atención médica, ingresando a la sala de observación del Servicio de Urgencias a cargo de Laura Sena Figueredo.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Laura Sena Figueredo, a pesar de ser informada sobre el estado de salud del pequeño, quien adolecía de una cardiopatía referida por la madre, omitió una serie de acciones necesarias en el caso específico del paciente. El niño habría pasado más de cuatro horas con fiebre elevada, irritabilidad y taquicardia en la sala de observaciones del sanatorio.

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La fiscal adjunta Sole­dad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato por haber entregado irregu­larmente 310 mil hectáreas de tierras a empresas extran­jeras que serían off shore violando la ley de seguridad fronteriza.

La representante del Minis­terio Público fue contun­dente al señalar que la exjueza obligó de forma irre­gular a la Asociación del Espí­ritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte deman­dada a otorgar la escritura pública traslativa de domi­nio de los inmuebles ubica­dos en el departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas, apro­ximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

Machuca también señala que “como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún al refe­rirse al cumplimiento de lo previsto en la ley espe­cial n. ° 2532/05 (que esta­blece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del Artículo 2.° de la ley, en lo que res­pecta a la nacionalidad de las personas actoras; afir­mando que las mismas no serían oriundas de los paí­ses limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusa­ción del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o men­ción a las circunstancias establecidas en el Artículo 4.° de la misma ley que esta­blece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropie­tarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominati­vas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constan­cias, informaciones o verifi­caciones de dichas circuns­tancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sen­tencia definitiva, en incum­pliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deci­dió destituir de sus funcio­nes a la jueza Irún tras encon­trarse irregularidades en la actuación de la misma. Igual­mente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resol­vió rechazar la reconside­ración presentada por Irún y ratificó la destitución por mal desempeño de sus funcio­nes de la exjueza en lo Civil y Comercial.

Este viernes prosiguió el juicio oral y público en contra de Laura Villalba, considerada la enfermera del autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán. En esta jornada, la audiencia siguió con la declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público.

Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las líderes del grupo criminal que opera en el norte del país, soporta el proceso penal por hechos de terrorismo, asociación terrorista, producción de riesgos comunes, detentación y otros.

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Los agentes fiscales del caso son Federico Defino y Lorenzo Lezcano, quienes se encuentran exponiendo los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público contra la acusada. Desde el inicio de este proceso, los fiscales aseguraron que cuentan con suficientes elementos probatorios para lograr una condena en este juicio. La mujer había sido detenida cuando iba para acoplarse al grupo criminal EPP en la zona norte.

De acuerdo al avance de este juicio oral y público, se prevé que dentro de unos 10 a 15 días ya se podría tener la sentencia de primera instancia, esto en el caso que ya no sean presentados inconvenientes para seguir con el proceso judicial.

El inicio del juicio ya se había suspendido, ya que la defensa de Villalba había formulado una recusación contra el Tribunal de Sentencia que preside María Luz Martínez. Se destrabó ese proceso penal y el día 31 de mayo se convocó nuevamente a este juicio oral y público, donde ya formalmente se dio el inicio al juzgamiento.

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