La Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), en colaboración con el Centro de Estudios en Regulación y Telecomunicaciones (CERTAL) firmaron un convenio significativo enfocado en la formación y capacitación de jueces y juezas en temas cruciales como la piratería y la ciberseguridad. Este acuerdo resalta el compromiso mutuo de ambas instituciones para fortalecer la justicia y la seguridad en el entorno digital.

“Para nosotros es muy importante como organismo internacional poder trabajar en el fortalecimiento de uno de los sectores más clave en el desarrollo de la sociedad y en el proceso de garantías para que los ciudadanos puedan defender sus derechos. La justicia es, a menudo, tanto el freno como el acelerador de los grandes procesos de la sociedad” dijo Pablo Scotellaro, presidente ejecutivo de Certal.

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Una justicia dedicada, desarrollada y fuerte es una condición sine qua non para el desarrollo de la sociedad. Esta asociación refleja la idiosincrasia del Paraguay, una sociedad impulsada por mujeres. La heroica mujer paraguaya levantó la patria después de la Guerra contra la Triple Alianza, un desastre histórico. Se ha forjado una patria por las mujeres. Cuando estuvimos con Su Santidad el Papa Francisco, junto al expresidente de Certal Carmelo Ruggilo, las palabras del Papa fueron: “Admiro a la mujer paraguaya porque construyó la patria”, indico.

Para Certal, crear este convenio es pensar en una política de Estado, una política continental en América Latina. Forjamos una alianza para formar a jueces, magistrados, fiscales y al poder judicial en general en toda América Latina.

El objetivo central de esta colaboración es capacitar a los magistrados en el uso de herramientas digitales y nuevos delitos, fomentando la cooperación con instituciones afines y el desarrollo de soluciones tecnológicas para una organización eficaz de las capacitaciones.

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El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, firmó el Decreto 1584, que reglamenta la Ley de Ham­bre Cero en las Escuelas.

El anuncio se dio por parte del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en una conferen­cia de prensa en la cual estuvo acompañado por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y varios gobernado­res e intendentes.

“Hemos logrado hoy ya emi­tir el decreto reglamentario de la ley de alimentación escolar, un primer paso determinante que hemos estado trabajando estos días y con eso arranca el gran desafío de llevar adelante esto”, anunció el minis­tro Tadeo Rojas, presidente del Consejo Nacional de Alimen­tación Escolar (Conae).

Las autoridades nacionales y locales se reunieron con el presidente Peña para abor­dar los principales puntos de la reglamentación de esta ley, que asegurará la alimentación de los alumnos en las escue­las y colegios. “En la reunión que hemos tenido con el presi­dente de la República, Santiago Peña, los gobernadores y algu­nos intendentes representan­tes, presidentes de consejos de intendentes de todo el país y los miembros del Conea, se tomó determinaciones muy impor­tantes”, refirió Rojas.

Entre las determinaciones tomadas en esta reunión se anunció el inicio de la dis­tribución de la alimenta­ción escolar con la nueva ley a partir de los primeros días de agosto.

“Entre ellas, el objetivo va a ser empezar la provisión de la ali­mentación escolar, práctica­mente es un hecho, conforme al calendario que llevamos aprobado hoy, que sea proveído a partir de los primeros días de agosto, después de las vaca­ciones de invierno”, informó el ministro Rojas.

Se determinó, además, ini­ciar con la distribución en 75 distritos de 7 departamen­tos, mientras que serán prio­ridad 22 localidades, según la reglamentación rubricada ayer miércoles.

“Se ha resuelto determinar, encarar el desafío en 75 dis­tritos. Existen 7 departamen­tos que hoy están priorizados dentro del sistema de protec­ción social; estos también tie­nen seleccionados 22 distri­tos, pero igualmente se han incluido 3 distritos de cada departamento”, indicó.

A través de un mate­rial audiovisual publicado en sus redes sociales, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció la firma del decreto 1524, con el cual se reglamenta la Ley del Aran­cel Cero y se establece su blin­daje en fondos y garantías en cuanto a la continuidad del programa.

“He firmado el decreto que reglamenta, blinda y garan­tiza el Arancel Cero. Desde el primer día en que planteé la ley Hambre Cero en las Escuelas, mi gobierno dejó bien en claro que no afecta­ríamos al Arancel Cero, sino, por el contrario, lo blinda­ríamos como nunca antes”, expresó el mandatario.

Corresponde al artículo 2.° de la ley 6628/2020, que esta­blece la gratuidad de los cur­sos de admisión y de grado en todas las universidades públi­cas del país, conocida como la Ley del Arancel Cero. Esto con su texto modificado en la Ley de Hambre Cero, garan­tizando así la continuidad del programa.

Por primera vez se utiliza la palabra ‘blindar’, al referirse al Arancel Cero, y es lo que imple­menta el decreto que firmé esta mañana. Quiero agradecer a nuestros jóvenes universita­rios, por el ejemplo que nos han dado en estos días, con mani­festaciones cívicas y respetuo­sas”, expresó Peña.

Destacó además el diálogo que fue promovido a través de las movilizaciones desarrolla­das, ante lo cual el mandatario afirmó estar convencido de que el futuro del país estará en bue­nas manos a través del involu­cramiento de más jóvenes, en articulación con las autorida­des nacionales.

“Vamos a proteger este bien tan preciado que es la edu­cación. Hoy, el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantías que nunca antes había tenido; juntos, seguire­mos haciendo el resurgir de nuestro país para que llegue a su destino de grandeza”, fina­lizó el jefe de Estado.

El decreto reglamentado por el Ejecutivo establece que serán considerados gastos priorita­rios los créditos presupuesta­rios asignados en los términos definidos en la Ley de Hambre Cero a las universidades públi­cas del país.

Las transferencias no podrán ser inferiores al 100 % de las solicitadas por cada una de las entidades. Esto sin men­cionar que tampoco debe­rán ser objeto de topes ni recortes presupuestarios y que el Ministerio de Econo­mía y Finanzas asignará el Plan de Caja mensual para las instituciones beneficiadas.Del mismo modo, el Minis­terio de Economía queda autorizado para realizar las modificaciones presupues­tarias, durante el Ejercicio Fiscal 2024, necesarias para el cumplimiento del decreto 1525, a fin de garantizar el Arancel Cero.

• HOY.COM.PY

La amnesia selectiva no es patrimonio exclu­sivo de políticos vete­ranos. Esta certeza es ava­lada por la diputada Johanna Ortega (Partido País Solida­rio, de Carlos Filizzola).

La legisladora se erigió en los últimos días en “estandarte” y portavoz de la postura contraria a toda enmienda y/o reforma constitucional. Invoca para ello su “temor” de que detrás de una eventual enmienda sobrevenga un plan reeleccionista, el cual hace muy poco defendía con puño y letra.

“La reelección no pretende alargar el mandato, sino reno­varlo. Por lo tanto, reelección y duración de mandatos son conceptos distintos”, decía una parte del comunicado firmado por Johanna Ortega, reproducido por el diario Abc, cuando estaba a favor de la enmienda constitucional para permitir la reelección.

Entonces, como se sabe, la izquierda liderada por Fer­nando Lugo pretendía tam­bién poder reelegir a un pre­sidente y consideraba que el planteamiento era sensato, legal y necesario.

¿Cuál es el factor radical que la hizo cambiar de posición? Es la pregunta que salta al tapete, y que interpela la con­tradicción en la que la dipu­tada Ortega incurre.