Los abogados Jorge Rolón Luna y Osvaldo Bittar, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, denunciaron que el fallo judicial dictado por la sala constitucional de la Corte, que rechazó in limine (sin estudio del fondo del litigio) en un juicio civil donde se entregaron de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas de seguridad fronteriza a empresas off shore, es totalmente nulo porque el ministro Antonio Fretes resolvió su propia recusación violando el artículo 31 del Código Procesal Civil (CPC).
Asimismo, los referidos profesionales del derecho presentaron ante la citada sala una aclaratoria sobre la resolución judicial y a su vez formularon recusación contra los ministros César Diesel y Antonio Fretes. Es importante mencionar que el tercer integrante de la sala constitucional, César Garay, votó por admitir la acción de inconstitucionalidad contra las sentencias de primera y segunda instancia y estudiar el fondo del planteamiento jurídico.
También, los abogados mencionaron que la determinación de la Corte genera contradicción debido a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a la jueza civil Tania Irún por violar la ley de seguridad fronteriza y dicha destitución fue ratificada por los nueve integrantes de la máxima instancia judicial.
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El juicio civil trata del cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública, donde están en juego 310 mil hectáreas de tierra cuyo valor rondaría los US$ 500 millones. Rolón Luna explicó que para el estudio del mencionado caso en la Sala Constitucional habían recusado al ministro Fretes; sin embargo, este rechazó in limine su propia recusación para estudiar la causa, cuando ya estaba imposibilitado.
En la acción de inconstitucionalidad se solicitó la nulidad de dos resoluciones judiciales debido a que existen graves irregularidades que debían ser analizadas por los ministros e inclusive una de las partes solicitó que se televise la sesión de la sala constitucional y a su vez que se amplíe dicha sala debido a la magnitud del juicio y de lo que implicaría la seguridad jurídica y fronteriza de nuestro país.
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