Los integrantes del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes recorrieron los juzgados de Paz y de Garantías que se encuentran bajo la jurisdicción de la referida circunscripción con el objeto de hacer un relevamiento de datos y supervisión general. La actividad se enmarca en un pedido del ministro superintendente de la Corte Suprema de Justicia, César Antonio Garay.
El Consejo está integrado por el camarista Blas Ramón Cabriza, presidente; Gizela Palumbo, vicepresidente primera, y Víctor Hugo Ronzewski, vicepresidente segundo. Las visitas sirvieron para el relevamiento de datos de cada uno de los respectivos juzgados.
El Juzgado Penal de Garantías de Pozo Colorado, a cargo del juez Daniel Ledesma, fue el primero en ser visitado. Posteriormente se trasladaron hasta el Juzgado de Paz de la localidad de Río Verde, cuyo titular, juez Lino Carrillo, recibió a los señores magistrados informando acerca de todo lo actuado por su despacho hasta la fecha.
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Finalmente visitaron el Juzgado de Paz de Puerto Pinasco, a cargo del juez Rafael Martínez Palacios, y se dejó constancia de las buenas condiciones en las que se encuentra mediante la autogestión del mismo magistrado.
El secretario del Consejo de Administración, licenciado Rodney Albariño, elevó el informe pertinente con relación a la estructura edilicia, mobiliario, equipamientos informáticos faltantes y las condiciones sanitarias. Se verificaron además la correcta atención y el servicio eficaz de justicia que se ofrece a la comunidad.
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Senado argentino rechazó a jueces nominados a la Corte
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El Senado argentino rechazó ayer jueves las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara alta, donde cuenta apenas con siete escaños propios. Pero una amplia mayoría rechazó las aspiraciones.
En un comunicado, la presidencia explicó que “repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por (...) Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”. “Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso”, sostuvo el Ejecutivo.
De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado debe aprobarlos. El tratamiento de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que habían sido propuestos por Milei el año pasado, demoró por la falta de apoyo del Senado, que debe dar acuerdo a los nombramientos, aunque no tiene plazos para ello.
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En febrero el mandatario ultraliberal se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar “en comisión”, es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el período legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.
En ese marco la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de exfuncionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.
“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, dijo en el recinto Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto. “Si permitimos este mecanismo no vamos a tener más jueces, vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo”, dijo.
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La legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO, partido del expresidente Mauricio Macri), consideró además “inadmisible acompañar una Corte sin mujeres”. Entre las distintas causas en carpeta de la Corte Suprema, destaca el recurso de queja que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) elevó este lunes para que revise la sentencia en su contra por corrupción.
Kirchner recusó además a García-Mansilla bajo el argumento de que lo propuso el presidente, quien expresó públicamente que la también exvicepresidenta (2019-2023) “va a ir presa”, afirmación que consideró es “una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. La exmandataria, de 72 años, fue condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias.
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Senado aprueba declarar en emergencia el Chaco paraguayo por inundaciones
A propuesta del senador Orlando Penner, la Cámara de Senadores analizó y aprobó por unanimidad un proyecto de Ley que declara en situación de emergencia los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. La iniciativa fue presentada ante la grave situación que están pasando muchas comunidades chaqueñas por las constantes lluvias, que los deja prácticamente aislados.
La propuesta del senador Penner fue analizada sobre tablas, y para el efecto, el plenario se constituyó en comisión para dictaminar y plantear algunas modificaciones al proyecto. Tras un breve debate y la consideración de algunas propuestas para su modificación, el pleno aprobó por unanimidad y el documento, con media sanción, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
El senador Penner explicó ante sus colegas que la zona del Chaco, en toda su extensión, constantemente está dando de qué hablar, ya sea por problemas de extrema sequía, y en otros casos, como se vive actualmente, el problema de las inundaciones a causa de las constantes lluvias que se registran en esta época del año.
“En medio de estas cuestiones climáticos existen muchos problemas de salud que atender con urgencia, también hay problemas en educación, porque los niños y niñas están perdiendo días de clases. Pero, sobre todo, la alimentación y la salud no puede faltar a las comunidades nativas y chaqueñas”, comentó.
Agregó que una declaración de emergencia ayuda a evitar largos procesos burocráticos al Ejecutivo, para que la ayuda pueda llegar a las comunidades chaqueñas que están desesperados por contar con soluciones concretas. La declaración permite al Ejecutivo disponer que los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para que lleguen a la zona donde hay mujeres embarazadas, que no tienen salida a un hospital ni centro sanitario.
Designación presupuestaria
A su turno, el senador Natalicio Chase destacó que una declaración de emergencia es la herramienta que facilita al Estado paraguayo hacerse presente en el lugar que le necesite. Pero la forma de llegar más rápida a las comunidades más alegajas es asignarles los recursos necesarios a las gobernaciones del Chaco para que puedan llegar con mayor efectividad a las zonas más necesitadas.
Por ello propuso la inclusión a la propuesta de ley, la asignación presupuestaria por un valor de 5.000 millones de guaraníes a cada una de las tres gobernaciones del Chaco. También sugirió que, cumplido el plazo de tres meses, deberá rendir cuentas ante la institución pertinente sobre el uso de estos fondos.
El titular del Congreso, Basilio Núñez, comentó que está en permanente comunicación con los gobernadores, quiénes les mantiene al tanto de la situación que están atravesando; por lo que expresó su apoyo total a la propuesta.
El senador Sergio Rojas mocionó instar al Ejecutivo a la instalación de un aeropuerto en Bahía Negra, ya que de todas las ciudades chaqueña esta zona es la peor de todas, ya que actualmente existen dificultades para llegar ya sea por tierra, agua o incluso aire, al no contar con un aeropuerto. Pero, explicaron que este tipo de propuesta debe ser presentado a través de otro proyecto de Ley.
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Mafia de pagarés: JEM resuelve desafuero de jueces de Paz para que sean procesados
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió hoy jueves, durante la sesión ordinaria, hacer lugar al desafuero de los jueces de Paz Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y Natalia Garcete, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. El actual presidente del JEM es el ministro César Garay.
Con la determinación adoptada por el órgano juzgador de magistrados, la justicia ya podrá procesar penalmente a los tres magistrados por el delito de prevaricato. Los jueces Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú ya pueden avanzar en el presente caso.
De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.
El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.
El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.
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Mafia de pagarés: jueces deberán admitir imputación contra actuarios, ujieres y abogados
Los jueces de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazu, salieron sorteados para entender en el proceso penal que enfrentan 61 personas, entre ellas jueces de paz, actuarios judiciales, ujieres y abogados de firmas de cobranzas, en el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los citados magistrados deberán admitir la imputación del Ministerio Público y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si no presentan las garantías correspondientes podría ordenarse la prisión de los mismos.
El magistrado Estigarribia tiene a su cargo la imputación de los jueces de Paz, Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez. Mientras que el juez Otazú tiene la imputación de Liliana González, exjueza de Paz y de la actual jueza de Paz Natalia Garcete.
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Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenidos falsos y uso de documentos públicos de contenidos falsos. Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas.
También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora, cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados continúa con: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.