El fiscal Leonardi Guerrero solicitó la pena de 12 años de cárcel para el exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible del Indert César Agustín González Parini, Ronald Guerrero, María Esther Leiva y Luis Gilberto Aguayo Ruiz, acusados por lesión de confianza y estafa, con un perjuicio patrimonial al Estado de G. 3.800 millones.
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la pena privativa de libertada de 10 años para Antonio Gayoso, la pena de 7 años de cárcel para las funcionarias del Indert Eulalia Cardozo e Irma Piñánez, y Sebastián Ortega. Mientras que para el acusado Armando Báez se pidió 6 años de cárcel.
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El fiscal señaló que luego del desarrollo total de las pruebas, finalmente se solicitó la pena privativa de libertad para los acusados como consecuencia de la calificación de hechos punibles de estafa y lesión de confianza, que finalmente fueron atribuidos a los acusados.
De acuerdo a la investigación fiscal, tanto la ONG Fundación Nación Guaraní como las organizaciones campesinas suscribieron diversos convenios con el Indert, representado por Marciano Barreto, para el fortalecimiento de la “Pequeña agricultura familiar campesina en materia de seguridad alimentaria”, donde se registró un perjuicio de G. 3.800 millones.
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Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza
Patricia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) y del primer anillo del expresidente Mario Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia de covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
El Ministerio Público había solicitado ambas penas para Samudio y su esposo y el tribunal de sentencia integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González así lo resolvió. Los fiscales Silvio Corbeta y Francisco Cabrera sostuvieron que se probó el delito de lesión de confianza en la compra irregular de agua tónica durante la pandemia.
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Acusación
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a la petrolera estatal.
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Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza
Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.
Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.
La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.
Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.
Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.
“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.
Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.
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Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
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Fiscal pide que proceso penal del senador Erico Galeano siga su curso normal
El fiscal Silvio Corbeta solicitó al juez Osmar Legal rechazar el incidente de excepción de falta de acción presentado por la defensa del senador Erico Galeano, procesado por lavado de dinero, quien pretende suspender el proceso penal por existir un impedimento legal que es el fuero parlamentario.
El juez ahora tendrá que resolver sobre si sigue o no el proceso penal por lavado de dinero contra el senador. En caso de que el magistrado considere rechazar el incidente, se podría apelar el presente fallo judicial y así será un tribunal de apelación el que tendrá que definir sobre el presente caso.
La Cámara de Senadores había restituido los fueros parlamentarios a Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Ante este escenario la Justicia tendrá que definir si el proceso penal para los parlamentarios deberá seguir su curso o se suspende porque los mismos cuentan nuevamente con fueros.
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Antecedentes
En el caso de Erico Galeano, desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, de su propiedad, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos ilícitos al extranjero.
El documento refiere que a cambio de la aeronave el legislador, supuestamente, habría recibido sumas de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes.
Por otra parte, según el acta de imputación, Galeano habría recibido aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.