El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la destitución por mal desempeño en sus funciones de Tania Irún, exjueza en lo Civil y Comercial de la capital, quien fue removida de su cargo por su actuación irregular al firmar un fallo judicial donde entregó 310.000 hectáreas de tierras a firmas offshore en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, Chaco.

Los altos magistrados rechazaron la reconsideración planteada por la exmagistrada y así confirmaron la remoción del cargo de Irún, quien deberá ejercer la profesión a partir de la fecha.

El ministro Manuel Ramírez Candia explicó que el fallo de la destitución de Irún está firme y que no fue suspendida por la sala constitucional, por lo que corresponde rechazar la reconsideración planteada por la exmagistrada. A este pedido se sumaron todos los ministros de la máxima instancia judicial.

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Días atrás, igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por unanimidad ratificó la destitución de la jueza Tania Irún al rechazar el recurso de reconsideración planteado por la misma. El 9 de noviembre pasado, el JEM, en mayoría, decidió destituir a Irún por la inobservancia de la ley al otorgar a empresas de maletín la cantidad de tierras citadas más arriba en el Chaco.

La exjueza Tania Irún fue removida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeños en sus funciones.

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Los que habían votado a favor de la remoción de la magistrada fueron los ministros de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera, el abogado Jorge Bogarín, el diputado Rodrigo Blanco y el diputado Hernán David Rivas. Mientras que los que votaron por la absolución fueron el presidente del JEM, Fernando Silva Facetti; el senador Enrique Bacchetta y Mónica Seifart.

Corte debe admitir acción

La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe admitir la acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, que recurrió a las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia donde se logró el despojo de 310.000 hectáreas de tierras a través de fallos judiciales irregulares.

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