La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez dispuso la apertura de una causa penal y la asignación de dos agentes fiscales que intervendrán en la investigación fiscal sobre el supuesto esquema de inversiones fraudulentas, que en el mundo de los negocios se conoce como Esquema Ponzi.
Los agentes fiscales de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia tendrán a su cargo la indagación de los hechos con relación a la presente causa, que se detectó en la ciudad de Encarnación y que tendría como víctimas a varios y reconocidos empresarios, con un perjuicio que ronda los 70 millones de dólares.
El Ministerio Público recibió por la noche de ayer miércoles el informe oficial remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acerca de este supuesto esquema de inversiones fraudulentas. El documento fue derivado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para su análisis.
Hace días comenzó a circular una extensa lista de potentados y reconocidos empresarios que habrían sido afectados por el mencionado esquema, que tenía como promesa una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado. Pero el sistema cayó y empezaron a darse juicios de privación de eficacia de los cheques diferidos. Las víctimas denunciaron ante la Justicia para que los bancos no lleguen a proceder al pago de estos cheques.
El Esquema Ponzi toma su nombre a un sistema de estafa realizado por un italiano llamado Carlo Ponzi, que en 1920 engañó a numerosos ahorristas de Estados Unidos al prometer supuestas ganancias por la inversión en cupones de respuesta internacional de correos.
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Caso Pecci: definieron su hoja de ruta común
Los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia realizaron ayer una reunión virtual con el objetivo de definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. La sesión fue coordinada por el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y su homóloga colombiana, Adriana Mercado.
Esta reunión técnica surgió como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada por medios virtuales el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambas fiscalías definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
En la reunión previa, los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el viernes 20 de setiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI. El fiscal antimafia Marcelo Pecci fue asesinado a los 45 años, a tiros por sicarios colombianos en una playa privada de Barú (Colombia), el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba de vacaciones y de luna de miel.
Cabe recordar que el pasado miércoles se informó que la titular del Ministerio Público de Colombia, Luz Adriana Camargo, había designado al fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza para dar continuidad a las investigaciones en torno al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reemplazará a su colega Mario Burgos y cuenta con una “amplia y exitosa” trayectoria en investigación criminal.
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Caso Pecci: fiscales de Paraguay y Colombia definieron hoja de ruta
Este sábado, los equipos fiscales de Colombia y Paraguay mantuvieron una reunión virtual en todo el caso del asesinato del agente del Ministerio Público paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, específicamente en la playa de Barú.
El encuentro se realizó bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su homóloga de Colombia, Adriana Mercado, quienes se conversaron de forma virtual junto con los miembros de los equipos técnicos y fiscales de ambos países, según informaron desde la Fiscalía General del Estado de Paraguay.
Se trató de una reunión técnica que surgió como derivación del encuentro de ambos fiscales generales y sirvió para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.
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Hay que recordar que los fiscales Generales de Paraguay y Colombia, mantuvieron también un encuentro virtual el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos Ministerios Públicos definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
La sesión de este sábado entre los técnicos y los fiscales sirvió para intercambiar informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI. Además, acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto.
Asimismo, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional. La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Copaco reafirmó ante la Fiscalía denuncia contra gestión anterior
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) reforzó una denuncia formal, previamente presentada ante la Fiscalía, relacionada con posibles irregularidades cometidas durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay S.A. (VOX) y presuntas violaciones a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, en “su compromiso con la transparencia y el resguardo de sus recursos”.
El presidente de Copaco, el economista Óscar Stark, junto con el representante legal de la entidad, el abogado Rodrigo Lezcano, se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el Ministerio Público, el 6 de setiembre, con el objetivo de reforzar la denuncia y explorar acciones adicionales que podrían llevar a una resolución más contundente del caso. Se discutieron estrategias para asegurar que la investigación avance de manera efectiva y se tomen las medidas adecuadas para resolver la situación.
La denuncia, que ya está en curso de investigación, se encuentra en proceso de ampliación conforme se obtienen nuevos detalles de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. “La administración actual de Copaco reafirma su compromiso con la transparencia y continúa colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas legales necesarias”, indicaron desde el ente a través de un comunicado de prensa.
Además, durante la reunión se abordaron las constantes perturbaciones a las instalaciones de telecomunicaciones de Copaco. Estas perturbaciones, que afectan la calidad del servicio ofrecido, están siendo investigadas para identificar a los responsables y garantizar la protección de la infraestructura de telecomunicaciones de la compañía.
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