Dieron medidas alternativas a la prisión al exministro Dany Durand
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El extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Esto se da luego de haber sido imputado por presunta declaración falsa en el caso de los bienes afectados en los juicios sobre la quiebra de Mocipar.
Prohibición de salir del país, prohibición de cambio de número de teléfono y dirección particular, comparecer ante el juzgado y una fianza real de mil doscientos millones de guaraníes a ser presentada en 20 días, fue lo que solicitó la Fiscalía para Durand, medidas que fueron aceptadas por la jueza de Garantías Cynthia Lovera.
Según la fiscala Natalia Fúster, en setiembre del 2018 Durand presentó ante la Contraloría General de la República su declaración jurada de bienes y rentas como funcionario público. Luego, en setiembre del 2019 presentó otra declaración jurada de bienes y rentas rectificando la del año anterior, que contenía datos que no se ajustaban a la realidad de sus activos y pasivos patrimoniales.
Parte de la investigación tiene que ver con un inmueble ubicado en la ciudad de Ypacaraí donde Durand declaró la adquisición de una finca en el año 1994. Sin embargo, la Fiscalía comprobó que el inmueble en verdad fue adquirido en el 2018 a través de un contrato privado de compra venta de inmuebles, documento presentado por el propio Durand, sin certificación de firmas. “Lo más importante para el Ministerio Público, más allá del hecho en sí, es garantizar los bienes e intentar reparar el daño a las víctimas”.
Dany Durand renunció a su cargo en octubre del 2020, luego de comprobarse que organizó un escrache a los diputados que firmaron un proyecto de ley que ampliaba el artículo 8 de la Ley 3637/2008 que creó el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), que permite la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en los procesos de adjudicación de obras en el MUVH.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostiene que aún se encuentran pendientes resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias para esclarecer la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Foto: Gentileza
Fiscalía dice que es prematuro sacar conclusiones definitivas
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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
INFORME DE LA UNA
De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
Informe de CGR expone el apuro fiscal para blanqueo a Bataglia
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El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.
Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.
En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.
Vicente Bataglia, expresidente de IPS durante el gobierno de Abdo
Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.
El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.
UNO DE VARIOS EJEMPLOS
Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.
En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.
La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.
La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.
Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos
La agente fiscal Dora Nohl Recalde, intervino un inmueble ubicado en San Lorenzo, donde fue detenida una persona identificada como Arturo Miguel Mendoza Alfonzo. Foto: Gentileza
Detienen a una persona e incautan elementos de sospecha de fabricación de réplicas de chapas
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Una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente fiscal Dora Nohl Recalde, intervino un inmueble ubicado en San Lorenzo, donde fue detenida una persona identificada como Arturo Miguel Mendoza Alfonzo y se logró incautar elementos que estarán sujetos a la investigación referente a la producción de documentos no auténticos y otros.
Los intervinientes incautaron del lugar una calcomanía para la elaboración de chapas para vehículos tipo Mercosur, una réplica de chapa para motocicleta, calcomanías varias con la inscripción “Mercosur Paraguay” y escudos de la República del Paraguay, facturas de compra de chapa negra de la empresa “Metalsur” de la ciudad de Ñemby, cortes de chapas de metal utilizadas para la fabricación de chapas de vehículos apócrifas, además de otros dispositivos como: disco duro, CPU, DVR y aparato celular.
Acompañaron el operativo, el Departamento de Control de Desarmaderos de Vehículos y el Departamento de Control de Automotores - Sede Central. La orden de allanamiento fue firmada por el juez de Luque, Juan Rodolfo Pecci Oviedo.
Ahora el detenido debe declarar ante la citada representante del Ministerio Público, quien deberá presentar la imputación contra el detenido si se tienen los elementos necesarios. En caso de que presentase la imputación, luego el aprehendido comparecerá ante un juzgado penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado estará privado o no de su libertad.
Al llegar al sitio los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Foto: GEN
Luque: allanan vivienda que funcionaba como depósito de productos de contrabando
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Tras varias denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) una comitiva fiscal en compañía de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional allanó una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque, en la que funcionaba un depósito de mercaderías de contrabando.
Al llegar al sitio, los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Entre las mercaderías con mayor volumen estaban cajas de aceites, comida enlatada, budines, fardos de harina y de arroz, además de bebidas alcohólicas y yerba mate.
Durante la inspección la fiscal Myrian Rodríguez encontró que en el lugar también había una importante cantidad de bolsas tanto de papel como plásticas, que presuntamente se utilizarían para el reempaquetado de los productos para su posterior redistribución ya bajo otro nombre.
“Los propietarios manifestaron que algunas de las mercaderías cuentan con factura y otras no, y eso lo que estamos corroborando en estos momentos. Los responsables principales se exponen al hecho punible de contrabando, el cual se tipifica y castiga con una pena privativa de hasta 5 años”, indicó la agente del Ministerio Público en conversación con el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La fiscal mencionó que durante el allanamiento solo se encontraba en el lugar una persona que aseguró que el lugar sería un depósito, donde se reúnen todos los productos para su posterior distribución a otros comercios pequeños de la zona central.