El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar el enjuiciamiento sin suspensión de cuatro jueces de primera instancia de todo el país tras existir indicios de mal desempeño en sus funciones. Con la determinación adoptada por los integrantes del JEM, los jueces enjuiciados seguirán en sus cargos a la resulta de la presente investigación.
Los magistrados enjuiciados son: Blas Salvador Zorrilla, juez penal de Itapúa; Josefina Gunsett Melgarejo, jueza de primera instancia de Katuete; Ramón Alberto Florentín, juez de primera instancia de Curuguaty; y la jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho.
El JEM designó a los fiscales acusadores que van a seguir investigando, y dentro del plazo correspondiente se tendrá que presentar el requerimiento final; es decir, si amerita la destitución o alguna sanción para los magistrados enjuiciados. Asimismo, si no se encuentra ninguna irregularidad en la actuación de los jueces, se tendrá que solicitar la absolución de los mismos.
Participaron de la sesión del JEM Jorge Bogarín Alfonzo, actual presidente de dicho órgano; así como los demás integrantes: Mónica Seifart, Rodrigo Blanco, Enrique Bacchetta, Hernán Rivas, Fernando Silva Facetti, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.
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Estudio de RUN en Diputados: hay intención de subsanar la superposición de títulos
El proyecto de ley que crea el Registro Único Nacional (RUN) se encuentra entre uno de los puntos del orden del día de la Cámara de Diputados. El presidente de esta instancia legislativa, Raúl Latorre, sostuvo que esta normativa pretende subsanar la problemática de la superposición de títulos de tierras.
“Tiene que ver con el fortalecimiento del sistema jurídico que se plantea desde la lógica de la posesión de la tierra. Nuestro país vive en una paradoja”, expresó el legislador a los medios de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria de este miércoles.
Latorre manifestó que existe una gran paradoja, por un lado, cuenta con una de sus riquezas y fortalezas más grandes, la tierra y su fertilidad para la producción de alimentos, sin embargo, también existe una gran problemática de las titulaciones de tierra.
“Una de nuestras mayores riquezas, una de nuestras mayores fortalezas es nuestra tierra, la riqueza, la fertilidad, la productividad la tierra, el suelo paraguayo, pero este gran potencial que hoy hace que, a pesar de ser un poco más de 6 millones de habitantes y produzcamos alimentos para más de 100 millones de habitantes en el mundo, existe la paradoja de la superposición de títulos”, mencionó.
Agregó que esta superposición de títulos se da a consecuencia de un sistema desordenado que no genera calidad en cuánto a la claridad de la posesión de tierras, y con este proyecto se busca dar solución a esta problemática.
“Nosotros entendemos que el RUN, es un paso fundamental en un sendero, en un camino que busca ordenar la tenencia de la tierra y brindar seguridad jurídica al sector productivo o a quienes quieren apostar, a quienes quieren invertir en Paraguay”, apuntó.
Mientras tanto, sostuvo que espera que se pueda dar un debate sano para lograr avanzar en esta propuesta a fin de avanzar en un ordenamiento en lo que respecta a la tenencia de tierras en el país.
“Dentro de esa lógica se ha producido una serie de conversaciones, con los colegas, con actores del Poder Ejecutivo, con diferentes gremios asociados que están vinculados o relacionados de alguna manera, que van a ser afectados por esta ley y esperamos que esto pueda tener un sano debate y que podamos avanzar en cuanto al ordenamiento de la tenencia de la tierra y a la generación de seguridad jurídica”, puntualizó.
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Acusan por mal desempeño en sus funciones ante el JEM a dos camaristas
El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.
Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.
El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.
Acusación fiscal
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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Senado aprueba en general la creación del Registro Unificado Nacional
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia para trabajar juntos en un solo registro. Con 31 votos a favor la iniciativa fue aprobada y se procede al tratamiento en particular.
Este proyecto de ley tiene por objetivo modernizar el sistema registral y catastral, agilizar trámites y promover la transparencia en los registros físicos y jurídicos inmobiliarios del país. El RUN será un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
En la argumentación del proyecto se señala que este órgano tendrá a su cargo la gestión del catastro nacional y los registros públicos relativos a bienes inmuebles, cuya misión es garantizar la seguridad jurídica y agilizar los trámites registrales y catastrales través de la integración de la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Durante su tratamiento en el pleno el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, expuso la recomendación de la comisión asesora por la aprobación del proyecto “en atención a la eficiencia, economía, trasparencia y practicidad que traerá este cambio en todo lo que respecta el sistema registral y catastral de la República del Paraguay”.
El legislador agregó que se presenta como una respuesta integral para superar las limitaciones al actual sistema, estableciendo una única entidad que centralizará la administración de la información catastral y registral. “Con el RUN se busca optimizar la trasparencia y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, a reducir posibles duplicaciones y consolidar datos en un único sistema”, explicó.
“Órgano técnico y administrativo”
A su vez, el senador Silvio Ovelar explicó que el RUN será “un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial encargado del catastro y registros relacionados con vienes, actos y derechos. Absorbe las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento Agrimensura y Geodesia”.
La senadora Celeste Amarilla también expuso su postura a favor de la aprobación de esta iniciativa. “Me consta, y esto no es una cosa que yo suelo decir, que se han escuchado a los escribanos a los geógrafos, a los desarrolladores, a la asociación de usuarios de catastro y que se ha tratado de incluir la mayor cantidad de cambios que han solicitado”, indicó.
Agregó que este nuevo sistema será implementado recién el próximo año y podría tardar unos años más para mostrar resultados, sin embargo, destacó la necesidad de realizar un cambio. “Esto no vamos a ver enseguida, de hecho, que va entrar en marcha en un año, yo creo que van a pasar 5 o 6 años para que veamos si esto funcionó o no, pero de lo que yo estoy segura es de que algún cambio se tenía que hacer, se tiene que hacer. Es una necesidad que se ve hace mucho tiempo”, sentenció.
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Senabico lamenta el cese de investigación del caso Cabeza Branca
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.
“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.
García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.
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“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.
El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.