La agente fiscal Sandra Ledesma apeló la resolución del juez Enrique Sanabria, quien otorgó medidas alternativas a la prisión a Ramón González Daher, imputado por denuncia falsa en el marco de una investigación por aprietes con cheques.
Ahora será un tribunal de apelación de feria de Central el que tendrá que decidir si ratifica la determinación adoptada por Sanabria o revoca y ordena la prisión preventiva del imputado. La representante del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la resolución del citado magistrado por lo que solicitó al tribunal de alzada que González Daher sea privado de su libertad.
La agente fiscal indicó que el mismo tiene el perfil y los recursos para obstruir la investigación penal por lo que debe estar privado de su libertad para que se pueda realizar las diligencias que permitan sostener una acusación.
Ramón González Daher también está imputado por el robo de evidencias del Juzgado de Delitos Económicos de Asunción, por quebrantamiento del depósito y cuenta con una condena de 15 años de cárcel que se encuentra pendiente de confirmación en el Poder Judicial, tras ser apelada por la defensa del condenado.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Avión iraní: Fiscalía podría investigar a René Fernández por denuncia falsa
El Ministerio Público podría iniciar de oficio una investigación penal por el hecho punible de denuncia falsa contra exministro Anticorrupción René Fernández, quien años atrás denuncio sin fundamento, ni argumentos a la firma Tabesa sobre posibles conexiones con el terrorismo.
Esto fue desvirtuado por el Ministerio Público, quien investigó el caso por varios años y llegó a la conclusión que la firma Tabesa no se ha cometido ningún delito. Ante el escenario mencionado, la jueza penal de Garantías Lici Sánchez luego del análisis pertinente resolvió hacer lugar a la desestimación de la denuncia por no existir ningún vínculo con el terrorismo.
El artículo 289 del Código Penal Paraguayo donde se detalla sobre el delito de denuncia falsa refiere que el que a sabiendas y con el fin de provocar o hacer continuar un procedimiento contra otro le atribuyera falsamente, ante autoridad o funcionario competente para recibir denuncias, haber realizado un hecho antijurídico o violado un deber proveniente de un cargo público.
También refiere el citado artículo que “le atribuyera públicamente una de las conductas señaladas en el numeral anterior, o simulara pruebas contra él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”, indica el citado artículo.
DESESTIMACIÓN
La jueza de Garantías Lici Sánchez desestimó la denuncia que había presentado el entonces ministro Anticorrupción René Fernández quien recurrió a la Fiscalía con información falsa sobre el avión iraní y los negocios realizados por la empresa Tabesa, quien realizó operaciones comerciales con empresas de Aruba. El pedido para poder archivar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Cabrera La determinación judicial refiere que “los países involucrados confirman que la operación del vuelo se realizó con la debida autorización y cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y no se encontraron indicios de que la tripulación tuviera conocimiento o participación en actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo o su financiamiento”.
Asimismo, la magistrada indicó que durante la pesquisa se ha ratificado que la responsable de la empresa Tabacal Free Zone NV está registrada en la Cámara de Comercio y de Industria de Aruba, obviando informaciones y datos personales de la titular, pero que se encuentran debidamente individualizada en la documentación de referencia.
De mismo modo, Sánchez sostuvo que los documentos enviados por las autoridades de nuestro país, Argentina y Aruba no han revelado ninguna evidencia que permita determinar que la tripulación de la aeronave con matrícula venezolana YV3531 incurrió en conductas tipificadas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay, previstos en la Ley n.° 4024/2010 y su modificatoria la Ley n.° 6408/19 indica la resolución judicial.