El juez de Delitos Económicos, José Delmás, se opuso a que a que Diego di Stefano, acusado por tráfico de influencias por un supuesto pedido de US$ 2 millones al empresario Darío Messer, sea beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, por lo que será la fiscala general del Estado quien deberá decidir si corresponde que el acusado enfrente un juicio oral y público o se ratifica la salida procesal para el procesado.
El magistrado sostuvo en su resolución que “de las constancias de autos se desprende que por otra procesada se ha solicitado la suspensión condicional del procedimiento en el mismo sentido, por lo cual también se ha impreso el trámite de oposición previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal”.
Además están procesados José Bogado, exsecretario del exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, quien ya está para enfrentar un juicio oral y público, y Lorena de Barros Barreto.
El 2 de junio pasado, los fiscales de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera imputaron por tráfico de influencias a José Bogado, Lorena de Barros Cardozo y Diego di Stefano Mónaco, secretario de Juan Ernesto Villamayor cuando este se desempeñaba como ministro del Interior por supuesto pedido de coima a Darío Messer a través de sus abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, monto que sería de unos 2 millones de dólares.
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Juez se opone a blanquear a extitutlar de IPS y considera que podrían existir hechos punibles
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.
El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
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Asesor jurídico IPS
Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.
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Asesoría Jurídica de IPS califica de apresurado desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia
“Tiene que haber una sanción para aquellos administradores que desvían su comportamiento y manejan mal los recursos del asegurado”, manifestó el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González. Se refirió de este modo al cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia contra el expresidente de la institución Vicente Bataglia, investigado por lesión de confianza y estafa.
También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
“Nos sorprende este pedido, es apresurado que hayan llegado a esta conclusión. Nosotros tenemos una auditoría pendiente de fiscalización por parte de la auditora interna del IPS y el perito de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un elemento necesario que debe contar el Ministerio Público a fin de poder concluir su investigación y determinar si hay una conducta penal relevante”, manifestó González a la 1020 AM.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.
Recordó que la investigación fiscal contra Bataglia y sus excolaboradores inició en setiembre del 2023, tras la presentación de 3 reportes por parte de la Contraloría General de la República al IPS y al Ministerio Público donde se hacía mención de un perjuicio patrimonial.
Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, a través de un documento de 24 páginas, sostienen que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
González mencionó que de prosperar el pedido de desestimación aguardarán los resultados de la auditoría para requerir la “reapertura de la causa al existir hechos nuevos que ameritan que sean investigados”.
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Rechazan permiso para trabajar y ratifican arresto domiciliario de Luis Montanaro
La jueza penal de garantía Alicia Pedrozo rechazó el pedido de permiso para trabajar y ratificó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, procesado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen por presumiblemente filtrarse contenidos sexuales sin consentimiento.
La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que analizar y decidir si corresponde confirmar la resolución firmada por la jueza Alicia Pedrozo.
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Actualmente, Montanaro guarda reclusión domiciliaria en un edificio céntrico de Asunción. Asimismo se dispuso varias reglas de conducta, como la prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de acudir a la audiencia preliminar y una fianza real de G. 990 millones.
De acuerdo a la investigación, en fecha 10 de julio de 2024, Montanaro Bedoya habría compartido sin consentimiento a través de distintas plataformas de mensajería numerosas imágenes y vídeos de carácter sexual, presuntamente de su expareja.
Este hecho motivó que se realice la denuncia que descubrió el ilícito. La defensa del imputado puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la resolución de la magistrada de Garantías.
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Tío Rico irá a juicio oral y a prisión de máxima seguridad
El acusado Miguel Ángel Insfrán alías Tío Rico enfrentará un juicio oral y público por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Así lo resolvió la jueza Rosarito Montanía al elevar el proceso a un juicio.
La resolución de la jueza se dio a conocer luego de la audiencia preliminar que se realizó durante varios días. En el presente caso igualmente está procesado y también deberá enfrentar una audiencia preliminar el pastor José Insfrán.
Asimismo la referida magistrada ordenó vía oficio que Tío Rico sea trasladado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú. De esta manera, abandona la cárcel militar de Viñas Cué luego de varios años de estar privado de su libertad en dicha sede penitenciaria.
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak fue quien estuvo al frente de la investigación y solicitó que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
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Otros acusados en A Ultranza Py
Las nueve personas que enfrentarán juicio oral por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero son el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Conrado Insfrán hermano de Tío Rico, Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González Zárate, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Noelia Colmán y Alberto Koube Ayala.
Condena abreviada
Varios de los acusados por la Fiscalía lograron ser beneficiados con procedimiento abreviado y recibieron sus respectivas condenas por lavado de dinero y asociación criminal en calidad de autores. Las penas dictadas contra los citados más arriba van entre dos años y medio y tres años y medio.
Acusación
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado a Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participaron el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).