El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su última sesión del año, este miércoles decidió declarar inamovibles a 68 jueces, camaristas, fiscales, defensores públicos y síndicos. La máxima instancia judicial consideró que los nuevos inamovibles reúnen todos los requisitos para que puedan ser beneficiados con la estabilidad laboral.
Ahora la Corte deberá comunicar de la resolución al Consejo de la Magistratura para que la misma ya no pueda llamar a concurso los cargos mencionados más arriba.
Los magistrados declarados inamovibles son: Arminda Alfonso Martínez, Cynthia Judith Ramírez, Dora Benítez de Cuevas, Gustavo Ramón Chilavert, Hugo Manuel Garcete, José Agustín Fernández, Liduvina Otazú, María del Rocío Gossen, Judith Gauto, Miryam Felipa Meza de López, Odalia Bernal Recalde, Ramón Felipe Echeverría Rotela y Viviana Iluminada Portillo Pérez.
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Mientras que los fiscales que fueron beneficiados con la inamovilidad son, Carina Cerón, Edgar Torales, Héctor Velázquez, Lorena Ledesma, Luis Said, Marcelo Conigliaro, María Estefanía González, María José Pérez, Milena Basualdo, Mirtha Rivas, Perla Cáceres, Romi María Niss, Sandra Fariña, Teresita Torres, Viviana Patricia Riveros, Alfredo Ramos Manzur entre otros.
Asimismo los defensores públicos que lograron la inamovilidad son: Yolanda Analía Yinde Martínez, Gladys Leiva Fernández, Nilda Recalde Torres, Liz Paola Rivero Román, Lucia Beatriz Corvalán, Doris Elda Arias Ayala, Lourdes Mariela Amarilla Sanabria, Robert Acuña Silva, María Celeste Rojas, Diego Fabián Duarte, Diana Lugo, Raúl José Nogues, Andrés Javier Zilbervarg Giménez, Eliana Beckelman, Zulma Zárate, Anahí Benítez, Zully Ruíz Díaz y otros.
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Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación
En el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de 18 nuevos defensores públicos. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el vicepresidente primero, Gustavo Santander Dans; el vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón; y el ministro, César Diesel, además del defensor general Javier Esquivel. Las designaciones fueron realizadas mediante los decretos N.º 2975, 2976 y 2977, aprobados en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente año.
El titular de la máxima instancia judicial Benítez Riera instó a ejercer sus funciones con compromiso y dedicación, destacando la relevancia de su labor para garantizar un sistema de justicia accesible y equitativo. “Que este camino les sirva para seguir creciendo intelectualmente, así como también espiritualmente”, expresó el ministro Benítez Riera.
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Los nuevos defensores públicos que juraron en la fecha son: María Patricia Villalba, quien prestará servicio en la Circunscripción Judicial de Boquerón; Milagro Cynthia Fabiana Duarte Ayala, defensora pública de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete, defensora pública para Caaguazú, Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson, defensor público de Caaguazú, y Sheila Beatriz Duarte Romero, procuradora de Pobres y Ausentes, defensora del Menor.
La lista sigue con Ruth María Antonella Báez Paiva, defensora pública en lo Penal de Asunción; Rafael Antonio Leiva Falcón, defensor público en lo Laboral de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón, defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital, y Silvana María Delgadillo Vester, defensora pública en lo Tutelar del Menor de la Capital.
Igualmente juraron Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez, defensora en lo Correccional del Menor, Circunscripción Judicial de la Capital; Ricardo José Candia Vera, defensor público del Fuero Penal de Asunción; José Luis Roa Ayala, defensor público para Luque, Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández, defensora pública para Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, y Fernando Luis Alberto Benítez Martínez, defensor público para Pedro Juan Caballero y otros.
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Corte Suprema de Justicia designó a 18 nuevos defensores públicos
El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó en la sesión ordinaria de este miércoles a 18 nuevos defensores públicos que ocuparán cargos en diferentes circunscripciones judiciales de nuestro país. Igualmente, los ministros de la máxima instancia judicial fijaron para el próximo 21 de noviembre el juramento de rigor correspondiente a los nuevos designados del Ministerio de la Defensa Pública.
En la sesión de la fecha participaron los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, César Diesel; Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, César Garay, Víctor Ríos, y Manuel Ramírez Candia.
La primera designada como flamante defensora pública fue la abogada María Patricia Villalba, quien tendrá que cumplir funciones en la Circunscripción Judicial de Boquerón. La misma fue propuesta por el ministro César Garay y tuvo el acompañamiento de todos los altos magistrados.
También fue designada la abogada Milagros Cynthia Fabiana Duarte Ayala en carácter de defensor público de Encarnación, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete en carácter de defensor público para Caaguazú, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson en carácter de defensor público de Caaguazú, de Circunscripción Judicial de Caaguazú.
La lista de designados sigue con, Sheila Beatriz Duarte Romero en carácter de procurador de Pobres y Ausentes; defensor del Menor, Ruth María Antonella Báez Paiva en carácter de defensor público en lo Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital; Rafael Antonio Leiva Falcón en carácter de defensor público en lo Laboral de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón en carácter de defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital de la Circunscripción Judicial de la Capital.
También sigue con Silvana María Delgadillo Vester en carácter de defensor público en lo Tutelar del Menor de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez en carácter de defensor público en lo Correccional del Menor, de la Circunscripción Judicial de la Capital, y Ricardo José Candia Vera en carácter de defensor público del Fuero Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital.
Del mismo modo fue designado, José Luis Roa Ayala en carácter de defensor público para Luque, de la Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero – Circunscripción Judicial de Amambay; Fernando Luis Alberto Benítez Martínez en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero, de la Circunscripción Judicial de Amambay, y Mirian Elizabeth Cárdenas Yambay en carácter de defensor público de Carácter Nacional.
Por último, se designó a Ysidro Ramón Cuenca Paredes en carácter de defensor público en lo Penal del Segundo Turno de Hernandarias – Circunscripción Judicial de Alto Paraná; Wildo Rubén Pereira Suárez en carácter de defensor público para Saltos del Guairá – Departamento de Canindeyú – Circunscripción Judicial de Canindeyú, y Antia Andresa Martínez Gómez en carácter de defensor público para Ñeembucú, de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.
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Caso Bataglia: fiscales tienen 10 días para volver a examinar reportes de hechos punibles
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.
“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.
El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
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Asesoría Jurídica de IPS califica de apresurado desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia
“Tiene que haber una sanción para aquellos administradores que desvían su comportamiento y manejan mal los recursos del asegurado”, manifestó el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González. Se refirió de este modo al cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia contra el expresidente de la institución Vicente Bataglia, investigado por lesión de confianza y estafa.
También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
“Nos sorprende este pedido, es apresurado que hayan llegado a esta conclusión. Nosotros tenemos una auditoría pendiente de fiscalización por parte de la auditora interna del IPS y el perito de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un elemento necesario que debe contar el Ministerio Público a fin de poder concluir su investigación y determinar si hay una conducta penal relevante”, manifestó González a la 1020 AM.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.
Recordó que la investigación fiscal contra Bataglia y sus excolaboradores inició en setiembre del 2023, tras la presentación de 3 reportes por parte de la Contraloría General de la República al IPS y al Ministerio Público donde se hacía mención de un perjuicio patrimonial.
Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, a través de un documento de 24 páginas, sostienen que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
González mencionó que de prosperar el pedido de desestimación aguardarán los resultados de la auditoría para requerir la “reapertura de la causa al existir hechos nuevos que ameritan que sean investigados”.
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