El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás se opuso a la suspensión condicional del procedimiento de la empresaria Liz Paola Doldán, procesada por evasión de impuestos y asociación criminal en el marco del caso conocido como megaevasión, donde se realizaban grandes negociados con celulares de alta gama. La mujer había sido sancionada e incluida en la lista negra por los Estados Unidos.
Ahora, con la resolución del citado magistrado será la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien deberá decidir si se ratifica en la acusación y pedido de juicio oral o se confirma la salida procesal solicitada por la defensa de la acusada.
El abogado César Alfonso, representante legal de la acusada y de otros procesados, planteó la suspensión condicional del procedimiento. Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera llamativamente estuvieron de acuerdo con la salida procesal a pesar de la gravedad del hecho.
Ante este escenario, Delmás, luego de verificar y examinar todo lo que se planteó en el desarrollo de la audiencia, decidió dar trámite de oposición a la irrisoria salida solicitada por la defensa de los procesados y ahora la Fiscalía General debe decidir si ratificar la acusación inicial de la fiscal inferior o está de acuerdo con la suspensión del procedimiento.
En el presente caso están procesados por evasión de impuestos y asociación criminal Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán, Reinaldo Páez Velázquez y Julio Vera Melgarejo.
El Ministerio Público sostuvo en su acusación que los acusados son accionistas de las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, y que entre los años 2017 y 2019 evadieron impuestos por más de G. 5.385.743.435. Otra de las empresas mencionadas en la acusación es P&D Import SA, representada por el acusado Páez Velázquez. En el caso particular de esta firma el Ministerio Público alega que se realizaron unas 35 transacciones comerciales de importación que generaron una evasión al fisco de G. 6.152.466.740 en concepto de IVA e Iracis.
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