El intendente de la ciudad de Itauguá, Horacio Fernández instó a sus colegas del departamento Central a aplicar el consenso en sus respectivos distritos con la finalidad de lograr candidaturas únicas rumbo a las elecciones municipales previstas para el año 2026. Agregó que mantener al Partido Colorado en el poder dependerá en gran parte de la conquista de municipios.

“El hecho de tener las intendencias, es un pulmón y una realidad que todos los dirigentes del departamento Central tienen que entender. Yo le mencioné a intendentes de otros distritos que ellos también traten de replicar el consenso en sus ciudades, sabemos que cada localidad tiene una realidad distinta, pero de las elecciones municipales depende el 70 % la victoria en los comicios presidenciales”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Fernández surgen tras mantener el pasado martes un encuentro con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes donde se anunció que nuevamente disputará por la jefatura comunal de Itauguá.

“Itauguá no es un pueblito donde encontrás 2.000 o 3.000 votos, es una ciudad donde se moviliza 15.000 a 20.000 votos para unas presidenciales”, dijo tras recordar que el Partido Colorado logró imponerse por primera vez a los partidos de oposición en las pasadas elecciones generales del 2023 mediante la figura del consenso.

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Fernández señaló que la intención de Cartes se centra en replicar el consenso en la mayoría de las cabeceras departamentales con el principal objetivo de recuperar aquellas intendencias que están en manos de la oposición como Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero entre otros.

“Él nos dijo que Itauguá es un modelo que quiere replicar en todos los departamentos. Hay ciudades donde estará un poco más complicado ya que hay muchos intereses en juego y muchos autores políticos fuertes, pero nos indicó que la idea es que en la mayoría de los distritos se pueda llegar a un consenso importante, si no es el 100 % por lo menos el 95 %. Entonces el camino es la unidad”, comentó.

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El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte ratificó que el origen de la ley mediante la cual fue creada la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es evitar la mala utilización de recursos dentro de las diversas cajas y así precautelar el aporte de los trabajadores de los distintos sectores.

“Lo que busca esta ley es evitar la lapidación de los fondos, no solo de la previsional, sino de cualquier fondo que exista en el país a través de un Consejo que es multidisciplinario en donde están los representantes del Estado y de los jubilados, trabajadores y empleadores. Esa fue la intención y el espíritu de la ley, lo cual está bien plasmado en varios principios que la rigen”, expresó.

Duarte manifestó que en la redacción de dicha ley participaron tanto los empleadores como las centrales obreras y lo que se busca es contar con un organismo regulador que pueda proteger las inversiones de los diversos fondos de pensión que existen en el país, y esto teniendo en cuenta que actualmente varias entidades como la Caja Municipal, atraviesan por complicadas situaciones financieras.

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“Lo que se busca es una diversificación de la cartera, pulverizar el riesgo en varios tipos de instrumentos financieros. Entendamos que la ley del Instituto de Previsión Social (IPS) ya data de los años 50 y ya le falta bastante modernidad para poder actualizar a las condiciones del mercado y los instrumentos financieros”, explicó a la 1020 AM.

La salud financiera de las diversas cajas es el objetivo de esta ley y uno de los logros de la misma es la creación de un Consejo de Seguridad Ejecutivo, que es el que va a proponer al superintendente y va a aprobar todas las gestiones de las entidades jubilatorias, indicó Duarte. Cabe resaltar que la Superintendencia aún no ha empezado a operar oficialmente, debido que la propia ley establecía un periodo para su implementación.

“En este momento está muy mediatizado el tema y dentro de lucha de sectores, me apena que esto ocurra porque entre todos estamos preocupados por la salud del IPS, que tenía dinero a la vista y eso no nos sirve para los diversos fondos, el dinero tiene que estar aplicado para poder sostener los fondos jubilatorios. Debemos aprender a discutir, a cuestionar lo que realmente es serio y no estar utilizando este tipo de situaciones de un lado ni del otro para descalificar acciones”, aseveró.

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El presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, mediante la dirección de asesoría jurídica presentó otra denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se abra una auditoría sobre el caso de préstamo hipotecario que lleva varios años sin llegar a su ejecución. Además solicitan que el caso sea resuelto, teniendo en cuenta que la demanda ya data del 2002.

El 3 de octubre pasado, el ente previsional había pedido también a la CSJ que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002.

El director de la asesoría jurídica del IPS, Dr. José González, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que la denuncia presentada ahora tiene que ver con la demanda de una ejecución hipotecaria por valor G. 6.657.504.067 iniciada en el año 2002 contra OMSA S.A (Administración e Inversiones S.A) sobre ejecución hipotecaria y prendaria expediente N° 689 AÑO 2002, que obra en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Secretaria N° 23.

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“Esta deuda es originada de una cesión de créditos hipotecarios de varias empresas, realizada por el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) a favor del IPS, según escritura pública nº 98 de fecha 11 de Agosto de 1997, pasada ante la escribana Gladis Esquivel de Cocco, cesión que fue debidamente notificada a los deudores cedidos en cumplimiento a lo establecido por la ley. Asimismo, los deudores por nota dirigida al IPS en fecha 21 de febrero de 2000 reconocen la suma reclamada en el presente juicio”, explicó.

Mencionó que durante el juicio se presentaron una serie de excepciones, así como también incidentes de caducidad, y desde el año 2014 se encuentra firme la providencia de “autos para resolver”, pendiente de resolución de las excepciones presentadas que fueron debidamente contestadas.

Indicó que el objeto de la demanda es cobrar la suma superior a G. 6.657 millones, caso contrario ejecutar la hipoteca, que está garantizada con varios inmuebles que se encuentran en la zona del Chaco y en zona de Ypané. Aún no tiene sentencia de remate, por lo que todavía no se procedió al remate de los bienes hipotecados y embargados en juicio, ante la desidia y mora judicial.

El asesor jurídico, explicó que este retraso en la ejecución hipotecaria motivó a solicitar la auditoría a la Superintendencia de la CSJ, a fin de deslindar responsabilidades, ante la eventual desidia de las anteriores autoridades del IPS, y que el resultado de esta auditoría se remita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“El expediente se encuentra pendiente de resolución de las excepciones de nulidad, inhabilidad de título y prescripción, planteadas por la firma OMSA S.A. desde el 22 de setiembre 2004, quedando pendiente de resolución desde el 9 de marzo de 2007, con la providencia de autos para resolver”, explicó.

Mencionó que desde entonces no se ha dictado sentencia. Sin embargo, señaló que en una verificación puntual realizada por el Departamento Judicial, notaron dos hechos relevantes que ameritan una investigación a los efectos de analizar la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e inclusive de los abogados de la Dirección Jurídica”, explicó.

Agregó que de acuerdo con la Nota N° 3004/19 de fecha 3 de junio de 2019, el director del Archivo General de los Tribunales remitió el expediente de vuelta al Juzgado, sin existir ninguna constancia o razón por la cual el expediente se remitió a archivo, y cuándo se remitió.

“Esto causó un gravamen en vista a que el expediente se encontraba en estado procesal: pendiente de resolución - de las excepciones presentadas desde el 2007, pero el expediente fue archivado por el Juzgado. No existen explicaciones legales, procesales ni administrativas para este acto de irresponsabilidad, que mantuvo en estado de suspenso los derechos de la institución. El notable retraso para la resolución del expediente es un tema, además, gravísimo y pasible de investigación, pretendiendo dilucidar quiénes son los responsables de este retraso que causa un importante perjuicio al IPS”, comentó.

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Este jueves, desde el Ministerio de Salud intervinieron y cerraron temporalmente la clínica Empe, por brindar servicios de asistencia médica, que no fueron declarados. Además, el servicio estaba en falta con pagos en cuanto a los aranceles anuales, sin embargo, una vez que regularice sus obligaciones, la empresa podrá volver a operar.

El abogado Enrique Román, de la Superintendencia de Salud, confirmó en entrevista con La Nación/Nación Media, que el pasado 23 de setiembre cerraron la clínica Empe, ubicada sobre Padre Casanello casi Félix Bogado, cuyo propietario es el doctor Víctor Buzarquis. Este local estaba habilitado para prestar servicio de ambulancia, pero no así de brindar atención médica.

“Empe está habilitada como empresa prestadora de servicios de salud y tiene dos rubros, uno el servicio hospitalario que compone una base operativa comunicacional y el servicios de ambulancia, por ese lado no hay problema. Aparte tiene una policlínica que está habilitada por el ministerio y actualmente están en falta administrativa por el no pago de los aranceles anuales”, confirmó Román.

Afirmó que atendiendo a la falta de pago es que intimaron y clausuraron el local. “Durante la intervención encontramos otra falta porque desarrollaban dentro de la clínica actividades, por ejemplo medicina laboral, inspecciones médicas e instituciones escolares, también atención domiciliaria, que no fueron declaradas. Negaron que estaban realizando, dijeron que era publicidad, pero no obstante para nosotros no aclararon”, resaltó.

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Román agregó que desde la empresa no presentaron ninguna nota y tampoco dijeron que no estaban atendiendo en la clínica, no hay una nota que conste la información que ellos dieron como negativa dentro de la fiscalización. “Ante esta situación correspondía clausurar en forma temporal hasta que ellos regularicen la situación”, refirió.

Puntualizó que la clínica debe realizar el pago cuando ellos puedan y que en ese periodo permanecerá cerrada. “Cuando encontramos que supuestamente venían ofreciendo actividades que no están declaradas, entonces eso constituyó una alerta, una llamada de atención para nosotros. Ahora cuanto más rápido ellos tengan, abonen sus obligaciones y presenten la documentación que se les requiere con respecto a la actividad médica que ofrecen y que desarrollan, entonces ahí se va a levantar la medida”, aseguró.

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