Tania Wilson, hija de Olga Feliciangeli, quien fue brutalmente asesinada en febrero pasado mientras descansaba en su habitación en su residencia ubicada en la ciudad de Asunción, exige que se haga justicia por el crimen de su madre y que el autor sea condenado a 30 años de cárcel como propone la querella.
“Vamos a pasar la primera Navidad sin mi mamá, es un dolor inmenso”, expresó Wilson y recordó que el asesino cometió el crimen mientras la víctima dormía en su cama. “Fue desgarrador verle a mi mamá en su lecho de muerte”, narró la mujer.
Las declaraciones de Wilson se dieron en el marco de la audiencia preliminar de Matías Raúl Bilbao Fassardi, sindicado como autor del homicidio, quien deberá someterse a un juicio oral en la causa que investiga el crimen de Feliciangeli.
Para la hija de la víctima fatal, Bilbao Fassardi debe ser condenado a la pena máxima como responsable del asesinato de su madre, quien, según describió a ABC Cardinal, “tenía la alegría de vivir y el encanto de un ser humano”.
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Antecedentes
Matías Raúl Bilbao Fassardi está imputado por los hechos de homicidio doloso y robo agravado y guarda reclusión por la causa en la que está sindicado como el principal sospechoso. Durante su detención, se encontraron pertenencias de la víctima, identificadas por la familia; además, se obtuvieron imágenes de circuito cerrado que lo ubican en la zona del crimen, el 18 de febrero pasado.
Tras la identificación de Bilbao, el mismo relató que es adicto a la cocaína desde los 11 años, e incluso, solicitó ser devuelto a la cárcel de Tacumbú, en donde hasta abril del 2020 se encontraba preso. Asimismo, trascendió que tiene varios antecedentes penales y que al momento del hecho se encontraba en estado de rebeldía.
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Detienen a una mujer acusada de matar a su tía a machetazos
Una mujer identificada como Karina Vanesa Cañete (25) habría asesinado a machetazos a su tía de 77 años en la ciudad de Paraguarí. Tras el crimen la joven intentó huir recluyéndose en la zona rocosa, pero posteriormente por indicación de sus defensores se entregó a la Policía.
El homicidio de la señora María Esther Correa ocurrió ayer miércoles alrededor de las 22:00 y la presunta autora sería pareja de su sobrino, según informó el comisario Elvio Benítez a C9N. La presunta homicida se presentó hoy a las 05:50 a la Comisaría de Paraguarí para darse como detenida.
“Una vez que cometió el hecho se dio a la fuga hacia la zona rocosa. Estuvimos haciendo un rastrillaje casi toda la noche y madrugada con alrededor de 50 efectivos policiales aproximadamente”, relató el policía. Según versiones recogidas por los investigadores habría existido una discusión entre ambas mujeres en la que la joven terminó propinando un letal corte en la cabeza a su familiar política.
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“Aparentemente tiene hijos menores que estaban jugando ya a alta hora de la noche. Y eso le molestó a la que resultó víctima y a consecuencia de eso empezó una discusión que llevó a este trágico final”, expresó.
La víctima recibió una sola herida profunda en la cabeza y varias estocadas en varias partes del cuerpo, según informó el investigador. Se habría ensañado contra la señora porque “aparentemente le aplicó también varias heridas en varias partes del cuerpo”.
El médico forense afirmó que la herida en la cabeza fue la que le causó la muerte casi de manera instantánea. La sospechosa fue localizada en la vía pública, en compañía de su madre y al ser detenida declaró que precisamente se estaba dirigiendo a la comisaría para ponerse a disposición del Ministerio Público.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Imputan a presunto autor del crimen de agente de la Caminera
La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.
Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).
Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.
Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.
Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.
El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.
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Comisión Antilavado recurrirá a la Justicia para que ONGs informen sobre uso de fondos
Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.
“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.
Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.
Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).
“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.
El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.
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