El fiscal adjunto de la Unidad Antidrogas, Marco Alcaraz, fue contundente al señalar en conferencia de prensa que la Seprelad no participó, ni informó, sobre los movimientos financieros de los imputados o de sus empresas en el megaoperativo A ultranza Py. Alcaraz señaló que “las instituciones que trabajaron desde el 2019 en el presente caso fueron la Senad, Senabico y el Ministerio Público”.
Asimismo, el fiscal adjunto explicó que a partir de este jueves solicitarán informes a instituciones locales sobre registros en el sistema bancario, como ser transferencias, de los investigados. Además, se pedirá cooperación internacional que, a decir de Alcaraz, “requiere tiempo”.
En la presente investigación, el Ministerio Público solicitó la reserva de actuaciones, que le fue otorgada por la jueza del crimen organizado, Rosarito Montanía. Esto implica que, durante un periodo de 10 días, no se podrá brindar datos sobre los procedimientos que realicen los agentes fiscales dentro del operativo A ultranza Py.
Alcaraz relató que la investigación inició en el 2019 y que tiene en la mira a una organización criminal con asociaciones que le permiten compartir responsabilidades y mercados, para así poder legitimar el dinero que tenían como ganancia. “Tenemos que señalar que la droga es de Bolivia e ingresaba vía aérea a nuestro país, se buscaba exportar la sustancia de manera licita, simulando exportaciones de soja, trigo, carbón y otros”, indicó.
El representante del Ministerio Público puntualizó que los grandes cargamentos que se incautaron en Bélgica y Holanda, salieron de nuestro país simulando exportaciones y utilizando el comercio exterior para dicho fin. Alcaraz concluyó que tras los 10 días de plazo de la reserva de actuaciones se podrá compartir más información al respecto con toda la ciudadanía.
24 imputados
En el presente proceso penal, el Ministerio Público formuló imputación contra 24 personas por hechos punibles de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos. Con relación a siete imputados, esta tarde se realizará la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si se ordena la prisión de los mismos.