Poco antes del medio día de este miércoles, el Ministerio Público emitió un comunicado para aclarar a la opinión pública que no recibió ningún informe oficial sobre un supuesto esquema de inversiones fraudulentas. Así lo señalaron desde el departamento de Prensa de la Fiscalía, desmintiendo las expresiones del titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quien divulgó más temprano la supuesta remisión del documento.

“El Ministerio Público no ha recibido a la fecha ningún informe oficial desde la Seprelad o de cualquier otra institución financiera, hasta hoy. Tampoco se ha recepcionado denuncia formal de alguna persona física o jurídica, ni de víctimas de dicha publicación referida”, reza el mensaje de la Fiscalía.

En contrapartida y de acuerdo a la 730 AM, Arregui confirmó que ya remitieron un informe a la Fiscalía con relación a la posible estafa millonaria. “Estamos trabajando con un agente fiscal. Estamos compartiendo los datos y estamos recibiendo todas las informaciones, ampliando con los datos que recibimos de los sujetos obligados”, indicó.

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Arregui mencionó también que durante este miércoles se designará a un fiscal que investigará el perjuicio que ronda los 70 millones de dólares. “Esa es la suma estimada, pero podría ser mayor cuando prosiga la investigación”, precisó.

Para el Ministerio Público, independiente de las publicaciones de carácter mediático o de redes sociales u de otra índole, en caso de existir un informe financiero oficial o una denuncia, deben ser presentadas formalmente ante las Oficinas de Denuncias de la Fiscalía. Esto, de manera que estén acordes al debido proceso, a fin de pasar por el análisis técnico requerido y posterior asignación de agente fiscal, a fin de otorgar carácter legal a las actuaciones de los agentes fiscales.

La Seprelad detectó un nuevo esquema de estafas Ponzi que funcionaba en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, y que tendría innumerables y reconocidas víctimas, entre ellos, empresarios.

Hace días comenzó a circular una extensa lista de potentados y reconocidos empresarios que habrían sido afectados por el mencionado esquema, que tenía como promesa una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado. Al caer la pirámide, algunas víctimas activaron los mecanismos legales para que unos cheques emitidos en diferido no puedan ser cobrados.

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