La Defensa Pública asistió a 3.023 personas mayores, de enero a octubre de este año; el 64% de estas personas fueron atendidas en el fuero civil y en su mayoría se trata de juicios sobre insania, divorcio, usucapión y sucesión. Así revelan los datos procesados por la Dirección de Gestión del Área Misional (Digami) de la institución, a cargo del defensor adjunto Paublino Escobar.
La defensoría civil interviene brindando orientación jurídica ante consultas formuladas por personas carentes de recursos, las asesora y en su caso asume la representación judicial de las mismas. De igual forma, interviene en juicios de declaración de ausentes, interdicción e inhabilitación.
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Los casos más frecuentes relacionados a las personas mayores y atendidos por el mencionado fuero se refieren a demanda para asistencia alimenticia a mayores de edad o aumento de la misma. Generalmente, estos casos llegan a buen término a través de la mediación que brinda la institución, a través de sus 31 oficinas de mediación distribuidas en las distintas sedes del país.
La Defensa Pública busca la protección de los derechos de las personas mayores, especialmente las vulnerables. Las mismas forman parte de los sectores prioritarios de la Institución.
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Intendente de Ñemby ocupa vivienda de forma irregular y pretende apropiarse vía usucapión
El intendente de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo, junto con su esposa Bernarda Amarilla se encuentran en el centro de la polémica tras promover una demanda de usucapión con el presunto objetivo de adueñarse ilegalmente de un inmueble perteneciente a la señora Virginia Gómez, ubicado en la referida ciudad. La demanda judicial fue presentada ante el juez Javier Gómez, en la ciudad de Lambaré.
El referido magistrado realizó una constitución con la abogada Lucía Da Silva, hija de la verdadera dueña del inmueble que está ocupando presuntamente de forma irregular el actual jefe comunal de Ñemby.
Según consta en la documentación presentada junto con la demanda, la señora Amarilla no solo busca obtener la propiedad del inmueble ubicado en el municipio bajo la jurisdicción de su esposo, sino que también pretende adquirir la titularidad de la calle municipal contigua al mismo.
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El magistrado, ante esta situación, ordenó la constitución del juzgado para el día de hoy 15 de abril de 2024, a las 14:30, con el fin de verificar la situación de los ocupantes precarios del inmueble en cuestión, así como determinar la naturaleza y ubicación de dicha ocupación.
La comitiva judicial no pudo ingresar al inmueble de la señora Gómez, pero la representante legal de la propietaria sostuvo que volverán a pedir otra constitución al sitio bajo apercibimiento de que si no dejan ingresar a la propiedad se pedirá la intervención de la fuerza pública para la realización de la citada diligencia judicial.
El intendente de Ñemby presentó una demanda de usucapión con el objetivo de poder adueñarse del valioso inmueble y a su vez quedarse con una parte de una calle de la mencionada localidad.
La abogada Lucía Da Silva, hija de la dueña del inmueble, sostuvo que “se tiene toda la documentación legal que respalda la titularidad de mi madre en el inmueble que está ocupando el jefe comunal”.
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¿Cuánto cuesta divorciarse en Paraguay?
Por: Karen Martínez.
El proceso de divorcio en Paraguay implica una serie de pasos legales y financieros que pueden variar dependiendo de varios factores. Para tener una idea un poco más precisa, conversamos con Ygnacio Sánchez, abogado y especialista en esta área, y él nos señaló, los costos de inversión, los lapsos de tiempos y qué se necesita para arrancar con estos trámites.
Lo primero que se debe saber es que todo puede fluctuar en función del tipo de divorcio que se promueva. Actualmente, el código positivo paraguayo contempla dos figuras principales: el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio a petición de una sola parte, también conocido como divorcio controvertido.
Hablando sobre los costos, Sánchez señaló que “el promedio de inversión del divorcio por mutuo acuerdo es de USD 700, mientras que el divorcio a petición de una sola parte tiene un costo promedio de USD 1.000″. Además, añade que si se opta por el régimen ganancial, se deberá sumar USD 550 adicionales a la inversión total.
En cuanto al tiempo que lleva completar el proceso, Sánchez explica que “Como abogado me dedico a agilizar el procedimiento, ya que en varias ocasiones es una de las peticiones principales de los clientes, podemos lograr que el divorcio por mutuo acuerdo se finiquite en tan solo 1 mes, mientras que el divorcio a petición de una sola parte puede tardar aproximadamente 3 meses”. Sin embargo, advierte que ciertos factores pueden retrasar el proceso, como los plazos procesales más largos en casos de divorcio unilateral o la necesidad de promover primero la disolución conyugal.
El papel del abogado es fundamental en este proceso, ya que su asesoramiento y patrocinio son esenciales para garantizar que el procedimiento se lleve a cabo de manera eficiente y legal. Además, muchas firmas jurídicas, como YC Gestiones, ofrecen servicios adicionales como la contención psicológica por parte de profesionales del área de la salud mental, reconociendo la sensibilidad de la situación.
En casos donde existen disputas sobre la custodia de los hijos o la división de bienes, se promueve el juicio de régimen de relacionamiento, donde ambas partes deben llegar a un acuerdo que priorice el interés superior del niño.
Finalmente, Sánchez ofrece algunos consejos para quienes están considerando un divorcio, ‘‘Lo primordial es asegurarse de contratar a un abogado especializado y experimentado, reunir todos los documentos relacionados con el matrimonio y establecer una comunicación abierta y honesta con el abogado para abordar cualquier preocupación legal’', acotó.
El proceso de divorcio en Paraguay implica una inversión financiera y un compromiso de tiempo significativos, pero con el asesoramiento adecuado y los servicios especializados disponibles, puede ser gestionado de manera eficiente y respetuosa con las necesidades de ambas partes involucradas.
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Defensa Pública incorpora a personas mayores como voluntarias
Entre las corridas de funcionarios y las personas que acuden a solicitar apoyo de Defensa Pública, sede de Pilar, Ñeembucú, se destaca una tranquila pero segura mujer, colaborativa y entusiasta, quien toma muy en serio su trabajo, pero que siempre regala un buen trato a quienes acuden en busca del servicio público, a sabiendas, por la experiencia, que llegan hasta la institución quienes cargan en sus espaldas graves problemas que angustian su vida y la de su familia.
Ella es doña Olga, quien a sus 82 años es la primera persona mayor voluntaria de la institución. De esta manera el Ministerio de Defensa Pública promueve la valorización de las capacidades y la experiencia de las personas mayores incorporándolas para prestar servicio público voluntario en cualquiera de sus sedes. Para la implementación de esta política de cumplimiento de los derechos de las personas mayores, la defensora general Lorena Segovia emitió una resolución que “aprueba la implementación de un sistema de voluntariado que involucra a personas mayores en diversas actividades y prestación de servicio en calidad voluntaria”.
La ministra Segovia manifestó que lastimosamente existen estereotipos discriminatorios contra las personas mayores en nuestra sociedad y que esto afecta negativamente su bienestar, por ello, desde la Defensa Pública se tomaron las medidas para brindar a las personas mayores la oportunidad de desarrollar un servicio público voluntario.
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En dos años se presentaron casi 15.000 juicios de divorcio en todo el país
Durante los años 2022 y 2023 se presentaron un total de 14.630 juicios de divorcios a petición de parte y mutuo consentimiento, así revelan los datos dados a conocer por la Dirección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a la información obtenida, durante los años 2022 y 2023 se registraron un total de 6.807 juicios de divorcio a petición de parte, lo que refiere que una sola persona tiene la intención de disolver la disolución conyugal. Mientras que en el mismo periodo se han iniciado un total de 7.823 juicios de divorcio por mutuo consentimiento, lo que implica que ambas personas decidieron separarse de común acuerdo.
Durante el año 2022 se registró un total de 3.618 juicios de divorcio a petición de una sola de las partes. Asimismo en el periodo del 2023 se presentaron 3.189 juicios.
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En el juicio de divorcio de mutuo consentimiento se fija una fecha que no pasa los 30 días una audiencia a cada parte. En la referida diligencia judicial la pareja se presentara ante el juez a ratificarse de su decisión de concluir con el matrimonio.
La única condición para que en esa audiencia se utilice el método para que la sentencia se dicte ese día es que el oficio que disuelve la sociedad conyugal haya sido previamente inscripto en los registros públicos. Así, en la diligencia separada para cada parte, también está el fiscal en lo Civil y Comercial.
La resolución judicial es notificada a las dos personas. Posteriormente se libran los oficios para que el divorcio sea inscripto en el Registro del Estado Civil de las Personas. Mientras que los juicios de divorcio a petición de parte se litigan e incluso puede durar varios años debido a que podrían estar en juego intereses de la comunidad conyugal.
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