El tradicional Carnaval Encarnaceno es el evento más esperado del verano paraguayo, y dio inicio oficialmente a la temporada 2025 con un lanzamiento en Asunción, que se llevó ayer miércoles 8 de enero en La Matrix de ueno bank, que se erige como sponsor oficial de esta edición.

Con esto, ueno refuerza su compromiso con la cultura y las tradiciones nacionales, asegurando que el Carnaval Encarnaceno 2025 sea una experiencia inolvidable. Las fechas del evento ya están confirmadas y son el próximo 25 de enero, 1, 8 y 15 de febrero. Las entradas están disponibles en www.tuti.com.py.

La conferencia de prensa contó con la presencia de autoridades, organizadores del evento, y representantes de las comparsas, quienes informaron sobre de todos los atractivos que traerá esta entrega del Carnaval Encarnaceno, evento que atrae cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales que buscan disfrutar de una experiencia única llena de música, color y tradición.

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Enfatizaron que el Carnaval Encarnaceno es una celebración de alegría, cultura, y una plataforma que impulsa a la economía local. Comercios, hoteles, restaurantes y otros sectores de servicios se benefician directamente de este evento que, año tras año, se posiciona como un motor clave para el turismo y el desarrollo de Encarnación, la capital del departamento de Itapúa.

“Esta edición promete ser inolvidable, consolidándose como una experiencia que fomenta el turismo y enriquece la cultura. ¡Prepárate para vivir noches mágicas al ritmo de la samba!”, manifestaron desde ueno bank tras finalizar con el lanzamiento. Según datos oficiales, la edición 2024 generó un movimiento económico cercano a los USD 16 millones en la “Perla del Sur”.

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El ministro Gustavo Santander Dans, vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Constitucional, dio a conocer su informe de gestión correspondiente al período del mes de febrero al de diciembre de 2024. El documento destaca avances en eficiencia procesal, transparencia y accesibilidad a la Justicia, con resultados como la firma de 8.999 resoluciones, la realización de 1.750 audiencias y el cumplimiento del 100 % de firma de los documentos ingresados en el Consejo de Superintendencia.

El informe igualmente menciona que se tuvo el acompañamiento de los ministros de la Sala Constitucional, César Diesel y Víctor Ríos, subrayando la prioridad otorgada a la celeridad y el rigor en la resolución de casos de alta complejidad.

Durante la presidencia de la Sala Constitucional de la Corte del ministro Santander se destaca que durante el año 2024, gestionó con su gabinete un total de 8.999 resoluciones en expedientes, distribuidos en diversas etapas y funciones procesales como admisibilidad, autos para sentencia, integración de otras salas, entre otros. Como presidente de la Sala Constitucional, firmó un total de 2.586 actuaciones procesales que hacen al trámite de los expedientes entre providencias de autos, de mero trámite, oficios e informes y autos interlocutorios.

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En el documento se detalla que, durante el período mencionado, se firmó un total de 1.223 votos en estado de autos para sentencia, distribuidos en distintas categorías procesales. Entre ellos destacan 567 votos relacionados a actos normativos (64 pendientes) y 681 duplicados firmados, 192 resoluciones judiciales (25 pendientes) y 151 duplicados firmados, 134 excepciones (8 pendientes) y 111 duplicados firmados y 96 consultas (3 pendientes) y 137 duplicados firmados.

Además, se dictaron 104 resoluciones sobre regulación de honorarios profesionales (24 pendientes) y 97 duplicados firmados y 130 votos en causas tratadas en el pleno de la Corte Suprema, sin pendientes y con 16 duplicados firmados.

Durante el 2024, se estudiaron 5.952 expedientes en estado de admisibilidad, logrando resolver el 96 % de los casos ingresados (5.718 firmados), quedando pendientes únicamente 234 expedientes (4 %).

El estudio de admisibilidad, etapa crucial en el proceso, asegura que solo las acciones que cumplen con los requisitos legales sean admitidos para su trámite, ya sea para analizar la inaplicabilidad de normas que vulneren la Constitución, rechazar “in limine” aquellas acciones que no cumplen con los requisitos esenciales o atender excepciones de inconstitucionalidad en estricto cumplimiento del marco procesal. Este filtro inicial permite prevenir abusos procesales, priorizar casos con mérito constitucional y garantizar la validez de los recursos.

El ministro Gustavo Santander también participó activamente en la resolución de 301 expedientes provenientes de otras Salas de la Corte Suprema de Justicia, alcanzando un índice de resolución del 97 % de productividad.

Con relación a los casos de alto volumen, este gabinete gestionó 585 expedientes relacionados con el Artículo 41°, de los cuales firmó 564, alcanzando un destacado 96 % de resoluciones y quedando solo 21 casos pendientes, desempeño que demuestra el esfuerzo para abordar expedientes de gran complejidad y volumen con celeridad y rigor técnico.

El trabajo realizado por el gabinete del ministro Santander se basa en la transparencia, el rigor técnico y la accesibilidad, lo que hace que se fortalezca la gestión del alto magistrado.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la circunscripción judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, participó el viernes último del acto de habilitación de una oficina de atención psicológica para víctimas de violencia doméstica y violencia contra la mujer, además de un espacio recreativo destinado a los niños, como también de mejoras edilicias llevadas a cabo en el Juzgado de Paz de Ypacaraí.

El ministro expresó que la habilitación de esta oficina de asistencia a víctimas de violencia tiene una trascendencia fundamental para la comunidad. A su vez felicitó a la jueza de Paz de la localidad por esta loable iniciativa y al licenciado Mathías Giménez, quien estará a cargo de esta nueva dependencia, brindando la contención psicológica, como ya lo ha venido haciendo ad honorem.

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Indicó que “si hablamos de violencia familiar o intrafamiliar o de violencia contra la mujer, siempre ineludiblemente aparecen como víctimas los niños, aunque no lo sean de una manera directa o de forma física, probablemente lo sean de la manera más grave, en la parte psicológica”, por lo que esta iniciativa de brindar contención es de suma importancia, a fin de trabajar en las posibles secuelas que podrían dejar a las víctimas de este tipo de hechos, dijo el ministro.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, significó el valioso trabajo de contención a las víctimas en concordancia a la Ley n.° 1600/00 “contra la violencia doméstica” y en la normativa establecida en la Ley n.° 5777/16, “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, “porque sabemos perfectamente que en este tipo de situaciones es absolutamente necesario el apoyo de unidades técnicas y en este caso, el de la psicología y por supuesto de todo un equipo técnico para aquellas personas que acuden a denunciar estos hechos”.

La referida oficina está a disposición de las personas víctimas de violencia los días martes y jueves de 07:00 a 13:00 en el Juzgado de Paz de la ciudad de Ypacaraí.

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El presidente Santiago Peña firmó el decreto por la cual quedó promulgada la Ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República. Además, establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas.

Esta legislación fue planteada por el Congreso en las últimas sesiones y aprobada de manera urgente por ambas cámaras legislativas. Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garan­tizar la cobertura de seguri­dad en los centros peniten­ciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro peni­tenciario.

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A través de esta normativa se amplían ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema peni­tenciario.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó la celeridad con que el Congreso aprobó y sancionó este proyecto de ley, indicando que fortalecerá la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Públicas. Así como para mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.

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