El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.

El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

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Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.

Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.

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El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.

González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.

Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.

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De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.

Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.

Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.

Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.

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“Yo estoy en el rubro del asfalto hace 22 años; fue bastante difícil competir con el expresidente Mario Abdo Benítez durante esos 5 años. Fue duro”, manifestó Silvia Niederberger, directora de Productos Paraguayos S. R. L. (Produpar). Sin el asfalto del dirigente político no había contrato de obras con el Estado, una condicionante no escrita en los papeles, pero que asegu­raba el negocio en el sustan­cioso ámbito de las licitacio­nes de rutas.

“Tuvimos la experiencia de que costaba vender a los clientes quienes nos referían que ellos debían comprar del presidente, sintieron como una obligación de comprarle”, manifestó la empresaria del rubro de la construcción en una entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo corroboró las versiones de que las firmas que accedían a ganar licitaciones en el gobierno de Abdo debían comprar asfalto de las empresas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S. A. (Aldia SA) y Creando Tecnología S. A. (Createc SA), donde el exjefe de Estado es el accionista mayoritario.

“Así es y no es dicho por mí, sino por cada uno de los clientes a quienes recurría para vender y escuchaba estás mismas historias siempre. Realmente en el precio puedo decir que siempre hemos competido por un dolar, el precio no era el problema, sino la presión por la obligatoriedad de comprarle al presidente, atado al cobro y a la extensión aveces de los contratos”,

Niederberger acotó: “Yo no tengo pruebas, pero en esos 5 años decían los clientes que firmaban un contrato de provisión y adjudicación. Esto era un problema grave porque los clientes tenían mucho miedo de comprar (a otras empresas competidoras) porque no cobraban”.

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La directora de la firma Produpar detalló que la firma Aldia S. A. tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a sus ventas, una vez que Abdo Benítez se instaló en el gobierno.

“Ellos llegaron a vender 10.000 a 12.000 toneladas al mes y yo llegaba a vender 2.000 toneladas al mes, pero antes no había esa diferencia de 5 o 6. Ellos llegaban a vender 2.000 toneladas y yo cerca de 1.200 toneladas al mes. Yo gané una licitación en el 2020, pero durante 4 años no me pagaron. En un tiempo largo no vendí nada, durante un periodo de 9 meses”, contó.

Agregó que durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania solo las firmas de Abdo Benítez lograban la adquisición de asfalto. “No podíamos comprar del mismo proveedor, porque es diferente que llame un ser humano normal a pedir provisión de asfalto a que llame el presidente de la República. Yo traje asfalto de Rusia mucho antes de la guerra”, indicó.

Las afirmaciones de la empresaria surgieron tras tomar estado público el lunes algunos resultados de la fiscalización impulsada por la Contraloría sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez. El análisis, elaborado con base en datos proporcionados por Ingresos Tributarios detalla un mecanismo financiero que podría estar vinculado a una evasión de impuestos por parte de las empresas del expresidente por un monto aproximado de USD 45 millones que fueron declarados como “reservas”.

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El excandidato a presidente Paraguayo Cubas enfrentará un juicio oral y público por los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia en carácter de instigador, amenaza de hechos punibles en calidad de autor, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales.

La resolución del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora se espera que se realice el sorteo del tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Cubas.

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La defensa de Cubas presentó varios incidentes durante el desarrollo de la audiencia preliminar, pero los mismos fueron rechazados por el juez José Delmás, quien decidió elevar a juicio oral y público el presente proceso penal. La defensa del procesado tiene la posibilidad de poder apelar los incidentes rechazados y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que evaluar y resolver si corresponde admitir o rechazar el pedido de la defensa de Cubas.

Los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, presentaron la acusación contra Cubas por varios hechos punibles y a su vez ofrecieron gran cantidad de elementos probatorios.

Cubas recuperó su libertad luego de estar primeramente recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, y después fue beneficiado con arresto domiciliario en un hotel céntrico y ya posteriormente obtuvo su libertad ambulatoria.

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