El abogado Ricardo Preda dijo que la Concertación Frente Guasu adeuda unos 2.000 millones de guaraníes a la entidad financiera a la que representa legalmente, por el préstamo realizado cuando la empresa aún estaba cons­tituida como una financiera. Manifestó que plantearán una acción legal ya que las personas físicas involucra­das desconocen la validez de sus firmas.

“Los demandados se presen­taron a plantear una excep­ción de falsedad y negaron que las firmas consigna­das en un pagaré les perte­nezca. Recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que se esclarezca”, indicó el abogado a la Radio 1020AM.

Luego el abogado Preda aclaró que los codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas no desconocen el crédito, sino la autoría de sus firmas. “Dicen que no firmaron el pagaré, en nin­guna parte argumentan que no hayan obtenido el crédito”, agregó Preda.

A pesar de que años atrás la entidad financiera les sir­vió para extraer recursos para la campaña electoral; sin embargo, ahora los diri­gentes de la oposición dudan de la solvencia financiera de la entidad.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.

“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.

En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.

Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.

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El diputado del Partido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) y dirigente político del departamento de Ñeembucú, Carlos Enrique Silva, había manifestado que contaba con pruebas fehacien­tes sobre una maniobra política realizada por altos referentes del efrainismo, con la finalidad de posicionar a sus precandida­tos a cargos electivos en los pri­meros lugares de las listas en las elecciones internas realiza­das el domingo 18 de diciembre. Al respecto, el parlamentario hizo mención sobre la existen­cia de una grabación que sal­picaba al ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víc­tor Ríos, fiel aliado político de Alegre, quien de acuerdo a las denuncias aún continúa ope­rando intensamente a pesar de las prohibiciones que le obliga el cargo dentro de la arena política, supuestamente ofre­ciendo cargos, dinero e impu­nidad.

De acuerdo a las afirmaciones de Silva, la jugada de Ríos para favorecer a los aspirantes del efrainismo no se limitaría solo a una presunta operación de compra de votos en el décimo segundo departamento, sino que se centraría a nivel nacio­nal. “Como diputado, voy a usar todos mis fueros para denun­ciar lo que sé. Estaré haciendo la denuncia formal y acercaré todas las grabaciones”, dijo Silva, el 16 de diciembre, al pro­grama “Así son las cosas” de Uni­vero 970 AM/Nación Media.

La diputada Roció Abed intervino durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja para plantear la necesidad de que se tomen medidas serias para evitar muertes en el distrito de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, donde el fin de semana último un grupo de indígenas atropelló una propiedad privada causando cuantiosos destrozos. La familia Torras atacada por encapuchados presentó la denuncia ante la Fiscalía y existe casi una veintena de detenidos.

“Hay víctimas, tanto los indígenas como los propietarios en esta situación y el victimario es el Estado”, afirmó Abed al calificar de “preocupante y acuciante” lo acontecido el sábado pasado en la citada localidad.

La legisladora altoparanaense cuestionó que las instituciones del Estado, tales como, el Instituto Nacional del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) “no se ponen de acuerdo”, para hallar una solución a la problemática. “Hay títulos tanto del Indi como del Indert que están superpuestos, no puede concebirse que en un gobierno, dos instituciones del Estado no se pongan de acuerdo”, lamentó.

Abed cuestionó que a pesar de los esfuerzos y los reiterados pedidos de solución, desde el Poder Ejecutivo no se le dio la atención debida a este problema, y pese a las advertencias hechas, se produjeron hechos de violencia.

“Estamos al borde, ¿qué esperamos, que haya un muerto para tomar la cuestión en serio?. Que de una vez por todas el Ejecutivo haga algo, por lo menos organizar una mesa de trabajo. El conflicto es grave, muy grave” alertó.

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Tras el ataque a la estancia de la familia Torras en la colonia Tape Yke, distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná, la Policía detuvo a Rafael Esquivel, más conocido como “Mbururu”, sindicado como cabecilla de la turba que causó destrozos y golpeó a los hermanos Torras durante un asalto a cara encubierta, a plena luz del día.

Los desconocidos encapuchados irrumpieron en el establecimiento y quemaron un tractor, además de golpear a los propietarios. Faenaron animales y causaron varios destrozos en la vivienda, según las evidencias publicadas en los medios de comunicación. Los hermanos Carlos y Pedro Torras, ambos sexagenarios, fueron salvajemente golpeados por los invasores, de acuerdo con la denuncia. Las víctimas fueron despojadas hasta de sus teléfonos celulares, según declaraciones de senadores que visitaron la zona para interiorizarse de lo ocurrido.

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