La exviceministra de Tributación Marta González Ayala, quien en el año 2019 había querellado por difamación a la directora de ABC Color Natalia Zuccolillo y al periodista Juan Carlos Lezcano, volvió a presentar un urgimiento a la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole que no deje prescribir la causa penal cuyo juicio oral ya fue suspendido en ocho oportunidades, por las 19 chicanas sucesivas presentadas por los abogados Rodrigo Yódice, y César Coll defensores de Zuccolillo.

Por su parte el abogado querellante Jacinto Santa María, en su escrito señaló que “el expediente se encuentra en la sala penal desde el 23 de junio del año pasado, para la resolución del conflicto de competencia surgido luego de que Natalia Zuccolillo tras varios intentos fallidos lograra finalmente apartar del caso al juez de sentencia Elio Rubén Ovelar, en base a publicaciones que su mismo diario generó para ese efecto”.

Santa María señaló “queda muy poco tiempo para concluir el procedimiento y evitar que este expediente pase a integrar la lista de casos prescriptos por la acción chicanera de los acusados y sus abogados. Sería escandaloso que justamente estos acusados, quienes desde ABC atacan sin piedad al Poder Judicial por no actuar contra los chicaneros, logren finalmente la impunidad mediante el uso desvergonzado de los mismos recursos que cínicamente critican cuando son otros quienes los usan” manifestó el referido profesional del derecho.

Te puede interesar: Ratifican prisión de Bruno da Costa Amaral, supuesto proveedor de armas del EPP

Agrego que la utilización de chicanas para trabar procesos judiciales fue siempre criticada ácidamente por el diario ABC, “inclusive por medio de sus editoriales, llegando a calificarlas de vergonzosas; escandalosas, e inclusive de arma de delincuentes que se saben culpables”, como reza el titular de su editorial del 16 de mayo del 2019.

La exviceministra de Tributación, Marta González, querelló en setiembre de 2019 a la directora del diario ABC Natalia Zuccolillo y al periodista Juan Carlos Lezcano, por haberla acusado falsamente en reiteradas publicaciones de la supuesta comisión de irregularidades en el ejercicio del cargo, específicamente en lo referente a la adjudicación del contrato de actualización del Sistema Marangatu, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); acusaciones que fueron desvirtuadas tras una investigación de 5 meses de duración.

Podes leer: Tragedia en San Ber: Bogado Quevedo fue trasladado a la Agrupación Especializada