La jueza Cinthia Garcete concedió un hábeas corpus preventivo a Gladys Duarte, novia del supuesto narcotraficante Lindomar Reges Furtado, quien se fugó el martes pasado del Paraná Country Club. Así informó el diario La Clave de Ciudad del Este.
Igualmente, de acuerdo a los datos de varios medios de Alto Paraná, existirían varias personas que son buscadas por narcotráfico que contarían con resoluciones judiciales de hábeas corpus preventivo para no ser molestadas por las autoridades policiales.
El documento judicial que permite a Gladys Duarte, pareja del brasileño fugado del citado barrio cerrado, fue firmado por la jueza Cinthia Garcete en fecha 10 de marzo del 2020.
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Según los datos recabados por los intervinientes, en un vehículo de la marca BMW al mando de una ciudadana brasileña se encontraron los pasaportes de Lindomar al igual que el de su pareja Gladys Duarte. También se incautaron las resoluciones judiciales de hábeas corpus a favor de las dos personas.
Guardias imputados
Miguel Paniagua Mello y Eusebio Cáceres Benítez, guardias del condominio privado Paraná Country Club de Hernandarias, fueron imputados por el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, por el delito de obstrucción a la persecución penal.
Los dos fueron detenidos durante el allanamiento del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a una vivienda del condominio privado, en el marco de la Operación Turf, desplegada en Brasil y con ramificaciones en Alto Paraná, a pedido de la Policía Federal del vecino país.
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Fiscalía investigará por seis meses más a exfiscales por recibir regalo de supuesto narco
La Cámara de Apelación otorgó seis meses más para seguir investigando a Hugo Volpe y Armando Cantero, imputados por cohecho pasivo, soborno agravado y otros delitos, por presuntamente beneficiar al supuesto narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. La nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo es el 1 de setiembre de este año.
El pedido del Ministerio Público fue para seguir recolectando información adicional, proveniente de las declaraciones de Sergio de Arruda Quintiliano Neto y María Alciris Cabral, ambos con domicilio en territorio de la República Federativa de Brasil.
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Actualmente ambos procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión y a la espera del presente proceso penal. El juez del caso es Humberto Otazú, quien una vez que se presente el requerimiento conclusivo deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los dos procesados enfrentarán un juicio oral y público.
Imputación
Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia presentaron imputación por soborno agravado a Armando Cantero, por recibir una costosa lapicera y USD 10.000, del supuesto pez gordo del narcotráfico, Sergio De Arrua Quintiliano Neto, alias “Minotauro”. El exfiscal antidrogas, Hugo Volpe, fue procesado por cohecho pasivo agravado por recibir de coima una “pluma estilográfica y sus accesorios”, adquirida por G. 6.087.445, para archivar una causa contra el narco.
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Estigarribia otorgó millonaria licitación a modesto jornalero de la municipalidad
El representante legal de la contratista de varias obras en instituciones educativas de Villa Elisa adjudicadas por el exintendente y actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, de nombre Sergio Manuel Espínola era un modesto jornalero durante su administración que ingresó en los tiempos del hoy senador Líder Amarilla. La empresa funcionaba en propiedad del legislador y el joven que actualmente es funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar es el mismo que aparece como vicepresidente de inmobiliaria en una transferencia de inmueble denunciada como despojo, precisamente originada con una operación de préstamo de dinero que involucra al mencionado Líder Amarilla.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El actual gobernador liberal de Central, Ricardo Adolfo Estigarribia, convirtió en sus tiempos de intendente de Villa Elisa en próspero contratista de obras a un modesto joven jornalero de su municipalidad. Se trata de Sergio Manuel Espínola Villalba, que en planillas de la Función Pública registra cobros como contratado de la mencionada comuna durante la época de Amarilla como de Estigarribia, mientras en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas figura como representante que firmaba millonarios convenios por obras para instituciones educativas de la ciudad.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en propiedad de Líder Amarilla.
Aparece incluso cobro en concepto de ayuda social de Sergio Manuel por Resolución de fecha 10 de abril de 2017; sin embargo, el 19 de mayo de 2017, Estigarribia firmaba contrato de adjudicación directa por “urgencia impostergable” con el joven que por un lado recibía un subsidio económico de la Municipalidad de Villa Elisa de G. 450 mil y por el otro se alzaba con licitación de G. 1.300 millones como empresario contratista de obras.
Hoy día, Sergio Manuel es funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar donde, por cierto, tiene asignado un horario de 7:00 a 13:00, pero dicho por la responsable de Recursos Humanos de la institución, “suele llegar nomás luego a las 9:00 de la mañana”, aunque el día de ayer no apareció, ya que estuvimos en la oficina, pero no lo encontramos. El funcionario, además, no presentó declaración jurada de bienes, un incumplimiento relevante considerando que era el firmante de la empresa contratista de entes públicos a la que también se vinculan a Carlos Ramón Coronel y Neyde Amarilla, cuñado y hermanda de Líder Amarilla.
Pero la historia de Sergio Manuel en torno al político liberal Líder Amarilla no se reduce en la representación de la proveedora de la Municipalidad de Villa Elisa que operaba en propiedad del ahora legislador, quien por cierto pegó el salto a la fortuna tras sus pasos por la intendencia de esta ciudad, registrando en su haber compras multimillonarias de propiedades y constitución de sociedad anónima, etc. El joven aparece como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en escritura de transferencia de un inmueble denunciado como despojo por el concejal liberal de Itá Fidel León Sosa, a quien dicho por el mismo lo están por dejar sin casa.
Según la denuncia del concejal León, el senador liberal Líder Amarilla le otorgó un préstamo de G. 250 millones, operación que tuvo como acreedora hipotecaria a Terranova Inmobiliaria SA, empresa que representada por Sergio Manuel realizó el protocolo de una transferencia en condiciones supuestamente engañosas de la propiedad del edil, pese a que este ya canceló su deuda con el legislador.
Nuestro equipo acudió a la Municipalidad de J.A. Saldívar para conocer la versión del joven que como parte de la mencionada inmobiliaria fija domicilio en propiedad de Líder Amarilla, pero el funcionario, al parecer, tiene un horario bastante privilegiado de su asistencia al trabajo. La funcionaria responsable de Recursos Humanos tuvo que darse a la fuga de la oficina al no poder justificar la ausencia y las rutinarias llegadas del próspero empresario de bienes raíces en las escrituras y empleado municipal contratado en planillas salariales de la Función Pública.
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Otorgan medidas alternativas a la prisión a intendenta de Quyquyhó
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió medidas alternativas a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otras 4 personas imputadas por administración en provecho propio y asociación criminal por un presunto perjuicio de G. 338.595.000. La resolución se dio a conocer luego de la realización de la diligencia judicial.
Las medidas impuesta a la jefa comunal residir en el domicilio denunciado en el expediente ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, a pesar de ser intenta de una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros, la obligación de presentarse de forma mensual ante el juzgado, prohibición de cambiar de número de celular, obligación de presentarse a todas las citaciones que el Juzgado realice, prohibición de salir del país.
Asimismo, la imputada ofreció como fianza real un inmueble que pertenece al diputado Esteban Samaniego, procesado igualmente en el presente caso ubicado en Lambaré, cuyo valor es de G. 281.190.000, para el cual se trabó embargo preventivo hasta cubrir la suma de G 140.000.000.
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Imputación
Según los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000. Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
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Fiscalía tiene seis meses más para investigar al intendente Prieto
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por Arnaldo Fleitas, José Waldir Servín y Belén Agüero, hizo lugar a la prórroga de seis meses para seguir investigando al actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por el delito de lesión de confianza. El pedido fue solicitado por el fiscal del caso Silvio Corbeta.
El próximo 19 de enero, el Ministerio Pública debía presentar su acusación, pero como el presente caso es muy complejo, el fiscal pidió seis meses más de tiempo para poder cerrar la presente investigación. El jefe comunal esteño fue imputado el 19 de julio de 2023 por una supuesta compra ficticia de kits de alimentos para familias de escasos recursos durante la pandemia.
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Con la determinación adoptada por los integrantes del tribunal de alzada, el Ministerio Público tiene hasta el próximo 19 de junio para poder presentar su requerimiento conclusivo, que puede ser la acusación y el pedido de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público, o se pide una salida procesal para el imputado.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas, imputaron a Prieto luego de detectarse un presunto perjuicio patrimonial en la comuna esteña por un valor de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para las familias humildes durante la pandemia del covid-19, que en Paraguay aconteció desde marzo del 2020. Según la Fiscalía, la compra de los kits de alimentos se generó vía excepción y la firma beneficiada fue Tía Chela SRL.