El abogado Jorge Bogarín González, defensor de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y ahora en una nueva causa penal por hurto agravado y quebrantamiento de depósito por la desaparición de cheques de un juzgado, presentó un incidente de nulidad del acta de imputación y un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación.
A raíz de dicha presentación, la audiencia de imposición de medidas fijada para este jueves 13 de enero se suspenderá. La citada diligencia judicial se debería llevar a cabo ante el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla.
Por su parte, el juez Amarilla explicó: “Nosotros estamos señalando para mañana de tal manera de sustanciar, discutir el recurso de reposición planteado y en esa audiencia tendría que venir la fiscala (Natalia Cacavelos), el abogado defensor y escucharemos cuál es el agravio”, dijo el juez.
El 30 de diciembre del 2021, la fiscala Natalia Cacavelos presentó imputación contra Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y por el hecho de extorsión en calidad de autor. Además, la agente fiscal solicitó medida de prisión preventiva.
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A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para el pastor José Insfrán Galeano
El fiscal Deny Pak presentó acusación contra el pastor José Alberto Insfrán Galeano, investigado en el marco de la causa A Ultranza Py, y pidió que el proceso penal se eleve a juicio oral y público. El escrito se presentó ante la jueza del crimen organizado Rosarito Montanía, quien tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el caso pasa a la siguiente instancia.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para poder abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro de los puntos que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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Imputan a una persona por el hurto de 413 celulares de alta gama
La fiscal Laura Giacummo presentó imputación por hurto contra Pedro Damián González Caballero, por haber presuntamente sustraído 413 aparatos celulares de diversos modelos de la marca Samsung, de una firma de plaza en donde el imputado prestaba servicios. Igualmente se solicitó al juzgado penal de Garantía la prisión preventiva del imputado.
Ahora el juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se va a definir si se decreta la prisión o se hace lugar a la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Los antecedentes del caso señalan que entre los meses de junio y noviembre de 2024 González Caballero se desempeñaba como ayudante de logística en la firma GAFI S.A., en el depósito ubicado en la calle Tte. Fariña 1052 de Asunción, junto con otras personas.
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Supuestamente el imputado habría quitado 413 celulares que estaban siendo utilizados para exhibición, que se encontraban guardados en el lugar. Los celulares que estaban dentro de seis cajas fueron supuestamente sustraídos luego de que las mismas hayan sido forzadas.
González Caballero fue detenido por la Policía Nacional y se sospecha que el perjuicio total que habría sufrido la empresa en cuestión rondaría los G. 700 millones. Los investigadores lograron recuperar 27 celulares que estaban guardados en la casa de un vecino del imputado.
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El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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