La directora del diario Abc Color fue querellada luego de que el resultado de una investigación haya comprobado que no existieron irregularidades en la administración de la extitular de la SET, Marta González Ayala. Foto: Archivo.
Con chicanas, Natalia Zuccolillo volvió a suspender su juicio oral
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El juicio oral y público por la querella presentada por la exviceministra de Tributación Marta González contra la directora del diario Abc Color Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano se suspendió porque el expediente está en la Cámara de Apelación por la chicana presentada por la defensa de la querellada, que apeló el acto de apertura a juicio cuando que se sabe que dicha determinación es irrecurrible. Ahora el Tribunal de Apelación deberá destrabar el presente caso para que se pueda realizar la audiencia oral.
Por su parte el abogado querellante Jacinto Santa María manifestó que “una vez más los querellados se burlaron de la justicia, violando la ley porque apelaron una resolución irrecurrible, reconociendo descaradamente que lo era; con la evidente intención de conseguir lo que hoy nuevamente lograron, suspender el juicio oral en ésta nueva causa, tal y como lo vienen haciendo recurrentemente desde hace más de dos años en el expediente de nuestra primera querella, hoy varado en la Sala Penal de la Corte Suprema”.
Agregó “lo más llamativo fue que hoy los acusados ni siquiera se tomaron la molestia de concurrir al Palacio de Justicia, estando obligados a hacerlo; ya que la citación judicial no había sido impugnada; y tampoco fue revocada por el Juzgado; persistiendo en consecuencia el deber de concurrir a dar la cara, como nosotros sí lo hicimos”, señaló el profesional.
Santa María indicó que “alguna vez tiene que terminar esta especie de frenesí chicanero al que nos tienen acostumbrados los acusados y sus abogados Yódice y Coll”. Así también, sostuvo que no se cansarán de de enfrentarlos y de dejarlos en evidencia “hasta que dejen de huir y se sometan a la justicia como corresponde”.
Dos querellas más
A esta acción judicial se sumaron posteriormente otras dos querellas por calumnia y difamación promovidas por la exviceministra y su abogado, contra los mismos acusados; al comprobarse la falsedad de otras acusaciones sobre cuestiones de orden privado que nada tienen que ver con la función pública, ni con el interés público, publicadas reiteradamente por los querellados en el diario Abc Color.
Primera querella
La exviceministra de Tributación Marta González Ayala querelló a la directora de Abc Color y al periodista Juan Carlos Lezcano en setiembre de 2019 luego de que el resultado de una investigación de 5 meses de duración haya comprobado que no existieron las irregularidades administrativas que el diario adjudicó falsamente a la extitular de la SET.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez, y José Agustín Fernández deben estudiar la apelación sobre la condena contra la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa. Foto: Gentileza
Muerte de Sol Chávez: se integró el tribunal de apelación que estudiará si se anula exigua condena
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández deben analizar la apelación que se presentó contra la exigua condena de 2 años y 6 meses de cárcel de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió a causa de la ingesta de una dosis letal de flúor.
Los referidos camaristas deberán resolver si corresponde anular la mínima sentencia por tan grave hecho que acabó con la vida de una joven con futuro enorme. En caso de que se anule la leve condena, se deberá llevar a cabo un tercer juicio oral contra las dos acusadas.
La leve condena llamó la atención de todos, atendiendo la gravedad del hecho debido a que a raíz de la negligencia de las hoy condenadas falleció la joven Sol Chávez. Los jueces que votaron por la exigua condena son Laura Ocampos y Fabián Weinsensee, mientras que la jueza Cándida Fleitas votó por la pena de 3 años de cárcel para las acusadas.
En los alegatos finales, la Fiscalía pidió la pena de 5 años de cárcel al igual que la querella adhesiva luego de comprobarse la gravedad del hecho. En un primer juicio oral, Espinoza fue condenada a 4 años de cárcel y Hermosa a 3 años de pena privativa de libertad.
La asesoría jurídica del IPS, por mandato de su presidente Luis Brítez, presentó otra denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, para que se abra una auditoría sobre el caso de préstamo hipotecario. Foto: CMG/NM
IPS pide a la Corte apertura de auditoría por retraso en ejecución hipotecaria
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El presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, mediante la dirección de asesoría jurídica presentó otra denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se abra una auditoría sobre el caso de préstamo hipotecario que lleva varios años sin llegar a su ejecución. Además solicitan que el caso sea resuelto, teniendo en cuenta que la demanda ya data del 2002.
El 3 de octubre pasado, el ente previsional había pedido también a la CSJ que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002.
El director de la asesoría jurídica del IPS, Dr. José González, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que la denuncia presentada ahora tiene que ver con la demanda de una ejecución hipotecaria por valor G. 6.657.504.067 iniciada en el año 2002 contra OMSA S.A (Administración e Inversiones S.A) sobre ejecución hipotecaria y prendaria expediente N° 689 AÑO 2002, que obra en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Secretaria N° 23.
“Esta deuda es originada de una cesión de créditos hipotecarios de varias empresas, realizada por el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) a favor del IPS, según escritura pública nº 98 de fecha 11 de Agosto de 1997, pasada ante la escribana Gladis Esquivel de Cocco, cesión que fue debidamente notificada a los deudores cedidos en cumplimiento a lo establecido por la ley. Asimismo, los deudores por nota dirigida al IPS en fecha 21 de febrero de 2000 reconocen la suma reclamada en el presente juicio”, explicó.
Mencionó que durante el juicio se presentaron una serie de excepciones, así como también incidentes de caducidad, y desde el año 2014 se encuentra firme la providencia de “autos para resolver”, pendiente de resolución de las excepciones presentadas que fueron debidamente contestadas.
Indicó que el objeto de la demanda es cobrar la suma superior a G. 6.657 millones, caso contrario ejecutar la hipoteca, que está garantizada con varios inmuebles que se encuentran en la zona del Chaco y en zona de Ypané. Aún no tiene sentencia de remate, por lo que todavía no se procedió al remate de los bienes hipotecados y embargados en juicio, ante la desidia y mora judicial.
Pedido de Auditoría
El asesor jurídico, explicó que este retraso en la ejecución hipotecaria motivó a solicitar la auditoría a la Superintendencia de la CSJ, a fin de deslindar responsabilidades, ante la eventual desidia de las anteriores autoridades del IPS, y que el resultado de esta auditoría se remita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“El expediente se encuentra pendiente de resolución de las excepciones de nulidad, inhabilidad de título y prescripción, planteadas por la firma OMSA S.A. desde el 22 de setiembre 2004, quedando pendiente de resolución desde el 9 de marzo de 2007, con la providencia de autos para resolver”, explicó.
Mencionó que desde entonces no se ha dictado sentencia. Sin embargo, señaló que en una verificación puntual realizada por el Departamento Judicial, notaron dos hechos relevantes que ameritan una investigación a los efectos de analizar la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e inclusive de los abogados de la Dirección Jurídica”, explicó.
Agregó que de acuerdo con la Nota N° 3004/19 de fecha 3 de junio de 2019, el director del Archivo General de los Tribunales remitió el expediente de vuelta al Juzgado, sin existir ninguna constancia o razón por la cual el expediente se remitió a archivo, y cuándo se remitió.
“Esto causó un gravamen en vista a que el expediente se encontraba en estado procesal: pendiente de resolución - de las excepciones presentadas desde el 2007, pero el expediente fue archivado por el Juzgado. No existen explicaciones legales, procesales ni administrativas para este acto de irresponsabilidad, que mantuvo en estado de suspenso los derechos de la institución. El notable retraso para la resolución del expediente es un tema, además, gravísimo y pasible de investigación, pretendiendo dilucidar quiénes son los responsables de este retraso que causa un importante perjuicio al IPS”, comentó.
El drástico cambio de posturas del diario Abc Color con respecto a las comisiones bicamerales se ve reflejado en los enfoques de sus propios materiales. Antes eran herramientas constitucionales vitales, ahora son “garrote”
Abc antes alababa a la CBI, ahora la trata de “garrote”
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El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contra el periodismo. Sin embargo, el mismo multimedio alababa a las comisiones de esta índole hasta hace no mucho tiempo. Casualmente, los organismos parlamentarios anteriores “olvidaron” los casos que duermen en Fiscalía y que afectan a empresas del grupo Zuccolillo, propietario de Abc.
Unidad de Investigación Nación Media
“Cambia, todo cambia”. Ese podría ser el resumen ideal para el cambio de posturas con los que habitualmente se maneja el multimedio Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, grupo empresarial que es dueño también de varias otras firmas como banco Atlas, salpicado por casos de lavado de dinero en reiteradas oportunidades.
Abc Color defendió a capa y espada entre 2022 y 2023 los trabajos realizados por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el entonces senador y excandidato opositor a la Vicepresidencia de la República, el luguista Jorge Querey.
No hace falta más que una revisión rápida de la web del multimedio para toparse con numerosos artículos, videos y entrevistas de audios en los que resaltaban las “revelaciones” de la CBI y los constantes pedidos de que la Fiscalía actúe en base a esos informes. Claramente, los documentos apuntaban a varios de los enemigos políticos del grupo Zuccolillo, entre ellos el expresidente Horacio Cartes.
Sin embargo, desde que el actual Congreso instaló una nueva CBI para volver a investigar los casos de lavado de dinero, un flagelo que afecta directamente a la calidad de vida de los paraguayos, el grupo Zuccolillo decidió que la otrora herramienta constitucional ahora era una “comisión garrote”.
Este cambio se evidenció en los materiales publicados en las últimas semanas y en las extensas notas atacando no solo a la CBI de lavado de dinero, sino a sus componentes y armando el discurso de la supuesta “persecución” a la “prensa libre” que dice representar de forma casi exclusiva el diario de la calle Yegros.
¿A QUÉ LE TIENE MIEDO ABC?
La realidad es que el temor de Abc no se basa en la persecución al periodismo o las voces disidentes, sino en los negocios de los propietarios de su grupo empresarial. En particular, del banco del grupo, Atlas, que tiene varios casos que duermen en la Fiscalía.
Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones, aparece un millonario préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.
El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
CASI CONSIGUIERON REMATE
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro, procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
EL MAYOR LAVADOR
En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas, había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.
CONVOCAN A PERIODISTA DE NM QUE INVESTIGÓ SOBRE ONG
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para este lunes 23 de setiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores. De acuerdo a la nota firmada por el titular de esta mesa de trabajo, el senador Dionisio Amarilla, señala que el motivo es compartir sus experiencias, opiniones y datos que guarden relación con la administración de los fondos por parte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que pudieran incidir en la gobernanza del Paraguay.
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. La Unidad de Investigación a cargo de Rossana Escobar destapó varios casos que involucran a organizaciones no gubernamentales (ONG) y su manejo discrecional en cuanto al dinero administrado, el origen y el detalle de los destinos de recursos que provinieron tanto del Estado como de organismos internacionales. También fueron convocados a esta reunión el periodista Enrique Vargas Peña, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos.
El tribunal de apelación integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández ratificó que el agente policial Oliver Lezcano enfrentará un juicio oral y público por homicidio doloso. Foto: Archivo
Ratifican juicio oral para el policía Oliver Lezcano por crimen de militar Líder Ríos
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El agente policial Oliver Lezcano, acusado por el homicidio del militar Líder Javier Ríos, quien en sus días libres se dedicaba a conductor de plataforma, enfrentará un juicio oral público por el delito de homicidio doloso. Así resolvió el tribunal de alzada integrado por los magistrados Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández.
Ahora el expediente deberá bajar nuevamente al juzgado penal de Garantía para que se pueda realizar el sorteo correspondiente donde se conocerá quiénes serán los jueces de sentencia que deberán juzgar al acusado Lezcano por el grave suceso registrado.
Lezcano fue acusado por la muerte del militar Líder Javier Ríos Cañete, quien además trabajaba como chofer de plataforma. El caso se publicó y luego de una investigación policial - fiscal se pudo llegar hasta el presunto responsable del suceso que enlutó a una familia.
Hasta la fecha los familiares del agente militar exigen justicia por el terrible hecho registrado y a su vez acompañarán el trabajo del Ministerio Público y esperan que el juicio oral e realice lo más pronto posible.
Se fugó de Tacumbú
El agente policial se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video de parte del procesado agente policial.