“Realmente no es una situación conveniente para el Paraguay, pero es la reacción correcta”, dijo el experto energético Victorio Oxilia sobre la decisión tomada por el gobierno de Santiago Peña de suspender la revisión del Anexo C de Itaipú, ante el espionaje informático contra Paraguay que Brasil confirmó el lunes pasado en un comunicado, tras una publicación en un medio brasileño, y que se habría realizado entre junio de 2022 y marzo de 2023.

“Hay puntos que para nosotros son estratégicos y para el mercado eléctrico brasileño. Para ellos el tema de la energía es vital, tampoco le conviene una indefinición. La imprevisibilidad es lo peor que puede pasarle a Brasil, teniendo en cuenta que su mercado tiene una serie de autores privados y públicos, dijo Oxilia, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las decisión fue tomada tras ventilarse un supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional. El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Para los brasileños es muy importante tener una orientación sobre los temas energéticos. Este hecho (espionaje) ya está dentro de una investigación interna en el Congreso brasileño, está siendo evaluado por una comisión mixta denominada Control de las Acciones de Inteligencia del gobierno brasileño. El día de ayer, se instaló la nueva mesa directiva del parlamento y se discutió el tema”, comento.

Lea también: Regulación de concertaciones: “La oposición no quiere trabajar”, cuestiona apoderado de ANR

Oxilia manifestó que como, resultado del debate, los legisladores del vecino país, acordaron requerir el próximo 9 de abril informaciones oficiales a la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin) y a la Policía Federal. “Yo defiendo la idea de que es necesario continuar con la negociación. Si vamos a aguardar que esto se aclare, vamos a esperar demasiado tiempo y eso a nosotros no nos conviene. Realmente no se está llegando a un consenso en las negociaciones, el hecho de que se haya postergado varias veces, nos da esa señal”, refirió.

La preocupación del experto energético, surge debido a que en el transcurso de los próximos meses, Brasil se encontrará inmerso exclusivamente en las disputas electoralistas con miras a las elecciones generales del 2026. “Las cosas pueden quedar muy difíciles a futuro. El gobierno de Lula da Silva es bastante favorable en términos de negociación”, puntualizó.

Te puede interesar: Paraguayo Cubas acusa de divisores a opositores que no quieren participar de cumbre convocada por él

A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.

La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.

Te puede interesar: Detienen a un hombre que asaltó a una mujer que se dirigía a su lugar de trabajo

La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

Podes leer: Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira

La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

Leé también: Regulación de concertaciones busca evitar “una perversión del voto”, afirma senador

Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

Te puede interesar: Anexo C: negociaciones se paralizan hasta aclarar presunto hackeo de Brasil

La policía investiga un hecho de una toma de rehén del que fueron víctimas una mujer y su hija en la ciudad de Yaguarón. Aparentemente, los autores del hecho serían parte del clan Rotela, quienes estarían yendo detrás del esposo de la denunciante.

Según la mujer, fue perseguida por dos hombres fuertemente armados cuando llegaba a su vivienda en el centro de Yaguarón. Los mismos, tras asegurarse de dónde era su casa, regresaron a bordo de un automóvil y, a punta de armas de fuego, redujeron a la mujer y su hija por alrededor de una hora.

Los hombres la habrían golpeado y amenazado de muerte si pedía auxilio a algún vecino, ya que los mismos pretendían esperar a que llegara el esposo de la denunciante, identificado como Santiago Gómez. Los desconocidos aseguraron que el hombre tenía una deuda pendiente con ellos y que ambos serían parte del grupo criminal denominado clan Rotela.

Podés Leer: Boquerón: asisten a 400 familias aisladas por la crecida del río Pilcomayo

Al percatarse de que el hombre no iba a llegar, los desconocidos se retiraron de la vivienda y la mujer, aterrorizada, solicitó ayuda a transeúntes y luego acudió hasta la comisaría jurisdiccional. Según la pareja de la misma, quien se dedica a ser estibador en una finca vecina, él no tiene conexiones con ningún grupo criminal y no le debe dinero a nadie.

A pesar de esto, las autoridades comunicaron del hecho al Departamento de Investigaciones y desde el Ministerio Público se ha abierto una causa para investigar el trasfondo de lo ocurrido. La denunciante aseguró que teme por su vida y la de su hija, por lo que no descarta abandonar su hogar, ya que los hombres amenazaron con matar a su pareja o a ella si no cumplía con el pago de la deuda.

Lea También: Cáncer de cuello uterino es curable en el 95 % de los casos si se detecta a tiempo