La odontóloga Sandra Obertino, procesada por homicidio culposo por la muerte de una niña de 9 años, fue beneficiada con el arresto domiciliario. Foto: Gentileza.
Conceden arresto domiciliario a odontóloga imputada por muerte de niña de 9 años
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El juez penal de Garantías Mirko Valinotti decretó el arresto domiciliario de la odontóloga Sandra Obertino, procesada penalmente por el delito de homicidio culposo tras la muerte de Thirza Belén Portillo, de 9 años. La determinación del referido magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Asimismo, refiere la resolución que en caso de violar el arresto domiciliario, se revocará la citada medida y se ordenará nuevamente su prisión preventiva. Días atrás se confirmó la prisión de la imputada debido a que no ofreció la suficiente garantía para que pueda ser beneficiada con una medida menos gravosa que la prisión.
Según el acta de imputación, el 12 de noviembre del 2021, en el consultorio odontológico Mommy Dent, que no se encuentra habilitado por el Ministerio de Salud, ubicado en las calles Acahay 1030 casi Teniente Villalba, en el barrio Loma Pytã de Asunción, la odontóloga Sandra Obertino Leguizamón habría realizado un tratamiento de conducto dental a la menor de 9 años.
Los padres de la niña habrían abonado a Obertino la suma de G. 3.350.000 en concepto del tratamiento odontológico, ya que la odontóloga habría sido la encargada de todo el trabajo realizado a la niña; así también, habría formado parte del procedimiento el anestesiólogo de nombre Adrián Cayetano García.
A la niña le administraron sedantes y anestesia, y posteriormente a la sedación realizada, Thirza Portillo ya no habría despertado, produciéndose su muerte por paro cardiorrespiratorio secundario a shock anafiláctico en fecha 12 de noviembre del 2021, siendo las 11:00.
Asimismo, se cuenta con el acta del allanamiento de fecha 13 de noviembre del 2021 realizado en el consultorio mencionado, de donde se levantó del basurero una ampolla vacía y rota, con la inscripción Fornitil y de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social (IPS), medicamento que presumiblemente se habría utilizado en el procedimiento realizado a la menor por parte de Sandra Obertino y Adrián García.
Libertad condicional, arresto domiciliario o prisión aguardan al expresidente mientras sus abogados esperan prolongar la apelación más allá de las elecciones. Foto: AFP
Sentencia de Trump se dará el 11 de julio, ¿irá a la cárcel?
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El equipo del expresidente Donald Trump se prepara para presentar, en los próximos días, una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia que escuchará el exmandatario el próximo 11 de julio, en el comienzo de una ofensiva legal que podría culminar con una larga apelación, que podría acabar dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre.
Donald Trump no tendrá problema en mantener su candidatura a la presidencia a pesar de haber sido declarado culpable este pasado jueves por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros financieros para silenciar con dinero a la actriz de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como ‘Stormy Daniels’, sobre una relación sexual. Nada en la ley electoral estadounidense le obliga a retirarla y Trump, que se ha declarado en las últimas horas como “preso político”, víctima de una persecución, ni siquiera se lo ha planteado.
Sin embargo, tanto el magnate como su equipo tienen claro que la condena será empleada por sus rivales demócratas como una cuña para hacer mella en su campaña a la reelección, comenzando por el hecho de que Trump escuchará la sentencia del juez Juan Merchan el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes del comienzo de la gran convención nacional republicana que se celebrará en Milwaukee, al término de la cual será declarado formalmente como el abanderado del partido en la carrera a la Casa Blanca.
Por ello, el equipo de Trump busca primero mitigar el efecto inmediato de la condena del jueves con la presentación en los próximos días, de una propuesta de la condena que preferiría su cliente de entre las opciones que baraja el magistrado. La cárcel, sin quedar descartada -- cada uno de los delitos por los que ha sido condenado contempla una pena máxima de cuatro años entre rejas -- no parece probable dada la edad de ex presidente y su ausencia de antecedentes.
Parece más factible que Trump será sentenciado a libertad provisional o arresto domiciliario acompañados del pago de una multa. Sus abogados quieren aplazar la fecha de la sentencia con la probable presentación de una solictud de aplazamiento de la sentencia, porque en el momento en que el juez Merchan decida qué hacer con Trump, ocurra lo que ocurra el magnate ya podrá ser descrito formalmente como un “criminal convicto”.
La jugada legal más probable a corto plazo es que el equipo legal apele inmediatamente la sentencia que decida el juez Merchan, y que por lo tanto no entraría en vigor hasta que terminara el proceso de apelación. Los abogados del expresidente esperan el proceso se dilate hasta más allá de las elecciones de noviembre. De momento, su intención es la de disputar la futura sentencia ante el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York. Si esta corte confirma el dictamen de Merchan, sea cual sea, a Trump todavía le queda una última opción, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, la más alta instancia estatal a este respecto.
Cabe esperar que, durante estos procedimientos, los abogados de Trump empleen como instrumento de defensa que el proceso contra su cliente estuvo condicionado en todo momento por su imagen pública. “Todos y cada uno de los miembros del jurado conocían a Donald Trump, o como presidente, o como candidato o como presentador de ‘El Aprendiz’”, explicó a CNN su abogado, Todd Blanche, en referencia al conocido show presentado y producido por el magnate a principios de la década de los 2000. “Y nuestro sistema de justicia no está preparado para esta clase de casos, en los que todo el mundo que pisa el juzgado parece estar al tanto de cada minucia”, ha añadido.
El Tribunal de Apelación otorgó seis meses más de tiempo para investigar a dos exfiscales por recibir regalos del supuesto narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Foto: Jorge Jara
Fiscalía investigará por seis meses más a exfiscales por recibir regalo de supuesto narco
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La Cámara de Apelación otorgó seis meses más para seguir investigando a Hugo Volpe y Armando Cantero, imputados por cohecho pasivo, soborno agravado y otros delitos, por presuntamente beneficiar al supuesto narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. La nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo es el 1 de setiembre de este año.
El pedido del Ministerio Público fue para seguir recolectando información adicional, proveniente de las declaraciones de Sergio de Arruda Quintiliano Neto y María Alciris Cabral, ambos con domicilio en territorio de la República Federativa de Brasil.
Actualmente ambos procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión y a la espera del presente proceso penal. El juez del caso es Humberto Otazú, quien una vez que se presente el requerimiento conclusivo deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los dos procesados enfrentarán un juicio oral y público.
Imputación
Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia presentaron imputación por soborno agravado a Armando Cantero, por recibir una costosa lapicera y USD 10.000, del supuesto pez gordo del narcotráfico, Sergio De Arrua Quintiliano Neto, alias “Minotauro”. El exfiscal antidrogas, Hugo Volpe, fue procesado por cohecho pasivo agravado por recibir de coima una “pluma estilográfica y sus accesorios”, adquirida por G. 6.087.445, para archivar una causa contra el narco.
Estigarribia otorgó millonaria licitación a modesto jornalero de la municipalidad
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El representante legal de la contratista de varias obras en instituciones educativas de Villa Elisa adjudicadas por el exintendente y actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, de nombre Sergio Manuel Espínola era un modesto jornalero durante su administración que ingresó en los tiempos del hoy senador Líder Amarilla. La empresa funcionaba en propiedad del legislador y el joven que actualmente es funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar es el mismo que aparece como vicepresidente de inmobiliaria en una transferencia de inmueble denunciada como despojo, precisamente originada con una operación de préstamo de dinero que involucra al mencionado Líder Amarilla.
El actual gobernador liberal de Central, Ricardo Adolfo Estigarribia, convirtió en sus tiempos de intendente de Villa Elisa en próspero contratista de obras a un modesto joven jornalero de su municipalidad. Se trata de Sergio Manuel Espínola Villalba, que en planillas de la Función Pública registra cobros como contratado de la mencionada comuna durante la época de Amarilla como de Estigarribia, mientras en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas figura como representante que firmaba millonarios convenios por obras para instituciones educativas de la ciudad.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en propiedad de Líder Amarilla.
Aparece incluso cobro en concepto de ayuda social de Sergio Manuel por Resolución de fecha 10 de abril de 2017; sin embargo, el 19 de mayo de 2017, Estigarribia firmaba contrato de adjudicación directa por “urgencia impostergable” con el joven que por un lado recibía un subsidio económico de la Municipalidad de Villa Elisa de G. 450 mil y por el otro se alzaba con licitación de G. 1.300 millones como empresario contratista de obras.
Contrato adjudicado por el exintendente Ricardo Adolfo Estigarribia, actual gobernador de Central, a empresa Las Primas SA que funcionaba
en propiedad de Líder Amarilla, representada por Sergio Manuel Espínola Estigarribia, jornalero durante su administración que en esos tiempos percibía G. 1,8 millones de sueldo
Hoy día, Sergio Manuel es funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar donde, por cierto, tiene asignado un horario de 7:00 a 13:00, pero dicho por la responsable de Recursos Humanos de la institución, “suele llegar nomás luego a las 9:00 de la mañana”, aunque el día de ayer no apareció, ya que estuvimos en la oficina, pero no lo encontramos. El funcionario, además, no presentó declaración jurada de bienes, un incumplimiento relevante considerando que era el firmante de la empresa contratista de entes públicos a la que también se vinculan a Carlos Ramón Coronel y Neyde Amarilla, cuñado y hermanda de Líder Amarilla.
Pero la historia de Sergio Manuel en torno al político liberal Líder Amarilla no se reduce en la representación de la proveedora de la Municipalidad de Villa Elisa que operaba en propiedad del ahora legislador, quien por cierto pegó el salto a la fortuna tras sus pasos por la intendencia de esta ciudad, registrando en su haber compras multimillonarias de propiedades y constitución de sociedad anónima, etc. El joven aparece como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en escritura de transferencia de un inmueble denunciado como despojo por el concejal liberal de Itá Fidel León Sosa, a quien dicho por el mismo lo están por dejar sin casa.
Escritura de transferencia denunciada como acto fraudulento y en la que aparece Sergio Manuel Espínola, exjornalero proveedor, que fija domicilio en propiedad de Líder Amarilla.FOTO:
Según la denuncia del concejal León, el senador liberal Líder Amarilla le otorgó un préstamo de G. 250 millones, operación que tuvo como acreedora hipotecaria a Terranova Inmobiliaria SA, empresa que representada por Sergio Manuel realizó el protocolo de una transferencia en condiciones supuestamente engañosas de la propiedad del edil, pese a que este ya canceló su deuda con el legislador.
Nuestro equipo acudió a la Municipalidad de J.A. Saldívar para conocer la versión del joven que como parte de la mencionada inmobiliaria fija domicilio en propiedad de Líder Amarilla, pero el funcionario, al parecer, tiene un horario bastante privilegiado de su asistencia al trabajo. La funcionaria responsable de Recursos Humanos tuvo que darse a la fuga de la oficina al no poder justificar la ausencia y las rutinarias llegadas del próspero empresario de bienes raíces en las escrituras y empleado municipal contratado en planillas salariales de la Función Pública.
Ordenan arresto domiciliario de imputados por venta de cargos de IPS
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La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo decretó el arresto domiciliario de Fátima Patricia Agüero Stelhik y Fátima Adelaida González, imputadas en la causa que investiga la venta de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Ambas estaban privadas de su libertad pero con la resolución judicial las mismas van a abandonar la sede penitenciaria.
La jueza Pedrozo además dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado; la obligación de comunicar a este juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona y la obligación de comparecer a la audiencia preliminar.
Las imputadas están procesadas penalmente por estafa y asociación criminal por supuestamente pedir y cobrar sumas de dinero a cambio de contratos, recategorizaciones y hasta nombramientos dentro de la previsional, que de acuerdo a las investigaciones, afectó a miles de personas.
Además de las dos mencionadas están imputados José Manuel Agüero, Jorge Aquino Riveros, Zulma Villalba y Eduvigis Espínola. Los mismos fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público.
En el presente caso se llevó a cabo varios procedimientos donde se incautó de varios elementos de prueba que van a ser analizadas por el Ministerio Público.