El fiscal Néstor Coronel insiste en que el exministro del Interior Rafael Filizzola y otros acusados por lesión de confianza estén sentados en el banquillo de los acusados y apeló la resolución de la jueza Alicia Pedrozo, quien blanqueó de forma llamativa al exsecretario de Estado, cuya esposa es la senadora Desirée Masi, del Partido Demócrata Progresista (PDP), aliada del actual gobierno.

Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá la dura y difícil tarea de no ceder a posibles extorsiones para beneficiar a Filizzola, quien se pasó chicaneando durante varios años para quedar impune el caso conocido como comisarías, que ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado de G. 1.200 millones.

Lo llamativo del presente caso es que hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no dispuso la apertura de una investigación o una auditoría para saber dónde estuvo cajoneado el expediente judicial y la cantidad de chicanas presentadas por los abogados del exministro. En otros casos la máxima instancia actúa a tiempo, pero en el referido proceso se llamó a silencio. Además de Filizzola también fueron beneficiados con el sobreseimiento por prescripción Alejandro Candia, Juan Diego Fernández, Aníbal Gerardo Muñoz y Fernando Ángel Sokoda Giménez.

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La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010 el ministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.

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