El Ministerio Público lleva adelante la investigación y prosecución de innumerables causas las cuales tienen como protagonistas a exparlamentarios, políticos, representantes de poderes del Estado e incluso, una de las más polémicas, la que tiene que ver con el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. En un comunicado, dio detalles de estas investigaciones, ante cuestionamientos de medios de comunicación.

Con respecto a este primer caso, hay que señalar que el pasado 10 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobre este proceso penal y rechazó la recusación planteada por Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en el marco del proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Díaz Verón y su esposa recusaron el 23 de julio del 2021 a la doctora Sandra Quiñónez, a la fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, y a la fiscal del caso, Natalia Silva. El objetivo de la defensa fue que Quiñónez no pueda analizar la recusación que pesa sobre las dos agentes fiscales inferiores.

Díaz Verón fue acusado el 13 de agosto de 2019 por el fiscal Osmar Legal, por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. De acuerdo a la carpeta fiscal, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna que no se justificaba con sus ingresos económicos.

Hay que mencionar también que se encuentra pendiente en el Poder Judicial un recurso extraordinario de casación contra la resolución del Tribunal de Apelaciones para evitar la realización del juicio oral. Asimismo, la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad y el Ministerio Público presentó varios urgimientos en dicha causa.

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Con respecto a la causa de Ramón González Daher, por declaración falsa, la Fiscalía solicitó la auditoría del caso. González Daher está imputado por denuncia falsa en el marco de la investigación por apriete con cheques. La auditoría está pendiente en el Poder Judicial.

Tras la ampliación de la imputación por denuncia falsa y extorsión, la fiscal del caso solicitó sancionar a la defensa del imputado a causa de las chicanas planteadas solo con la intención de dilatar el proceso penal. La fiscal solicitó en 2 ocasiones una sanción para la defensa, atendiendo que ya se plantearon 10 incidentes.

González Daher fue condenado a 15 años de cárcel en un juicio oral impulsado por el fiscal Osmar Legal quien al momento de sus alegatos finales volvió a reiterar el pedido de prisión para el procesado. Sin embargo, el tribunal decidió mantener las medidas alternativas hasta en tanto quede firme la condena. Se obtuvo el comiso de bienes por 48 millones de dólares.

Hasta la fecha, la Fiscalía aguarda confirmación de la condena de González Daher y aún no se recibió la remisión de los antecedentes para investigar a su esposa y a otras personas más que estarían vinculadas a la causa. Respecto al caso de la esposa de Ramón González Daher, el Tribunal de Sentencia aún no remitió los antecedentes porque la sentencia aún no está firme. Actualmente los antecedentes estarían en la Cámara de Apelaciones por los recursos planteados por la defensa.

La Unidad Anticorrupción solicitó confirmar la condena a 15 años de cárcel para González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero. Fue en respuesta a la apelación de los sentenciados, quienes pretendían anular el juicio.

La extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo, José Costa Perdomo, fueron acusados por lesión de confianza en el marco de la investigación por la compra irregular de agua tónica en plena pandemia del COVID-19.

En noviembre de 2021, se suspendió la audiencia preliminar para ambos porque el abogado renunció a ejercer la defensa de la pareja. Luego, el 16 de diciembre de 2021, se volvió a suspender la audiencia, pues Costa Perdomo, pareja de Samudio, recusó al juez penal de Garantías Julián López por supuesta parcialidad manifiesta.

En febrero de 2022, una vez más se suspendió la audiencia preliminar. Los defensores de los acusados presentaron varios incidentes dilatorios que deberán ser analizados primeramente para luego llevar a cabo la diligencia judicial donde se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público. La Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petróleos Paraguayos por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones.

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Justo Pastor Cárdenas, extitular del Indert, obtuvo una condena de cuatro años en abril de 2021. Pero la fiscal Natalia Fuster, quien había solicitado la pena de 11 años, apeló la condena pues dentro del marco penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero la pena privativa de libertad puede elevarse hasta 15 años, sin embargo, el Tribunal de Sentencia no tuvo en cuenta el pedido. Con la condena, también se aprobó el comiso de bienes a favor del Estado por valor de G. 3.200 millones.

La Fiscalía obtuvo la resolución para un nuevo juicio para el análisis de la pena de cárcel del extitular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra que debió realizarse el 13 de setiembre de 2021 pero la defensa presentó un recurso de casación que está pendiente hasta tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dicte resolución.

El exdiputado Carlos Portillo fue imputado por el hecho punible de tráfico de influencia, el 9 de enero del año 2018 y acusado el 12 de noviembre de 2018 por la fiscal Liliana Alcaraz ante el Juzgado Penal de Garantías. Tras varias dilaciones de la defensa, finalmente, la jueza Cinthia Garcete resolvió elevar el caso a juicio oral.

Pero en todo este tiempo, se presentó un sinfín de dilaciones entre impugnaciones y apelaciones, una de ellas pendiente en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El caso se debe a una serie de audios que evidencian el supuesto tráfico de influencia en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná por parte de Portillo.

Sobre el caso Tomas Rivas, causa denominada “caseros de oro”, los 3 procesados fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Se trata de Nery Franco González, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero.

Ante la baja pena otorgada por el tribunal, el fiscal Anticorrupción, Luis Piñánez, apeló el fallo pues la Fiscalía había solicitado sean condenados a 4 años y medio de prisión.

Sobre el legislador, un tribunal de sentencia resolvió extinguir el proceso penal por presunta estafa que enfrentó el diputado colorado. El colegiado en mayoría sostuvo que el parlamentario reparó el daño ocasionado al Estado, por lo que no existe ningún otro impedimento para hacer lugar a la extinción del presente proceso y, por ende, el sobreseimiento definitivo.

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El Ministerio Público aclara que estos y otros casos se encuentran a mano de la ciudadanía en general, con todos los detalles de los estados procesales. A través de un comunicado, instaron a algunos medios de comunicación a acudir a las fuentes de la Fiscalía para enterarse sobre los diferentes expedientes fiscales.