El fiscal de la Unidad Especializada del Medio Ambiente, Jalil Rachid, señaló que el juicio oral contra las cuatro mujeres imputadas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno con relación a la estancia Pindó se está desarrollando con normalidad. En la fecha se llevó a cabo la declaración testifical de dos de los testigos del Ministerio Público, que identificaron y confirmaron que las acusadas serían las que dirigían al grupo que invadió la propiedad de la Agroganadera Pindó SA.
En comunicación con La Nación, Rachid señaló que en este momento se lleva a cabo la declaración testifical de las partes. Mencionó que este viernes declararon dos testigos y la próxima semana continuará. Asimismo, dijo que lo contundente de ambas declaraciones es que al ser consultados tanto por la Fiscalía como por la defensa sobre las personas acusadas, dijeron reconocerlas de vista, no de nombre, pero sí de vista porque siempre las veían por la zona.
“Ambos testigos reconocieron a las acusadas, como personas que siempre estuvieron dentro del inmueble. No solamente las reconocieron, por haberlas visto dentro del inmueble, sino que también fuera cuando hacían sus manifestaciones o cierre de rutas”, explicó Rachid, agregando que de esta forma se va confirmando el hecho de invasión y más aún contra las acusadas.
Tras serie de chicanas se inició el juicio
Esta causa penal de invasión de inmueble ajeno de la estancia Pindó es un proceso de larga data, atendiendo a que esta propiedad inicialmente fue invadida en el 2012. En ese momento, Rachid, que era el encargado de la unidad penal en Canindeyú, logró la expulsión de los invasores. Pero luego, en el 2014, volvieron a ingresar y desde entonces permanecen en el lugar, prohibiendo a los auténticos dueños el ingreso a sus propias tierras.
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El Ministerio Público logró identificar a los principales líderes del grupo de supuestos campesinos, entre los que fueron imputadas Angélica Silva, Ana María Santander de Jara, Rosana Mabel Bareiro Dávalos y Jorgelina Coronel Zala en la causa caratulada “Arsenio Garay y otros, sobre el supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, en el 2014. Desde entonces, sus abogados, que forman parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), impusieron una serie de chicanas buscando dilatar la causa a fin de que llegue a su extinción.
En tanto, el Tribunal de Sentencia N° 2 de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, resolvió dar inicio al juicio oral esta semana; la defensa buscó la forma de anular la diligencia judicial a través de varios planteamientos, los cuales fueron rechazados por el tribunal que está integrado por los jueces Sofía Jiménez, Hugo Medina y Bonifacio Rojas. Este juicio proseguirá la próxima semana con las testificales, luego pasarán a las pruebas documentales y posteriormente ya iría finalizando a la espera de la resolución y sentencia del Tribunal.
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